La Audiencia de Gipuzkoa ha solicitado dos pruebas adicionales a las practicadas en la vista en la que el mes pasado la Fiscalía y la acusación particular pidieron prorrogar la prisión provisional del exdirector de la Hacienda de Irun, José María Bravo, antes de pronunciarse sobre esta medida.
El Ministerio Público y la acusación particular, que ejercen la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa, reclamaron la prórroga de la prisión provisional de Bravo, condenado a 11 años de cárcel por el fraude de la Hacienda de Irun, en una vista celebrada el pasado 28 de febrero, en la que la defensa solicitó la excarcelación de su patrocinado.
Subsidiariamente, el defensor demandó la libertad de Bravo bajo fianza y que esta cautela pueda ser satisfecha mediante diversos bienes inmuebles de sus familiares.
En la vista, el fiscal y la acusación particular apelaron a la existencia de riesgo de fuga del procesado, la gravedad de su condena y la elevada cantidad de 1,6 millones de euros detraída, para pedir la prórroga de la prisión provisional hasta un máximo de la mitad de la condena impuesta.
Por el contrario, tanto el letrado de la defensa como el propio Bravo rechazaron la existencia de riesgo de fuga por el arraigo que suponen para el condenado su nueva pareja -una ciudadana de una república exsoviética- y sus dos hijos que trabajan en el hotel familiar, cuya situación económica se estaría resintiendo por la ausencia del procesado.
«Dos pruebas adicionales»
Antes de pronunciarse sobre la conveniencia de prorrogar o no la prisión provisional de Bravo , el presidente del tribunal y de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, ha acordado en una providencia "la práctica de dos pruebas adicionales".
En ellas, solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social que remita a la sala "la historia de la vida laboral" de los hijos de Bravo y pide al interventor judicial del hotel y el SPA de Bravo "un informe de la actividad económica" de ambas empresas "desde el 1 de enero de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013".
El exdirector de la Hacienda de Irun, condenado por diferentes delitos relacionados con el fraude que cometió cuando fue responsable de esa oficina tributaria, permanece encarcelado desde el pasado 3 de agosto, al no satisfacer la fianza de 800.000 euros que le fue impuesta, posteriormente rebajada hasta los 700.000.
Bravo sigue aún en situación de prisión provisional porque la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa que le condenó junto a su exmujer, Rosa Cobos, -a 11 años, y a tres años y cuatro meses, respectivamente- no es firme dado que fue recurrida ante el Tribunal Supremo (TS).
El vencimiento, el próximo 8 de mayo, del plazo máximo de los dos años en los que un recluso puede permanecer en prisión provisional motivó la solicitud de la prórroga de su situación penitenciaria por parte de las acusaciones.
Se da la circunstancia de que el TS ha señalado ya para el próximo 12 de marzo la fecha para la deliberación y fallo del recurso presentado por Bravo contra su condena, que en su momento fue impugnado tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, aunque su resolución final no se conocerá hasta fechas más tarde.
