Sergio Corchón y Mila Holgado. / Ayuntamiento de Irun

El delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, y la responsable del Servicio de Atención Primaria, Mila Holgado, han dado cuenta este viernes de los datos referidos a dos de las prestaciones más importantes que gestiona este departamento: las Ayudas de Emergencia Social (AES) y las Ayudas Especiales.

“Estamos en primera línea para recibir todas aquellas cuestiones que pueden generar preocupación a los ciudadanos de Irun por tratarse de necesidades sociales y que pueden ser muy diversas: casos de riesgo de desprotección de menores, problemas para el pago de la vivienda y otras necesidades básicas. Para atender lo más rápido posible y de forma eficaz a estas personas hay detrás todo un equipo técnico preparado para activar las medidas que sean necesarias y estén a nuestro alcance. En este proceso las AES y las Ayudas Especiales son sin duda dos de las prestaciones económicas más importantes”, señalaba Sergio Corchón.

El delegado recordaba que “ya desde el año pasado hemos podido ir aumentando las prestaciones económicas gracias al incremento del presupuesto en la partida de ayudas especiales. El aumento en cuanto a personal, tanto en número de trabajadoras sociales con tres personas más, y otra en Administración ha hecho que se haya podido atender un año más, tal como ocurrió en 2016, a más ciudadanos y de forma más personalizada”.

En detalle, las AES cubrieron en 2017 necesidades de 531 casos de personas/familias, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado que fue de 600. Las AES están financiadas por el Gobierno Vasco aunque son de gestión municipal. Como ha ocurrido en años anteriores, antes de que finalizara el año el Ayuntamiento de Irun había comprometido ya la dotación presupuestaria prevista por el GV, que era de 638.354,13 euros. Por ello, el departamento de Bienestar Social destinó 245.620,86 euros más para tratar de cubrir las solicitudes que fueran llegando hasta acabar el año. “El Ayuntamiento de Irun ha decidido desde hace tiempo, debido a esta situación, reforzar con fondos propios estas ayudas que cubren básicas de la ciudadanía, como son los gastos relacionados con el pago de vivienda (alquileres, créditos, hospedajes), mantenimiento de vivienda (recibos de luz, etc.) y otras necesidades primarias”, explicaba Sergio Corchón. En total se concedieron 857 ayudas de este tipo. El delegado destacaba en este punto el apoyo que suponen las AES sobre todo en personas mayores de 60 años (hasta 197 casos en 2017) que les permite completar su pensión u otras prestaciones para ver cubiertas sus necesidades más básicas.

Asimismo, el delegado ha hecho balance de la tramitación de Ayudas Especiales, una línea de ayudas de naturaleza excepcional, gestionadas y financiadas por el Ayuntamiento de Irun, para situaciones que se salen del marco general del Sistema de Garantía de Ingresos. Puede tratarse de personas que no cumplen alguno de los requisitos para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos o las Ayudas de Emergencia Social (tales como el tiempo de empadronamiento), o conceptos no contemplados en las demás prestaciones, cuando concurre alguna circunstancia especial valorada por las trabajadoras sociales que justifique una ayuda municipal. En este caso se concedieron 186 ayudas por valor de 163.872,57 euros llegando a 186 personas/familias. En total entre AES y Ayudas Especiales la cantidad gastada ascendió a 1.047.847,56 euros.

Cabe señalar que estas ayudas, unidas a otras prestaciones económicas gestionadas por el departamento han cubierto necesidades de 1.238 personas/familias de Irun.

Problemática de vivienda

En relación a las intervenciones ante la problemática de vivienda, los recursos desplegados por el Ayuntamiento de Irun para atender a estas familias han sido de tipo económico, de alojamiento alternativo, así como la derivación hacia recursos de asesoramiento jurídico. En detalle, a lo largo de 2017 se concedieron 317 ayudas de emergencia social para alquileres y pagos de créditos por importe superior a los 470.000 euros y 95 ayudas especiales para atender las necesidades de pago de alojamiento de las familias: alquileres, créditos, etc.

Recuerdan asimismo desde Bienestar Social que en abril de 2013 se puso en funcionamiento un dispositivo especial para atender las situaciones de desahucio o riesgo inminente de desahucio, con una trabajadora social adicional contratada específicamente en los servicios sociales municipales para atender esta problemática. Esta trabajadora social lleva a cabo una intervención directa y muy personalizada, con acompañamiento, coordinación con otras entidades, vistas domiciliarias, etc., con las personas afectadas por esta problemática de vivienda atendiéndose en 2017 un total de 86 casos (nuevos o anteriores) por distintos motivos, como situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, embargos, etc.

En relación con estos asuntos, Sergio Corchón hacía mención al grupo de trabajo en el que desde el área, en coordinación con otros agentes o entidades de la ciudad, se sigue trabajando para ayudar todo lo posible a las personas que sufren alguno de estos casos. En total, las ayudas en materia de vivienda han apoyado a 412 familias de la ciudad.