«Perder la casa es lo peor que te puede ocurrir, es peor que perder el empleo», reconoció ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos quien, en su primera comparecencia parlamentaria para explicar los planes de su mandato, fue requerido por los portavoces de fuerzas políticas de oposición sobre las fórmulas con las que frenar los dramáticos efectos de los 300 desahucios que en España se están produciendo a diario.
De Guindos se comprometió a abordar con la banca las formas en las que se puede «minimizar» el coste social de los desahucios.
El responsable económico evocó que la morosidad hipotecaria de los particulares no se ha disparado porque lo último que se deja de pagar es la cuota de la vivienda, y se inclinó por apurar la búsqueda de soluciones en la mayoría de los casos. «Creo que a nadie y mucho menos a la banca y al Gobierno le interesa que haya muchos desahucios», afirmó, pero no quiso desvelar los instrumentos a los que se puede acudir para aliviar el problema «preservando la seguridad jurídica» en todo caso.
Mientras llegan nuevas medidas para aliviar la situación de las familias amenazadas por un desahucio, lo cierto es que este tipo de lanzamientos judiciales no paran de crecer en todo el Estado.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en los nueve primeros meses de 2011 se llevaron a cabo en España 42.894 desahucios, por lo que todo hace prever que el año pasado se llegará a un nuevo récord y que se doblará la cifra de 2008.
No en vano, en 2010 se realizaron 47.809 desahucios, en 2009 un total de 33.918 y en 2008 se llegó a los 26.748.
Menos créditos
De Guindos consideró la contracción del crédito la principal causa de que la economía española haya recaído en la recesión sin haber llegado a recuperarse en el año 2010, el único de esta fase de crisis en el que se apreciaron atisbos de mejora, en tanto que otras economías de la zona euro repuntaron y se fortalecieron, lo que les sitúa en mejor posición en esta nueva fase de la crisis.
Según estimó el ministro, la financiación a empresas y familias por parte de las entidades españolas está cayendo al ritmo del 10%, aunque matizó después que los descensos oscilan entre el 5% y el 10%, según instituciones y destinatarios.
