El diputado general reiteró ayer en la Cámara foral que el futuro de la incineradora se decidirá en el Consorcio de Residuos, donde Bildu cuenta con una mayoría holgada de representantes, y no en las Juntas Generales, donde la coalición se encuentra en minoría.

Martin Garitano acudió a la Cámara a petición del PSE. Los socialistas querían que el diputado general aclarara los términos del acuerdo firmado entre Bildu y el PNV para la aprobación de los presupuestos forales de este año. Los jeltzales se abstuvieron en la votación, permitiendo que las cuentas salieran adelante.

Los jeltzales rubricaron este pacto en la creencia de que Bildu había aceptado que el futuro de la incineradora se decidiera en las Juntas, donde dispone de 22 parlamentarios, frente a 28 de PNV, PSE y PP. El PNV creía por tanto que el camino para la construcción de la planta quedaba despejado. Como concesión, se abría un plazo de seis meses de moratoria.

Sin embargo, las tornas se volvieron inmediatamente en contra del PNV. En el mismo Pleno de presupuestos, Garitano afirmó que la incineradora no era necesaria y días después la izquierda abertzale mostró su oposición a la planta.

La portavoz socialista pidió al diputado general que aclarara los términos del acuerdo. «Usted dijo en el Pleno del miércoles que no se va a construir la incineradora. Quedan tres meses para que explique a los ciudadanos dónde se tratará la basura y con qué sistema». La portavoz añadió que «la responsabilidad de la indefinición actual es de usted y de aquellos que han posibilitado (en referencia al PNV) que Bildu haya provocado un problema donde había una solución».

Garitano arrancó su respuesta a Romero con una explicación abierta a todo tipo de interpretaciones. «En el Pleno no dije que no vaya a haber una incineradora. Dije que en el escenario que nosotros dibujamos, esta infraestructura no tiene ningún sentido».

Acto seguido, abundó en los argumentos que ha expuesto en otras comparecencias públicas. «Vamos a cumplir íntegramente el acuerdo con el PNV. Ahora bien, que nadie piense que por aprobar los presupuestos vamos a retirar las competencias de los ayuntamientos, mancomunidades y del Consorcio para trasladarlas a las Juntas. Esto no se acordó».

El diputado general añadió que el pacto contempla una plazo de seis meses para intentar llegar a una solución consensuada sobre el tratamiento de los residuos. «En ese tiempo, Bildu no dará ningún paso irreversible en donde tiene la mayoría. El 30 de junio cada institución tomará las decisiones que les correspondan. El proyecto lo decidirá el Consorcio, porque a las Juntas le compete la planificación».

Garitano concluyó. «Nuestra lectura del acuerdo es está. Hasta el 30 de junio no tomaremos decisiones irrevocables. Durante este tiempo, entre todos estudiaremos qué hacer con los residuos. Finalmente, el 30 de junio cada institución tendrá que adoptar las decisiones que sean de su competencia».

La portavoz del PSE no se sintió satisfecha con la respuesta. «Podemos encontrarnos en junio sin saber qué hacer con la basura y exportándola al extranjero. Una absoluta desgracia, sobre todo porque lo vamos a pagar los ciudadanos». Romero añadió que «vamos a pagar por un problema que estaba resuelto».

La distinción competencial entre las Juntas y el Consorcio es la que ha propiciado la diferente interpretación entre Bildu y el PNV del acuerdo firmado entre ambos. Para los jeltzales, existe una relación directa entre lo que decidan las Juntas y el Consorcio. La Cámara establece unos objetivos y el Consorcio aprueba las infraestructuras necesarias para cumplirlos. Es lo que ocurrió en la pasada legislatura, cuando las Juntas aprobaron el Plan de Residuos y GHK dio los pasos para desarrollar el Centro de Gestión de Zubieta, que incluye la incineradora.

El PNV considera que Bildu quiere aprovechar el plazo de seis meses para presentar otro Plan de Residuos. Los jeltzales, al término de la comparecencia de Garitano, señalaron que «en todo caso, este documento tendrá que pasar por las Juntas Generales. La norma foral de organización institucional de 2005 establece que la planificación corresponde a la Diputación, excepto en los casos en los que se desarrollen planes extraordinarios sectoriales, como es el Plan de Residuos de Gipuzkoa. Para estos casos, la norma establece que serán las Juntas la que tomen la decisión».

En resumen, el PNV interpreta que el Consorcio ejecuta lo que aprueban las Juntas, pero Bildu estima que GHK tiene capacidad decisoria propia. Es decir, si en junio no se alcanza una solución de consenso, la cuestión tiene todos los visos de que acabará en los tribunales.

Aralar también terció en la controversia. Rebeka Ubera indicó que «vamos a necesitar infraestructuras para el tratamiento de los residuos, pero tienen que ser adecuadas a la realidad ambiental y económica de nuestro territorio».

En la polémica sobre los residuos se abrirá en los próximos días un nuevo frente. Los socialistas han pedido la comparecencia urgente del diputado de Medio Ambiente para que aclare si el Consorcio va a dejar de percibir 3,5 millones de euros anuales del Gobierno central.

El PSE explica que a GHK le correspondería recibir este dinero en concepto de prima por la producción de energía renovable en la incineradora de Zubieta. Los socialistas señalan que el Consorcio podría perder este dinero por «negligencia de GHK a la hora de cumplir los contratos».

