El Gobierno Vasco dio, en diciembre de 2010, un empujón que parecía soltar, al menos en parte, el enorme nudo económico-administrativo en que se ha convertido San Miguel-Anaka. Este desarrollo urbano, que afecta a todo cuanto se encuentra entre estos dos barrios, desde la calle Anaka hasta la glorieta de Zubimuxu, agrupa la mayor parte de la VPO correspondiente a las promociones residenciales aprobadas en el Plan General de 1998.
Las dificultades que ha provocado gestionarlo bajo esas condiciones han llevado a la mayoría de los grupos políticos, si no a todos, a reconocer que aquello fue un error. Además, el Plan Director que propuso una ampliación del aeropuerto y toda la tormenta subsiguiente no facilitaron, precisamente, que diera pasos adelante. Parecía un atolladero irresoluble donde cualquier iniciativa terminaba por verse atrapada en un lodazal de parcelas, realojos, compensaciones, traslados, gastos y, desde que estallara la burbuja inmboliaria, encima, dudas en cuanto a la teórica rentabilidad.
Con la planificación futura del ámbito planteada, resuelta y aprobada, la oposición le recordaba constamente al Gobierno local que faltaba la financiación para que el proyecto pudiera encarar su paso del papel a la realidad. El Gobierno no negaba idéntica preocupación pero insistía en mantener la intensidad y no dejar de hacer lo que era de su competencia. Y en eso llegó el Gobierno Vasco, en diciembre de 2010, con un pan de 7 millones de euros bajo el brazo para adquirir varias de las parcelas del ámbito. Se secó algo el barrizal y la carreta, por primera vez en años, vio que sus ruedas se ponían en marcha.
Tramitación pendiente
La Consejería Vasca de Vivienda redactó un plan de desarrollo de VPO para el conjunto del territorio autónomico para el tramo 2007-2012 y el viernes anunció que saca a licitación las casi 2.500 viviendas protegidas correspondientes a este año, entre ellas, 447 en San Miguel-Anaka. Claro que para que esto se traduzca en obreros y máquinas trabajando en la construcción de las nuevas casas, habrá de haber ofertas de la iniciativa privada por hacerse con el derecho de construcción en las parcelas.
Y aún habiendo ese interés, y aún concretándose en ofertas de las que una acabe siendo elegida, será necesario un paso urbanístico que aún no se ha dado del todo. El expediente contiene ya un Proyecto de Reparcelación que está aprobado inicialmente y muy pronto podrá someterse a una validación definitiva. Es decir, las parcelas sobre las que el Gobierno Vasco tiene derechos de construcción son aún una decisión pendiente de confirmación última. Otro de los asuntos pendientes es el de convenios de realojo de los vecinos y el traslado de las empresas existentes en el ámbito, así como la indemnización a los propietarios que no tienen derecho de realojo ni adjudicación de parcelas edificables. Tanto esto como lo anterior se está trabajando en el área de Urbanismo desde hace tiempo y se estima que la tramitación pueda darse por completada a lo largo de este año o a principios del siguiente.
Así que la pregunta que sugiere la noticia que el Gobierno Vasco generó puede contestarse de la siguiente manera: si la licitación atráe el interés de las constructoras y se concreta en alguna oferta y si nada retrasa los últimos pasos de la larguísima tramitación administrativa que ha padecido este ámbito, todo apunta a que las primeras obras de construcción en San Miguel-Anaka puedan empezar a realizarse a lo largo de 2013. Dicho con toda la cautela.
