Mientras los juzgados continúan con su trabajo y crece la conciencia social, se refuerzan también los apoyos políticos en torno a la causa abierta para esclarecer los supuestos robos de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia. El Parlamento Vasco debatirá el próximo jueves una proposición no de ley presentada por EA para que se apruebe la creación de una comisión que estudie todo lo relacionado con las denuncias. «Es verdad que la Justicia está investigando los hechos, pero como señala el Ararteko, corresponde a las instituciones públicas ir más allá de la investigación penal», señala Juanjo Agirrezabala. El parlamentario de EA busca apoyos políticos para que salga adelante esta iniciativa, que ha sido enmendada a la totalidad por los grupos de PSE, PNV y PP.
Precisamente estas tres formaciones, a instancias de los populares, defienden otro texto con el mismo fin, el de crear una comisión para «contribuir al conocimiento y esclarecimiento de los hechos, asumiendo aquel compromiso con la verdad y con las familias vascas afectadas», representadas en la asociación SOS Bebés Robados, que ha reiterado públicamente su petición a los partidos para encauzar una investigación propia, en paralelo al trabajo de los tribunales. Según informó el PP en una nota, su propuesta contempla elaborar un plan de trabajo y podrá requerir la comparecencia de «cualquier particular, autoridad pública, funcionario, e instituciones públicas implicadas, así como la incorporación de especialistas a efectos de asesoramiento». «El Parlamento Vasco debe garantizar el derecho a la verdad de los afectados», defendió la parlamentaria popular Mari Mar Blanco.
Precisamente en la Cámara vasca, ayer la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, tuvo que dar explicaciones sobre las iniciativas que va a poner en marcha el Gobierno para esclarecer estos hechos. Interpelada por Ane Urkiola (PNV), Mendia defendió al ejecutivo que ha hecho «más que ningún otro en España» para tratar de aclarar lo ocurrido y advirtió de que «a día de hoy, ninguna institución en Euskadi, salvo el ejecutivo ha puesto medios materiales y humanos a disposición de los afectados». «¿Dónde están los ayuntamientos, dónde están las diputaciones?», preguntó la consejera de Justicia, quien opinó que podrían poner locales a disposición de los afectados, sobre todo en las capitales, e incluso recursos humanos, sugirió. Recordó que el Gobierno Vasco presta asistencia jurídica gratuita a las familias que no tienen medios económicos para pleitear en los tribunales. Además, subrayó, el ejecutivo dedica «los mejores policías a resolver estos casos, también el servicio de atención a la víctima, el servicio toxicológico y el servicio de medicina legal, la ventanilla única para las familias afectadas y ofrece una perfecta coordinación entre los departamentos».
Comisión en Gipuzkoa
En Gipuzkoa, las Juntas Generales dieron ayer un paso adelante en su adhesión a la causa con la aprobación de una resolución con el apoyo de todos los partidos. En el texto, acordaron crear una comisión para seguir las investigaciones y, en el caso de que alguna de esas actuaciones derive en la apertura de juicio, se personarán como acusación particular. «Las instituciones no pueden dejar solas a las personas que han sufrido este drama», enfatizó la juntera socialista Susana García Chueca.
«Es una magnífica noticia», que supone «un empujón muy fuerte hacia la verdad y la justicia», dijo ayer Flor Díaz, portavoz de la asociación SOS Bebés Robados, que agradeció el apoyo «a todas las instituciones porque de las palabras están pasando a los hechos», pero «queda mucho por hacer».
