La filosofía en cuanto al modelo de vivienda está cambiando. El alquiler, tan denostado hace no tanto, cuando parecía no sólo necesario sino muy recomendable comprar una casa, va ganando terreno. En muchos países europeos el concepto está mucho más desarrollado, mucho más asentado. Aquí, sin embargo, las ideas no están tan claras. Vivir en alquiler aún es difícil. La legislación cambia intentando subsanar las deficiencias, pero Acubi, la Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa, no deja de recibir a ciudadanos con problemas de todo tipo derivados de ser arrendatario. También llegan las quejas a Adiskidetuak, asociación que promueve la interculturalidad y ofrece asesoría jurídica a inmigrantes, porque éstos son un público especialmente vulnerable.

Así, Acubi decidió organizar esta semana un encuentro en el que abordar el tema de forma integral, desde sus múltiples perspectivas. Además de la abogada de Acubi, María Ángeles Martín y su secretaria, Belén Martínez, en labores de moderadora, intervinieron Rocío Calderón, de Adiskidetuak; José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa; Mila Holgado, jefa del Servicio de Atención Primaria del Ayuntamiento de Irun, y Aloña Zurutuza, trabajadora social de ese mismo servicio.

Cambios en la legislación

Fue Martín quien abrió la sesión para exponer, ante la treintena de interesados asistentes, los cambios en la legislación que afectan a arrendadores y arrendatarios. Su intervención aclaró de partida las dudas de muchos presentes. El plazo mínimo del contrato de alquiler que asiste al inquilino, salvo contadísimas excepciones, es de tres años más uno; el precio es libre y se pacta y el incremento anual se pacta igualmente, conforme al IPC u otro indicador, en una cuota fija o en cero. El inquilino no puede hacer obras sin permiso expreso. El arrendador no puede reclamarle que pague derramas de obras de comunidad (ocurre, aunque parezca mentira, y a veces bajo amenaza de expulsión). La fianza, de al menos una mensualidad, hay que depositarla en el Gobierno Vasco, aunque cabe exigir otro pago al que se llama garantía y ése lo custodia el propietario... «Yo soy muy reacio a que esas garantías supongan más adelanto de dinero por parte del inquilino», aseguraba Polo.

Lo cierto es que hay aspectos que no recoge la ley o que ésta deja al acuerdo entre las partes. También hay cuestiones que se dan completamente por hecho, pero tristemente, a la luz de la información que el propio Polo trasladó acompañada de ejemplos, forman parte del día a día en este mercado. «La vivienda que se alquila debe ser digna. Me he encontrado casas que no eran dignas. No digo que no estuvieran bien. Digo que no eran dignas. Casas en las que le hemos dicho al propietario que eso no se puede alquilar porque ahí no puede vivir nadie». Por ejemplo.

El presidente del colegio guipuzcoano de agentes de la propiedad inmobiliaria incidió con dureza en que su sector «está desregulado. Antes los agentes de la propiedad inmobiliaria eran un cuerpo, como los registradores de la propiedad o los notarios. Había que cumplir determinados requisitos, superar unas pruebas. Ya no. Desde 2010 cualquiera puede ejercer de agente inmobiliario. No hacen falta estudios ni exámenes. Ni siquiera se exige en ningún sitio saber leer ni escribir. Abres tu inmobiliaria y ya está».

A esto atribuía Polo las prácticas fraudulentas de algunas inmobiliarias que se mencionaron a lo largo de la sesión, sobre todo por parte Rocío Calderón. «Nos encontramos muchos casos en los que a una persona en la inmobiliaria le dicen que son expertos y que le van a ayudar con las ayudas sociales al alquiler del piso que quiere, pero que debe pagar un mes de alquiler por adelantado. Luego la persona se encuentra con que para ese piso no puede recibir ayudas y la inmobiliaria no le devuelve el dinero, sólo le ofrece elegir otro de sus pisos». Holgado explicó que las ayudas al alquiler están limitadas a pisos de «hasta 800 euros», por lo que aunque la inmobiliaria gestione bien la documentación de las ayudas, si el piso tiene una renta superior «es imposible que se apruebe». Otra denuncia de Calderón se refirió a las prohibiciones de empadronarse en pisos alquilados, «seguramente porque no se conceden ayudas a más de dos unidades familiares empadronadas en el mismo lugar», atribuyó Holgado. «El propietario no debería limitar el empadronamiento, pero es cierto que en Irun es una práctica habitual», admitió.

Por supuesto, la recuperación de fianzas y garantías son objeto de múltiples reclamaciones. «Si no está de acuerdo con la devolución que le han hecho o no le han devuelto nada, el inquilino debe reclamar», señaló la abogada de Acubi. «Hay que mirar cada caso porque cada circunstancia es distinta».

Aunque hubo de todo, la mayoría de las preguntas del público tuvo un enfoque de arrendador más que de arrendatario. Las respuestas aclararon muchas cosas. Por ejemplo, que el subarriendo es un derecho existente salvo que el contrato suscrito recoja expresamente la renuncia al mismo. También que la mayoría de impagos de renta no corresponde a inmigrantes.

Holgado quiso aclarar algunos «aspectos clave» sobre las ayudas. «A nadie le paga la vivienda el Ayuntamiento. Eso no es cierto. Las ayudas máximas son 250 euros», ya sean complemento del RGI para vivienda, AES o Ayudas Especiales (para gastos puntuales, no rentas). Para percibir algún subsidio asistencial municipal «es necesario estar empadronado en Irun y tener, además, la residencia efectiva en la ciudad». Ante reclamaciones de un arrendador por impagos de un arrendatario que percibe ayuda a la vivienda, ésta «se puede llegar a ingresar directamente al propietario». «Se tramitan muchísimas ayudas y en muy pocos casos se producen fraudes». Además del trabajo preventivo desde el propio área de Bienestar Social, «los fraudes se detectan gracias a la colaboración ciudadana y las actuaciones de Ertzaintza y Policía Local».