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El Tribunal de Cuentas censura el sobrecoste de obras de la AP-1 y la Autovía del Urumea PDF Imprimir E-mail
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Sábado, 18 de Febrero de 2012 16:23
Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa sección Sociedad ,el sábado día 18 de Febrero de 2012.

El Tribunal de Cuentas censura el sobrecoste de obras de la AP-1 y la Autovía del Urumea

EL INFORME SOBRE LAS PARTIDAS DE LA DIPUTACIÓN EN 2009 OBSERVA INCREMENTOS DE HASTA EL 53%

El Gobierno foral afirma que el TVCP ratifica la denuncia pública de Larraitz Ugarte y que "actuará en consecuencia"

JOSEBA IMAZ - Sábado, 18 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:26h

Uno de los viaductos de la autopista AP-1, a cuya construcción se hace referencia en el informe del Tribunal de Cuentas

(Javi Comenero)

 

 

DONOSTIA. Cuando parecía calmarse la polémica existente entre los responsables de la Diputación (Bildu) y el PNV sobre el "desfase" de 247 millones que, según denuncia el actual Gobierno foral, ha heredado en materia de carreteras, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha vuelto a alimentar el debate. Un informe publicado ayer por este órgano sobre las cuentas de la Diputación en 2009 reprueba el incremento presupuestario registrado en varias obras de la red viaria guipuzcoana.

El TVCP parte de la idea de que la institución foral, dirigida por aquel entonces por el PNV y H1!, cumplió "razonablemente con la normativa vigente" en el ejercicio referido. Sin embargo, su informe -una especie de auditoría sobre las cuentas públicas- identifica algunas "salvedades" dentro de ese balance general positivo. Entre ellas, incluye las "modificaciones" realizadas en algunos contratos de obras, que supusieron un aumento de "entre el 32% y el 53%" de los costes previstos inicialmente en dichas intervenciones.

Estas "significativas" variaciones "transgreden" las normas de contratación administrativa, según saca a relucir el documento, porque "la cuantía de los incrementos desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico" del contrato. Los cambios han sido detectados por el Tribunal, entre otros, en trabajos de construcción de la Autovía del Urumea y de la AP-1 (Eibar-Vitoria), adjudicados, bien directamente por la Diputación, bien por la sociedad pública Bidegi, entidad que gestiona las autopistas del territorio.

AGRIA DISCUSIÓN El encarecimiento de las grandes obras realizadas en los últimos años en las carreteras guipuzcoanas ha generado recientemente una agria polémica entre los actuales gestores de la Diputación y el anterior Ejecutivo. La portavoz foral y diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, criticó recientemente en las Juntas Generales la "mala gestión" de sus predecesores en Bidegi por haber permitido "desfases presupuestarios" de "hasta el 65%" (en las obras gestionadas directamente por este organismo).

El PNV, titular del departamento hasta hace un año, había llegado a pedir el "cese inmediato" de Ugarte por unas "impresentables" declaraciones relacionadas con esta cuestión y que podían dar a entender la existencia de "malversación de fondos" por parte de los responsables forales de la anterior legislatura. Aunque Ugarte negó esta última posibilidad, el portavoz jeltzale Markel Olano se defendió de las críticas de Bildu, que, en su opinión, se basan "en la mentira y en la manipulación".

El PNV ha venido recordando que el encarecimiento de grandes infraestructuras como el Segundo Cinturón y la AP-1 obedece a "modificaciones presupuestarias motivadas por imprevistos y cambios" -como la aparición de rocas de mayor intensidad en el túnel de Arlaban de la AP-1-, todas ellas aprobadas "por los partidos en el Consejo de Administración" de Bidegi.

"IRREGULARIDADES" La Diputación celebró ayer el informe del TVCP porque, según manifestó, viene a ratificar "lo denunciado públicamente" por Ugarte. En un comunicado, el Ejecutivo presidido por Martín Garitano adelantó que "analizará al detalle dicho documento y actuará en consecuencia, ya que el Tribunal ha observado que se transgredieron algunos principios".

Según recordaron desde la máxima institución guipuzcoana, el informe refleja "diversas irregularidades" en la contratación de obras, tanto por la Diputación como por Bidegi. Entre ellas, destacaron la referida al tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte de la AP-1, que sufrió "un aumento adicional del 22% en la liquidación final, no amparado en modificación contractual alguna". "El incremento lo aprobaron en junio de 2011 los gestores de la sociedad pública, quienes sabían que iban a abandonar sus puestos", comentaron.

La Diputación añadió, además, que "por dar a conocer esos datos", los gestores actuales han recibido "graves acusaciones e insultos" por parte del PNV. "Ahora, el TVCP ha ratificado lo dicho por este Gobierno foral, y por lo tanto serán ellos los que tengan que responder de esta cuestión", resumió.

CINCO APUNTES Aparte del encarecimiento del tramo de la AP-1 destacado ayer por el ente foral, el informe del TVCP afirma que los trabajos del ramal Eskoriatza Norte-Arrasate Norte, que fueron adjudicados por 106,6 millones de euros, sufrieron incrementos "por aprobación de modificados y adjudicación de obras complementarias" del 52% respecto al importe original.

Además, esta especie de auditoría critica tres contratos adjudicados directamente por la Diputación por un importe total de 58,1 millones de euros. En estos casos, se registró un encarecimiento del 32% (variante de la Autovía del Urumea entre Donostia y Hernani), del 46% (variante de Urnieta en la misma carretera), y del 53% (mejora de la GI-2637 entre Segura y Zegama).

Las obras de la Autovía del Urumea (GI-131) también reciben otro toque de atención en un comentario referido a la variante de Andoain. Adjudicado por 31,3 millones de euros, el Tribunal destaca que se aprobó una variación que traía un incremento presupuestario del 44% y un aumento del plazo del 49%.

En sus alegaciones al informe, el Gobierno foral del PNV sostuvo en su día que las modificaciones y obras complementarias cumplieron la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, ya que respondían a "necesidades de interés público", se justificaron "debidamente" en el expediente y no afectaron a las "condiciones esenciales del contrato". Los responsables de la Diputación entendieron que no se "desnaturalizaba el objeto contractual", ya que finalmente se ejecutaron, aunque con cambios, las carreteras previstas.

 

 
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