6.469 guipuzcoanos de 40 a 59 años necesitan la RGI para llegar a fin de mes, un 2,6% más

Aunque suenen las campanas oficiales de la recuperación en las cifras macroeconómicas, a pie de calle la crisis todavía no ha pasado para 15.077 guipuzcoanos que cobran la renta de garantía de ingresos (RGI), unos 600 euros al mes de media para poder cubrir sus necesidades más básicas y evitar la exclusión social. El dato puede ser interpretado desde varias ópticas: por un lado, supone un descenso del 1,6% respecto al mes de diciembre de 2014, que terminó con 15.244 beneficiarios en el territorio. Es el mejor cierre de año desde que empezó la crisis. Pero, como ocurre con todas las estadísticas, la realidad suele tener diferentes caras. El resultado también supone un ligero repunte en la demanda de la prestación de este año, y rompe así la racha a la baja que se venía registrando desde mayo, después del máximo histórico de perceptores con 15.488 personas en abril.

En Euskadi, la tendencia del año ha seguido el mismo esquema. La demanda ha crecido hasta los 66.373 perceptores, el máximo del mes de mayo, para empezar a bajar hasta noviembre, con 64.593 personas, y volver a subir ligeramente hasta las 64.726 del mes de diciembre. Son ligeras oscilaciones, pero suficientes como para recordar que todavía hoy, después de ocho años de crisis, la economía sigue sacudiendo a muchos hogares.

La fotografía de la RGI que ofrecen los datos de diciembre permite comprobar que uno de los colectivos que está siendo especialmente castigado por la crisis es el de las personas de entre 40 y 59 años, que se corresponden en su mayoría a parados de larga duración y de difícil inserción laboral. Su peso en la demanda de la RGI ha crecido un 2,6% en un año y ya son 6.469 personas, casi la mitad del total.

Habrá que esperar a la evolución de los primeros meses de 2016 para comprobar si la demanda se estabiliza después de tocar techo y se confirman las previsiones optimistas del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, que ha pronosticado un respiro para las prestaciones, en consonancia con la mejoría económica que ya vislumbran las grandes cifras. «Afortunadamente, este país está creciendo, generando una riqueza, y entendemos que esta mejora económica puede traducirse en menores niveles de solicitudes de RGI, como así viene sucediendo en los últimos meses», señaló Toña antes de conocerse las cifras de noviembre y diciembre.

Sin duda, la cronificación del desempleo está pasando factura en la demanda de la RGI, la principal ayuda en Euskadi para frenar la pobreza. La crisis también está dejando un nuevo perfil de demandante, el de los trabajadores que completan sus bajos salarios en empleos parciales y temporales con ayudas sociales, una fórmula que ha crecido especialmente después de aprobarse la reforma laboral.

En cualquier de caso, la huella de la recesión en la demanda de la RGI no deja lugar a dudas. Aunque ya habían empezado a subir un año antes, en 2010 los perceptores en Gipuzkoa no llegaban a los 10.000, una cifra que entonces parecía alta y que hoy parece imposible de recuperar. Cuestión de perspectiva. La escalada ha sido imparable hasta el pasado mes de abril, cuando pareció que se tocaba techo con 15.488, un 67% más de perceptores que en 2009. La inversión prevista para este año era de 461 millones de euros, pero la factura se elevará por encima de los 480 millones.

El 64,8% de los beneficiarios son autóctonos. Los ciudadanos con procedencia de América del Sur y del Magreb componen por su parte el grueso de la demanda de la población inmigrante. Las mujeres, otro de los colectivos golpeados con más intensidad por la crisis, siguen siendo mayoría (57%), si bien en el último año el número de beneficiarias ha descendido un 3%.

Los expertos insisten en que, pese al debate que le suele rodear, el sistema de protección social ha jugado un papel clave para contener la pobreza en Euskadi, a diferencia de otras comunidades autónomas. Creada hace veinticinco años, y luego elevado a categoría de ley, la RGI ha sufrido este año la mayor presión de la demanda, pero también ha sido capaz de ofrecer una mayor capacidad de respuesta, según refleja un informe del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. De hecho, el repunte en las prestaciones de RGI no solo se vincula a una mayor necesidad, sino que también se explica porque se llega a una mayor atención. Según datos de la consejería, entre 2006 y 2010, la proporción de hogares demandantes atendidos por el sistema se había reducido del 88,8% al 77,5%. En 2014, remontó al 83%, aunque todavía algo por debajo de los niveles de antes de la crisis.

Frente a las ideas falsas y los prejuicios extendidos, el sistema de protección vasco se orienta a hacer frente a la pobreza y al paro. Los hogares de población autóctona y mayor de 45 años son los que más peso están teniendo en la demanda en los últimos tiempos, destaca el informe de la consejería. La demanda de apoyo ante asociaciones como Cáritas también ha ido al alza. Después de caer de 1,9 a 1,6% entre 2006 y 2010, ésta llegó al 3% en 2014.

Para poder acceder a la RGI hay que acreditar un mínimo de tres años de empadronamiento ininterrumpido, un requisito que se endureció en 2012 -antes era solo un año- por el Parlamento Vasco con los votos a favor del PNV, PSE y PP, y la oposición de Aralar, EA y EB. Para cubrir ese hueco, Gipuzkoa creó la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), que actualmente cobran 1.450 personas en el territorio. El gasto mensual ronda el millón de euros.

La demanda de esta ayuda también ha ido a más y supera las previsiones iniciales. En concreto, el año pasado 2.227 personas se beneficiaron durante el año de esta prestación, un 63% más que en el anterior ejercicio, y un 27% más de lo previsto. En el mismo tiempo, el gasto aumentó un 84%, hasta los 11,3 millones de euros.

Esta prestación, exclusiva en Gipuzkoa, está siendo sometida a una profunda revisión por parte del Departamento foral de Política Social, la segunda desde que fue diseñada por el anterior gobierno de Bildu. En la primera se decidió endurecer el requisito del empadronamiento. En un inicio solo se pedían seis meses de padrón y en 2014 se aprobó que fuera un año. Ahora el departamento que dirige Maite Peña (PNV) ha vuelto a poner la ayuda sobre la mesa para analizar si responde al objetivo con el que se creó y si se garantiza su eficacia.