Los alcaldes de los principales municipios de Gipuzkoa no se dan por vencidos y, aunque son conscientes de la dificultad de la empresa, quieren quemar el último cartucho e intentar convencer a la Diputación de la necesidad de flexibilizar algo más la devolución de la deuda que mantienen con ella. Los consistorios tienen que reembolsar este año al Gobierno foral 49,7 millones de euros del Fondo Foral de Financiación Municipal (Fofim) de 2011, que se suman a los 33 millones del segundo plazo de la deuda pendiente de 2009 (99 millones que se están pagando en tres plazos, entre 2011 y 2013).
Un reembolso que llega justo en el peor momento, cuando los ingresos de las arcas municipales, como los del resto de administraciones, padecen en primera persona las consecuencias de la crisis y los alcaldes se las ven y se las desean para cuadrar los presupuestos e intentar mantener los actuales niveles de atención ciudadana, prestaciones y servicios con ingresos propios de 2004 y 2005.
Para analizar las consecuencias que en las cuentas municipales puede tener esta obligación, compartir experiencias y estudiar posibles alternativas a las fórmulas de devolución propuestas por el departamento de Hacienda que dirige Helena Franco (ver DV de ayer), los primeros ediles de San Sebastián (Bildu), Errenteria (Bildu), Irun (PSE) y Hondarribia (PNV), se reunieron ayer, según ha podido saber este periódico, en un encuentro que tuvo la virtualidad de congregar no solo a los máximos responsables de algunos de los municipios más poblados de Gipuzkoa, sino de juntar a ediles de las tres principales fuerzas políticas del territorio, con el ánimo de demostrar que el problema de la financiación no es un debate partidario, sino que alcanza a todos los ayuntamientos, independientemente del color político de sus gobernantes.
La cita dio como resultado que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, se comprometió ante sus colegas -Julen Mendoza (Errenteria), José Antonio Santano (Irun) y Aitor Kerejeta (Hondarribia)- a «trasladar» a la Diputación esta misma semana la posibilidad de que el primer pago, que debe hacerse efectivo el próximo día 25, conlleve el abono del 25% de la deuda, en lugar del 50% previsto. Conscientes de que la negativa de la Diputación no da opción a un reembolso fraccionado en varios años, como se hizo en 2009 y fórmula que muchos apostaban por repetir, los alcaldes coinciden en que devolver en febrero 24,5 millones (la mitad de la deuda) puede ocasionar «graves problemas de tesorería» en muchos consistorios, dado que los ayuntamientos reciben el grueso de sus ingresos entre mayo y junio, cuando recaudan los impuestos locales más importantes, como el IBI, y cuando disponen ya en sus arcas de dos de los cuatro tramos del Fofim que les transfiere la Diputación.
Cuatro plazos iguales
Es por ello que en el cónclave de ayer se vio la posibilidad de realizar el pago en cuatro plazos, como propone la Diputación (50% en febrero y el otro 50% en mayo, agosto y noviembre), pero a un ritmo distinto, a razón de un 25% en cada ocasión. El objetivo no es otro que aligerar la factura de febrero y trasladar el grueso del reintegro a los momentos del año en que los ayuntamientos disponen de más efectivo.
El propio Izagirre advirtió que la propuesta tiene pocos visos de éxito dado que, según trasladó a sus colegas, el Ayuntamiento de Donostia «ya ha hecho todo lo posible» por convencer sin éxito a la Diputación de que se abra a fórmulas de devolución más flexibles. Ante la insistente negativa del Gobierno foral a aceptar posibilidades distintas a las propuestas, el alcalde donostiarra entiende que «no hay nada que hacer». Es más, Izagirre se comprometió a «trasladar» la propuesta, pero no a «defenderla» para evitar discrepancias internas en Bildu.
Y es que la Diputación ya ha hecho llegar a los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa el desglose de lo que le toca devolver a cada uno y el calendario de devolución, advirtiendo de que la cantidad de febrero «está establecida y no va a cambiar».
