Las empresas guipuzcoanas tendrán este año, al menos de momento, menos opciones normativas a su alcance para poder aplazar el pago de sus impuestos ante la falta de liquidez. La Hacienda foral ha decidido no prorrogar una nueva modalidad aprobada por la la anterior Diputación que permitía a las empresas aplazar sin necesidad de aportar garantías las deudas tributarias cuyo importe no superaran los tres millones de euros, una medida planteada en 2010 y prorrogada en 2011 ante la demanda de las compañías y que, en definitiva, se convierte en una especie de línea de crédito encubierta que ayuda a paliar el cierre de grifo de la entidades bancarias. Nada es gratis. Las sociedades pagan un interés de demora del 5%.

Lo cierto es que el progresivo descenso de peticiones de aplazamientos que la Hacienda foral esperaba a principios de 2011, dada la supuesta mejora de la economía, podría quedarse en sólo un deseo. La crisis de la deuda soberana y los avisos de recesión no invitan precisamente a pensar que bancos y cajas comenzarán a abrir por fin el grifo del crédito, sino todo lo contrario. Pese a ello, los actuales responsables del fisco guipuzcoano no han creído oportuno prorrogar el decreto foral 38/2010 (que sucedió al 19/2009) que aflojaba las exigencias y permitía a las empresas del territorio aplazar las deudas tributarias inferiores a tres millones y con un plazo no superior a cinco años sin necesidad de presentar garantías.

Sin embargo, el fisco guipuzcoano admite que no piensa quedarse de brazos cruzados. Así, asegura «estar estudiando un paquete de medidas más general que pueda resultar de ayuda a las empresas», aunque prefiere no dar más detalles hasta tener más concreción.

De esta manera, las modalidades de aplazamientos vigentes ahora se limitan a los fraccionamientos sin garantía, y los aplazamiento o fraccionamiento con garantía.

El aplazamiento de impuestos tampoco es una medida indolora para el fisco. Afecta directamente a la recaudación del territorio, aunque históricamente la Hacienda foral ha preferido mirar a medio-largo plazo. «Si no se concede ese aplazamiento puede que la empresa tenga que cerrar al final, con lo cual se pierde actividad y empleo. Es decir, recaudación a futuro», apuntan fuentes conocedoras de la materia.

Lo cierto es que la crisis ha obligado a las empresas del territorio a tirar por esta vía, pese al coste que supone. En el año 2007, en víspera de la crisis, Hacienda apenas recibía 4.129 solicitudes de empresas que pedían aplazar sus impuestos. Tres años después, la cifra se disparó hasta las 16.543. El dato es lo suficientemente ilustrativo para corroborar la tremenda falta de liquidez que ha atenazado al tejido empresarial de Gipuzkoa, hasta el punto de que, sólo entre 2009 y 2010, en pleno ojo del huracán de la crisis, Hacienda aceptó que 10.066 empresas del territorio aplazaran sus deudas tributarias por un valor cercano a los 441 millones de euros. Desde el anterior Gobierno foral no se dudaba en calcular que entre 2009 y 2010 una de cada cuatro compañías del territorio se vio obligada a demorar el pago de sus obligaciones tributarias. Primero fueron las grandes, y luego las pequeñas.