El Ayuntamiento de Irun está desarrollando una investigación sobre memoria histórica. Es «un trabajo pionero, ambicioso y muy interesante», destacó la delegada de Derechos Humanos, Mónica Martínez. La iniciativa se puso en marcha a finales del año pasado y el encargado de desarrollarla es el historiador Aitzol Arroyo, contratado a través de un programa de fomento del empleo.
«Hemos querido centrar el trabajo en la represión militar en la ciudad de Irun durante la Guerra Civil y los años de la postguerra», concretó la delegada. Aitzol Arroyo explicó que cuando comenzó su trabajo «veíamos que la ciudad de Irun carecía de un relato consistente o al menos de una investigación sólida» en el ámbito de la postguerra. Tomando como base «la importancia que tuvo la Batalla de Irun dentro de la Guerra Civil», la investigación se ha centrado en «la represión militar que se aplicó en la ciudad», tanto en cuanto a «los hechos acaecidos aquí» como respecto a las personas naturales del municipio que sufrieron esa represión.
Durante estos meses, se ha realizado «un trabajo de campo», mayormente en los archivos estatales: en el Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa y el de Euskadi, en el Archivo Intermedio Militar del Noroeste (Ferrol), el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) y el Archivo Histórico del Partido Comunista de España (Madrid).
Fruto de este trabajo se han podido adquirir cerca de un millar de documentos y 300 fotografías; así como constatar y documentar la existencia de cerca de un millar de personas nacidas o residentes en Irun afectadas por la represión militar entre los años 1936 y 1945.
«Una especie de prisión»
Asimismo, se han recogido testimonios de un campo de concentración que existió en Irun: «hemos conseguido un registro numérico de 4.300 personas que pasaron por allí», explicó Aitzol Arroyo. En 1.700 de los casos se tiene constancia de una identificación nominal, «es decir, los nombres de las personas, qué día entraron al campo y qué día salieron».
El historiador puntualizó que se trataría de un campo no de exterminio, si no más bien «una especie de prisión o campo de tránsito», en el que la media de internamiento rondaba las dos semanas. Lo que todavía no se ha podido averiguar es «la ubicación exacta de dicho campo. Es una incógnita. A partir de testimonios hemos sabido que el campo existía, pero realmente, nos es imposible hoy por hoy dar con la ubicación exacta», señaló el historiador. No obstante, sí está claro que «estaba dentro de Irun. Pertenecía a la Comandancia Militar del Bidasoa». Por los testimonios que se han recabado, se sabe que a las personas que terminaban internadas en ese campo, «según cruzaban la frontera, las metían en un tren y les hacían un recorrido hacia detrás y hacia delante, para despistar u ocultar la ubicación exacta».
Aitzol Arroyo realizó un balance «muy positivo» de las investigaciones desarrolladas hasta ahora, si bien reconocía que «queda mucho por hacer. La delegada felicitó al historiador por el «muy interesante» trabajo que está llevando a cabo. El contrato de Aitzol Arroyo se ha prorrogado por tres meses más, a jornada completa, por lo «extenso» del estudio que está desarrollando. Asimismo, Mónica Martínez subrayó la «apuesta muy clara» del Ayuntamiento «en cuanto a lo que a memoria histórica se refiere».
