Así lo anunció ayer la diputada de Hacienda, Helena Franco, tras reunirse con los alcaldes guipuzcoanos para abordar el problema que para los consistorios supone tener que devolver al Gobierno foral 51,5 millones de euros del Fofim de 2011, debido a que la cuantía de este fondo acabó siendo inferior a la prevista como consecuencia del desplome de la recaudación a finales del año pasado.
En realidad, la factura final será de 49,7 millones, explicó Franco, gracias a la existencia de unas provisiones que permiten un ahorro de 1,7 millones. En todo caso, esa cantidad se suma a los 33 millones que también deben reingresar este año en concepto del segundo plazo de la devolución del Fofim de 2009, cuando el desfase fue de 99 millones, que se están devolviendo entre 2011 y 2013.
La diputada, que evitó pronunciar en todo momento el término 'intervención' y habló de «participación», «colaboración» o «gestión compartida», dejó claro que esa decisión corresponderá en última instancia a los propios municipios, que serán los que, «voluntariamente», reclamen la ayuda de los especialistas de su departamento.
La titular de Hacienda situó esta alternativa como una de las fórmulas que la Diputación puso ayer sobre la mesa a los alcaldes para devolver la deuda del año pasado. El Gobierno foral plantea tres posibilidades, en función de la situación particular de cada consistorio.
Tres fórmulas y límite 2014
La primera premisa es que todos los ayuntamientos deberán devolver este mes (cuando toca hacer la liquidación del Fofim), y con recursos propios, el 50% de la cantidad adeudada. La otra mitad deberá reintegrarse a lo largo del año. Los que cuentan con una posición más desahogada y están en disposición de hacer frente al compromiso con fondos de tesorería, deberán hacerlo en tres plazos (mayo, agosto y noviembre), coincidentes con los abonos del Fofim de 2012. Hasta aquí, la devolución no conlleva recargos ni contrapartidas.
Ahora bien, para los que no tienen posibilidad de afrontar la devolución por sí mismos al carecer de recursos suficientes, la Diputación ha ofrecido la posibilidad de acudir a una línea especial de crédito que está negociando con entidades financieras.
Un préstamo cuyo plazo de amortización no podrá exceder de 2014 y que tendrá como garantía el propio Fofim, de modo que los intereses que corresponda pagar a cada ayuntamiento serán devengados directamente de su parte del Fondo correspondiente al año de amortización.
La diputada reconoció que esta posibilidad ni siquiera supondrá un alivio para algunos ayuntamientos que presentan una situación financiera de «extrema gravedad» que va más allá de los problemas de devolución -también evitó hablar de riesgo de bancarrota-. Anticipó que estos casos tendrán un tratamiento especial, pero a cambio de «asumir todas las consecuencias», como la «participación» de la Diputación en «cuestiones que afectan al municipio».
Franco, que compareció en compañía del diputado general, Martin Garitano, evitó hacer una estimación de cuántos ayuntamientos podrían estar en cada una de las situaciones planteadas. Señaló que los responsables municipales recibieron ayer un formulario de autoevaluación para que sean ellos mismos los que dictaminen cuál es su situación particular y para que antes de una semana comuniquen al Gobierno foral la fórmula a la que optan.
La responsable del fisco guipuzcoano admitió que su propuesta es «exigente» aunque «flexible», pero la defendió porque «estamos en una crisis estructural en la que no valen medidas a corto plazo» y las administraciones públicas tienen que recuperar cuanto antes la práctica de «gastar en función de los ingresos», no de la capacidad de endeudamiento.
Respecto al planteamiento del Ayuntamiento de Irun de aplazar esta devolución hasta 2014, una vez se haya devuelto el desfase de 2009 para evitar la coincidencia de ambos reintegros, Franco consideró que «retrasar el problema no lo soluciona».
El diputado general, Martin Garitano, añadió en este punto que los ayuntamientos tienen un problema de financiación que «exige una reflexión» en torno a varios ámbitos, entre ellos el de la capacidad de autofinanciación de los municipios con sus propios impuestos y tasas municipales.
IAE para más empresas
Anunció en este sentido que el Gobierno foral de Bildu propondrá a las Juntas Generales de Gipuzkoa (el Parlamento territorial) una serie de medidas para dotar a los municipios de mayores posibilidades de ingresos.
Entre ellas, la posibilidad de aplicar recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías o la recuperación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que facturan más de un millón de euros al año. En la actualidad, solo pagan este impuesto las compañías que facturan más de dos millones.
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