«Aquí el que tiene dinero, tiene poder. ¿Por qué un día antes de que se abriera el expediente del recurso cambian a la magistrada? A mí no me engañan. Han pasado cosas raras en este proceso». Mari Carmen Guruchet está indignada. Junto a su marido y sus dos hijos deberá abandonar el caserío en el que vive desde 1979. Antes, en Saroizigarronea, habían residido dos generaciones de su familia.
Mari Carmen es tajante. Y deja bien claro que no se van a rendir. «Recurriremos donde haga falta. Por algún sitio tiene que salir la verdad. Aunque al final nos echen, que al menos la gente sepa la verdad. Ellos, con todas las mentiras, están ganando. Nosotros, con la verdad, perdiendo. ¿Qué justicia hay?», se pregunta.
Esta hondarribitarra evidencia que «hay algo extraño en este asunto». Explica que los propietarios de Saroizigarronea «tienen más de 30 propiedades. Por aquí cerca hay varios caseríos suyos de los que echaron a los inquilinos y están abandonados. Si les hiciese falta el dinero, los hubieran vendido. Pero no lo han hecho. No lo sé, pero algo hay».
Denuncia en 2009
Todo comenzó hace tres años. Según relata, aparecieron dos hijos del propietario en el caserío. «Me dijeron que estaba ocupando su propiedad. Yo les dije que no estoy ocupando nada, que pago una renta y que tengo una explotación agraria». La oferta que recibió Mari Carmen en ese momento fue la de un contrato de alquiler renovable de palabra. Ella se negó. «Si llego a firmar, al año estoy en la calle. Seguro».
La inquilina de Saroizigarronea reconoce que estaba «relativamente tranquila». Le habían asegurado que tenía derecho a continuar viviendo en el caserío en base a la Ley de Arrendamientos Rústicos. Cualquiera que se acerque puede comprobar «que existe una explotación agraria y que vivo de ella». Sin embargo, en mayo de 2009, reciben la notificación de una demanda. «Había datos falsos sobre las dimensiones del caserío y otras muchas cuestiones. Además, la denuncia la realizó el propietario, que estaba enfermo. Y un médico forense, contratado por mí, certificó que no estaba en facultades para ello. Así que no se debía hacer aceptado».
La sentencia se conoció a finales del año pasado y Mari Carmen se siente engañada por su abogado porque «no utilizó todas las pruebas que teníamos. Me acusaban de haber montado un chalet con piscina, cuando era un estanque para patos. El caserío ahí lo ves. Todas las reformas las he tendido que pagar yo. Él tenía que haber puesto sobre la mesa todas las pruebas, informes que había pedido a profesionales, y no hizo su trabajo».
El último palo llegó a finales de abril cuando «no abrieron el expediente del recurso» que habían presentado porque «hubo un fallo de mi abogado, según dicen, y presentó el documento acreditando el pago de las rentas después de los cinco días hábiles». Lo que más le duele a Mari Carmen «es no saber por qué pierdo. Tengo derecho a saber, a que la magistrada argumente los motivos. Que se analice el recurso, y no que lo dejen por una serie de cosas que no van conmigo».
BIDASOA
15.05.12 - 01:42 -
Hace un mes, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción que pedía a los propietarios que buscaran un acuerdo con los inquilinos y evitar así que se tuvieran que marchar del caserío. Mari Carmen explica que el alcalde «ha hablado con los propietarios para pedirles que se pongan en contacto con nosotros. Pero no lo han hecho. Nos gustaría una mayor implicación».
Además, lamentan que la Diputación de Gipuzkoa no haya dado ningún paso para defender a los inquilinos de Saroizigarronea cuando «me dedico a cultivar la tierra y vivo de esta explotación agraria».
Los que sí han estado en todo momento junto a la familia Guruchet han sido el resto de vecinos del barrio de Arkoll. De hecho, este mismo fin de semana se reunieron y, entre otras medidas, están estudiando iniciar una recogida de firmas. También cuentan con el apoyo de Stop Desahucios.
