Hubo una época en la que los bancos concedían créditos sin mayores problemas ni distinciones sociales. Ahora también los conceden, pero en ocasiones no es dinero lo que ofrecen, sino tiempo, aunque para ello sea necesaria la intervención de un alcalde.
Soraya Miguel respira aliviada porque no tendrá que abandonar su casa de Zumarraga el próximo lunes. Su banco le ha otorgado una prórroga de tres meses antes de desahuciarla. El plazo se cumplirá el 15 de junio, tiempo más que suficiente para terminar de recoger sus pertenencias y acabar en la calle con sus dos hijos si hasta entonces nada lo impide.
Según la plataforma Stop Desahucios, la prórroga ha sido posible gracias a la intervención del Ayuntamiento de Zumarraga. «Pedimos al alcalde que se pusiera en contacto con el banco para interesarse por el caso», explica Mikel Sánchez, portavoz del colectivo. Los resultados de esta solicitud los conoció Soraya el pasado día 2, cuando se reunió con el primer edil, Mikel Serrano. «Me dijo que había hablado con el banco y que me concedían tres meses más de plazo», recuerda.
«El Ayuntamiento se ha portado, no tengo ninguna queja de ellos», afirma Soraya, que confirma de esta manera que a veces las instituciones sí se ocupan de personas concretas y no solo de grandes planes y proyectos. Con su crédito de tiempo bajo el brazo, la vecina de Zumarraga ha podido al menos borrar una fecha del calendario y marcar otra más lejana. «Ya les he dicho a los niños que no nos iremos el lunes y que podemos estar más tiempo en casa. Se han quedado más tranquilos», dice.
Sin embargo, no se hace demasiadas esperanzas. «Me he hecho a la idea de que tengo que dejar el piso», asegura. Para ella, el tiempo extra del que dispone le va a permitir hacer las maletas con más calma y, sobre todo, buscar algún lugar donde deshacerlas.
No hay muchas alternativas. Stop Desahucios aprovechará el plazo para negociar con el banco la posibilidad de que Soraya pueda seguir viviendo en el piso pagando una renta a la que pueda hacer frente con los ingresos que recibe de su exmarido y de las casas que limpia. Si no es posible este acuerdo, el colectivo tiene preparado un segundo plan para que la mujer sea realojada en otra vivienda.
«Los servicios sociales del Ayuntamiento de Zumarraga dicen que sus recursos están completos, pero que es posible que pronto quede una vivienda vacía», afirma Mikel Sánchez. Mientras tanto, Soraya ha rellenado todos los impresos necesarios para solicitar un piso social a Etxebide y aguarda una respuesta. No se hace demasiadas ilusiones, pero poco más puede hacer. «Quieta no estoy», asegura.
El caso de Soraya es un ejemplo de cómo se pueden torcer las cosas en la vida. Hacía frente a una hipoteca de 800 euros mensuales pero dejó de pagar tras la ruptura de su matrimonio cuando sus escasos ingresos no dieron para más. En la sala de su casa, la gran pantalla de una televisión puede ser objeto de interpretaciones. Habrá quien diga que un artilugio semejante demuestra que la mujer ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero quizá haya quien piense que tener una gran pantalla no sirve de antídoto contra el desahucio porque la crisis económica cada vez está más cerca de todos.
Soraya es consciente de que hay gente que «está mucho peor», por eso insiste en que no pide «un piso gratis». «No me niego a pagar lo que pueda. Lo que hago es luchar por mis hijos», repite. Se trata de una batalla en la que a medida que avanzan los plazos de las hipotecas se implican más personas. Es algo que en los últimos meses ha comprobado Stop Desahucios, que ha visto cómo aumenta el número de casos que atiende. En la actualidad son catorce y todo apunta a que el número irá a más.
El tiempo conseguido por Soraya también lo ha obtenido un matrimonio con dos hijos de la localidad valenciana de Torrent que ha recibido de su banco la noticia de que su desahucio inmediato ha quedado paralizado hasta el 30 de junio para no interrumpir los estudios de los niños y dar tiempo a sus padres a buscar un trabajo.
En este caso la familia ha sido ayudada por la Plataforma de afectados por las hipotecas de Valencia, que ayer explicó que la pareja, originaria de Siria, vive en España desde hacer 30 años y tiene nacionalidad española desde hace 13. «El padre se ha quedado en el paro después de trabajar quince años en la misma empresa y no ha podido hacer frente a la hipoteca que han pagado religiosamente desde hace 13 años», señaló una portavoz de la plataforma. «La vivienda costaba cerca de 57.000 euros y ahora tienen una deuda de 170.000», afirmó.
