El Pleno de la Corporación dio luz verde el miércoles a la adhesión del Ayuntamiento de Irun al convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la creación de un fondo social de viviendas para familias en situaciones de desahucio.
De esta manera, la administración local ya es una entidad colaboradora y podrá tener acceso directo a la información sobre las viviendas que las entidades financieras de la ciudad pondrán a disposición de esa bolsa de vivienda el próximo mes de febrero. Hasta ahora 35 entidades bancarias de todo el territorio se han incorporado al convenio para la constitución del fondo social. Los bancos deben aportar las viviendas que tengan en su propiedad y ofrecerlas en alquiler durante dos años por unos precios que oscilarán entre los 150 y los 400 euros, como especifica el texto del acuerdo.

La adhesión salió adelante con los votos a favor de PSE-EE, PNV y PP. El concejal de Bildu, Juan Maria Unanue denunció que en este convenio “se refleja claramente la debilidad del Gobierno y además no obliga en nada al los bancos ya que se adhieren a él, los que quieren y cuando les conviene”. “Ponen a disposición los pisos que les sobran, los que provienen de otros embargos y cobrando un alquiler que no servirá para rebajar la deuda de los desahuciados”. “No nos pareces serio”-apuntaba Unanue. Por su parte, el portavoz de EB-B, Manuel Millán afirmaba que “si no fuera por la tragedia que hay detrás de todos los desahucios podríamos pensar que este convenio es una broma de muy mal gusto”. “Es un sucedáneo absolutamente insuficiente, ya que se trata de ofrecer 3.000 viviendas a todas las familias desahuciadas desde el 1 de enero de 2008 y desde esa fecha han sido 400.000 los desahuciados, por lo que no se solucionarían ni el 1% de los casos”. “Esta medida es ridícula e insuficiente, pero no vamos a votar en contra porque si tocan dos viviendas en Irun tampoco nos vamos a oponer a solucionar al menos esos dos casos”.

Según el convenio los técnicos municipales se encargarán de tareas como el asesoramiento a quienes soliciten información sobre el procedimiento para pedir una vivienda del fondo social. También tendrán que emitir el informe de valoración para determinar que los solicitantes entran dentro de los posibles beneficiarios, así como colaborar con las entidades de crédito en la evaluación de las solicitudes. La portavoz popular, Juana Bengoechea anunciaba el voto a favor de su grupo pero solicitaba que “se vigile que esto no supongo una sobrecarga de trabajo para los trabajadores municipales ya que esta competencia no es de los ayuntamientos sino del Gobierno Vasco”. Por su parte, el portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy,  aseguraba que este convenio “paliará en un porcentaje mínimo la grave situación, pero no podemos hacer más que adherirnos y seguir trabajando en esta dirección”.

La delegada de Bienestar Social, Maite Cruzado aseguraba que “el equipo de gobierno es consciente de que este convenio no trae la solución al grave problema que están padeciendo muchas familias y también somos conscientes de que el fondo de viviendas parte muy limitado, ojala todos los bancos pusieran a disposición del fondo social todas la viviendas de las que disponen”. ” En todo caso es un convenio que suma, siempre será mejor que esta ciudad disponga de alguna vivienda que no de ninguna”. El alcalde, José Antonio Santano manifestaba ayer en rueda de prensa que “todavía no sabemos cuantas viviendas van a ponerse a disposición de nuestra ciudad, serán insuficientes pero serán bienvenidas”. “De todas formas este convenio no lava ni la responsabilidad ni la imagen de las entidades financieras y creo que también el Gobierno central y el Gobierno Vasco tienen que implicarse más para evitar nuevos dramas sociales”.