El diputado general reiteró ayer en la Cámara foral que el futuro de la incineradora se decidirá en el Consorcio de Residuos, donde Bildu cuenta con una mayoría holgada de representantes, y no en las Juntas Generales, donde la coalición se encuentra en minoría.

Martin Garitano acudió a la Cámara a petición del PSE. Los socialistas querían que el diputado general aclarara los términos del acuerdo firmado entre Bildu y el PNV para la aprobación de los presupuestos forales de este año. Los jeltzales se abstuvieron en la votación, permitiendo que las cuentas salieran adelante.

Los jeltzales rubricaron este pacto en la creencia de que Bildu había aceptado que el futuro de la incineradora se decidiera en las Juntas, donde dispone de 22 parlamentarios, frente a 28 de PNV, PSE y PP. El PNV creía por tanto que el camino para la construcción de la planta quedaba despejado. Como concesión, se abría un plazo de seis meses de moratoria.

Sin embargo, las tornas se volvieron inmediatamente en contra del PNV. En el mismo Pleno de presupuestos, Garitano afirmó que la incineradora no era necesaria y días después la izquierda abertzale mostró su oposición a la planta.

La portavoz socialista pidió al diputado general que aclarara los términos del acuerdo. «Usted dijo en el Pleno del miércoles que no se va a construir la incineradora. Quedan tres meses para que explique a los ciudadanos dónde se tratará la basura y con qué sistema». La portavoz añadió que «la responsabilidad de la indefinición actual es de usted y de aquellos que han posibilitado (en referencia al PNV) que Bildu haya provocado un problema donde había una solución».

Garitano arrancó su respuesta a Romero con una explicación abierta a todo tipo de interpretaciones. «En el Pleno no dije que no vaya a haber una incineradora. Dije que en el escenario que nosotros dibujamos, esta infraestructura no tiene ningún sentido».

Acto seguido, abundó en los argumentos que ha expuesto en otras comparecencias públicas. «Vamos a cumplir íntegramente el acuerdo con el PNV. Ahora bien, que nadie piense que por aprobar los presupuestos vamos a retirar las competencias de los ayuntamientos, mancomunidades y del Consorcio para trasladarlas a las Juntas. Esto no se acordó».

El diputado general añadió que el pacto contempla una plazo de seis meses para intentar llegar a una solución consensuada sobre el tratamiento de los residuos. «En ese tiempo, Bildu no dará ningún paso irreversible en donde tiene la mayoría. El 30 de junio cada institución tomará las decisiones que les correspondan. El proyecto lo decidirá el Consorcio, porque a las Juntas le compete la planificación».

Garitano concluyó. «Nuestra lectura del acuerdo es está. Hasta el 30 de junio no tomaremos decisiones irrevocables. Durante este tiempo, entre todos estudiaremos qué hacer con los residuos. Finalmente, el 30 de junio cada institución tendrá que adoptar las decisiones que sean de su competencia».

La portavoz del PSE no se sintió satisfecha con la respuesta. «Podemos encontrarnos en junio sin saber qué hacer con la basura y exportándola al extranjero. Una absoluta desgracia, sobre todo porque lo vamos a pagar los ciudadanos». Romero añadió que «vamos a pagar por un problema que estaba resuelto».

La distinción competencial entre las Juntas y el Consorcio es la que ha propiciado la diferente interpretación entre Bildu y el PNV del acuerdo firmado entre ambos. Para los jeltzales, existe una relación directa entre lo que decidan las Juntas y el Consorcio. La Cámara establece unos objetivos y el Consorcio aprueba las infraestructuras necesarias para cumplirlos. Es lo que ocurrió en la pasada legislatura, cuando las Juntas aprobaron el Plan de Residuos y GHK dio los pasos para desarrollar el Centro de Gestión de Zubieta, que incluye la incineradora.

El PNV considera que Bildu quiere aprovechar el plazo de seis meses para presentar otro Plan de Residuos. Los jeltzales, al término de la comparecencia de Garitano, señalaron que «en todo caso, este documento tendrá que pasar por las Juntas Generales. La norma foral de organización institucional de 2005 establece que la planificación corresponde a la Diputación, excepto en los casos en los que se desarrollen planes extraordinarios sectoriales, como es el Plan de Residuos de Gipuzkoa. Para estos casos, la norma establece que serán las Juntas la que tomen la decisión».

En resumen, el PNV interpreta que el Consorcio ejecuta lo que aprueban las Juntas, pero Bildu estima que GHK tiene capacidad decisoria propia. Es decir, si en junio no se alcanza una solución de consenso, la cuestión tiene todos los visos de que acabará en los tribunales.

Aralar también terció en la controversia. Rebeka Ubera indicó que «vamos a necesitar infraestructuras para el tratamiento de los residuos, pero tienen que ser adecuadas a la realidad ambiental y económica de nuestro territorio».

En la polémica sobre los residuos se abrirá en los próximos días un nuevo frente. Los socialistas han pedido la comparecencia urgente del diputado de Medio Ambiente para que aclare si el Consorcio va a dejar de percibir 3,5 millones de euros anuales del Gobierno central.

El PSE explica que a GHK le correspondería recibir este dinero en concepto de prima por la producción de energía renovable en la incineradora de Zubieta. Los socialistas señalan que el Consorcio podría perder este dinero por «negligencia de GHK a la hora de cumplir los contratos».

El Gobierno del PP convalidó el jueves el real-decreto ley que suspende de forma temporal la concesión de primas a nuevas instalaciones de energía renovable. Por tanto, todas las plantas que no hayan tramitado la solicitud con antelación al 31 de diciembre se quedarán sin estas subvenciones. Este sería el caso de la incineradora.

El PNV también considera que Juan Carlos Alduntzin debe acudir a las Juntas para ofrecer explicaciones. Olano señaló que la pérdida de esta financiación «exige conocer con detalle qué ha sucedido y la depuración de responsabilidades».