DONOSTIA. A Soraya Miguel se le ha desmoronado la vida en pocos años. Vive junto a sus hijos de 10 y 8 años en un piso de Zumarraga, que compró junto a su exmarido hace 14 años. Dentro de diez días puede perder su hogar si la entidad financiera ejecuta el desalojo que pesa sobre ella por no haber podido hacer frente en los últimos meses a la hipoteca. "Me veo en la calle. Estoy más fuera que dentro, aunque la esperanza nunca se pierde. Veo el panorama muy negativo", afirma Soraya en conversación con este diario.

La espada de Damocles puede caer sobre ella y sus dos retoños si en las jornadas que restan para el día 12 de este mes, cuando la entidad financiera procederá a desalojarla, nadie es capaz de ofrecer una vía de solución a su pesadilla.

Mensualmente debía abonar una hipoteca de 800 euros, a medias con su exmarido, del que se separó en 2008. Tras mucho pelear judicialmente consiguió que él pasase una pensión de 600 euros por los hijos, si bien él nunca ha pagado el crédito de la vivienda.

Así que durante los primeros meses de 2008 hizo frente en solitario a la deuda con la caja hasta que le resultó imposible abarcar todo. Desempeñó trabajos como limpiadora y durante unos meses estuvo empleada por el Ayuntamiento de Zumarraga. Además, cobraba una pequeña cantidad como víctima de malos tratos por parte de su exmarido, pero ya no percibe esa cuantía económica. Y ahora tampoco tiene trabajo ni recibe dinero alguno por encontrarse en el desempleo.

NEGOCIACIÓN Por tanto, la carga hipotecaria era superior a sus posibilidades y, finalmente, solo pudo afrontar su parte: 400 euros. "Únicamente podía pagar lo mío y el banco quería la hipoteca completa. Me veo mal, la verdad", manifiesta Soraya, que tiene 36 años.

Sus intentos por negociar con la caja de ahorros para rebajar la cuota mensual o para poder seguir en su casa junto a sus hijos pagando un alquiler social no fueron atendidos. Hace un año, el piso salió a subasta y el propio banco se lo adjudicó por 90.000 euros, la mitad del precio pagado cuando lo compró junto a su pareja en 1998, es decir, 180.000 euros.

Ahora, no solo se queda sin piso sino que, además, la entidad le reclama 90.000 euros, puesto que lo que hasta ahora ha pagado se consideran intereses. "Esta entidad financiera ha sido insensible a su situación de emergencia social", señalaron ayer desde la plataforma Stop Desahucios en relación al caso de esta zumarragarra.

En este contexto, Soraya se encuentra en un cenagal administrativo. "He ido a hablar en dos ocasiones con los servicios sociales y todavía no me han llamado. Solicité una vivienda social y todavía no me la han concedido", se lamenta esta mujer, que se encuentra en trámites para cobrar la Renta de Garantía Salarial.

Debido a su angustiosa coyuntura económica y familiar recibía ayudas municipales para pagar el agua y la luz, pero ante la perspectiva de que pierda la casa, no ha podido renovar el cobro de esas subvenciones. "No sé qué va a pasar", señala Soraya.

COMPRA SEMANAL La comida para sus hijos y ella se convierte también en un caballo de batalla diario. En este ámbito hogareño, la solidaridad entremezclada con el trueque le permiten tomar una bocanada de oxígeno. "Podemos comer gracias a un amigo que me hace la compra toda la semana. Cuando necesito algo, él me hace ese favor. Entonces, yo a cambio le cuido su perra", describe Soraya.

Su tambaleante futuro provoca que parte de sus enseres ya estén fuera de la vivienda. En este caso, su amigo también le ha echado una mano, mediante la cesión de una parte de su garaje.

La posibilidad de que la echen de su propia vivienda comienza a tomar cuerpo por completo. Y ya piensa en el día siguiente a perder su piso. Si llega ese momento, esta mujer se plantea trasladar a sus hijos a vivir con su madre, mientras que ella podría alojarse en casa de amigos, si bien no ha concretado nada.

En cualquier caso, Soraya clama por que su exmarido se haga cargo de la hipoteca compartida y de la que se desentendió tras divorciarse. "La casa va a ser para sus propios hijos. Pagarla es por el bien de ellos. Espero que algún día se apruebe una ley que obligue a los divorciados a pagar la parte que les corresponde de sus créditos hipotecarios", reclama esta zumarragarra.

La alarma roja ya ha saltado en la vida de Soraya, pese a lo que ella, junto a Stop Desahucios, no va a arrojar la toalla. Por tanto, según explicaron ayer desde ese colectivo, trasladarán una propuesta a la entidad financiera para impedir este desalojo y se reunirán con el alcalde de Zumarraga, así como con diversos colectivos de la localidad para pedir el apoyo a esta familia.