El Gobierno del PP convalidó el jueves el real-decreto ley que suspende de forma temporal la concesión de primas a nuevas instalaciones de energía renovable. Por tanto, todas las plantas que no hayan tramitado la solicitud con antelación al 31 de diciembre se quedarán sin estas subvenciones. Este sería el caso de la incineradora.

El PNV también considera que Juan Carlos Alduntzin debe acudir a las Juntas para ofrecer explicaciones. Olano señaló que la pérdida de esta financiación «exige conocer con detalle qué ha sucedido y la depuración de responsabilidades».

Se están cumpliendo las peores previsiones. Euskadi cerró el año pasado en negativo, con un descenso del Producto Interior Bruto (PIB) en el último trimestre del 0,2% respecto al trimestre anterior. Mete así un pie en la recesión. Recesión significa menos actividad empresarial, menos trabajo, menos consumo de los ciudadanos y menos ingresos para las administraciones públicas, que van a tener que revisar todas sus expectativas para este año e ingeniárselas para mantener los actuales servicios públicos y sociales con ingresos propios de 2004 ó 2005.

Por de pronto, el Gobierno Vasco anunció ayer que ya prepara un nuevo «ajuste de ingresos y gastos» para 2012 que se plasmará en un «plan de reequilibrio económico y financiero» que presentará «en breve» al Ministerio de Hacienda. Pero advirtió de que «el ajuste por el lado del gasto cada vez tiene menos recorrido» tras los esfuerzos de ahorro acumulados en los últimos años y consciente de que algunas de las medidas están sacando a la gente a la calle, como demuestran los paros parciales en el sector público y las manifestaciones del jueves.

Por ello aboga por trabajar en el lado de los ingresos, es decir, de los impuestos. El lehendakari, Patxi López, hizo ayer su enésimo llamamiento a PNV y PP a «alcanzar un acuerdo para reformar la fiscalidad» en Euskadi y «permitir que el sector público disponga de los recursos suficientes para atender las prioridades que tenemos como país, y sostener el Estado del Bienestar, las ayudas sociales y el impulso a la economía».

El problema con que se encuentra el Gobierno Vasco es que la competencia en materia tributaria recae en las diputaciones, y estas están gobernadas por partidos diferentes al suyo. Bildu en Gipuzkoa, el PNV en Bizkaia y el PP en Álava. Ello explica que el llamamiento de López sea a los partidos a alcanzar un «acuerdo de país» que amplíe el acuerdo alcanzado entre el PSE y Bildu en Gipuzkoa.

El Gobierno Vasco aprovechó la publicación de las cuentas económicas por parte del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que confirman que la «trayectoria decreciente» de la economía vasca en 2011 acabó situándola con un pie en la recesión, para defender sin ambages una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos para sostener el gasto social inherente al Estado del Bienestar. Lo hizo por partida doble en el Parlamento autonómico, durante el pleno de control al Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, respondió a una pregunta del PP sobre las perspectivas económicas para este año que «las nuevas proyecciones de crecimiento en España y Euskadi nos llevan a contemplar un escenario con menos ingresos» de los previstos. Recordó Aguirre que las previsiones de recaudación fiscal para este año (12.117 millones de euros) están basadas en una estimación de crecimiento para Euskadi del 1,4%, mientras que el Gobierno central baraja ahora una caída del PIB en España del 0,5%, que hace inviable la predicción vasca. El consejero admitió que el cambio de escenario económico hace presagiar una recaudación inferior a la presupuestada, si bien la caída no tiene por qué ser tan intensa como puede aventurarse, dado que las previsiones no recogían modificaciones fiscales posteriores, como la recuperación del Impuesto del Patrimonio. En todo caso, insistió en que la caída del PIB obligará a revisar los planes de ingresos y gastos y que por el lado de los segundos «queda poco margen de actuación».

En el mismo foro, el lehendakari reconoció que la caída de ingresos impedirá al Gobierno Vasco cumplir la previsión de déficit público del 1,3% fijada para 2011, pero remarcó que esto «no se debe a que el Gobierno Vasco haya gastado más de lo presupuestado, sino a que las diputaciones han recaudado mil millones menos de lo que habían proyectado». En todo caso, López se mostró contrario a «sacralizar» los objetivos de reducción de déficit si es «a costa» de reducir los servicios públicos del Estado de bienestar .

En un nuevo capítulo del rifirrafe que mantienen Gobierno Vasco y PNV a cuenta del estado de las cuentas públicas, el lehendakari preguntó a los nacionalistas si, para compensar el desvío, son partidarios de «recortar» los servicios de la sanidad, la educación o las ayudas sociales.

López reiteró también su llamamiento a la Diputación de Bizkaia para que colabore con las otras diputaciones y el Gobierno Vasco en la lucha contra el fraude fiscal compartiendo información de los contribuyentes, como elemento para aumentar los ingresos. A preguntas de UPyD, anunció que el Ejecutivo autónomo ha solicitado un informe jurídico para valorar si la Diputación de Bizkaia ha incumplido la ley al «negarse a participar siquiera en el grupo de trabajo para estudiar» un plan conjunto de las instituciones vascas contra el fraude fiscal.

En cuanto a la evolución del PIB vasco, en el último trimestre de 2011 se redujo un 0,2% respecto al trimestre anterior pero mejoró un 0,2% en tasa interanual. Así, en el conjunto del año la economía vasca creció un 0,6% respecto a 2010, gracias a un positivo inicio de año pero en clara tendencia decreciente.