«No podremos mantener los servicios sociales sin subir los impuestos»

Algo más de 155.000 vascos están en el paro, la recaudación fiscal baja y la sostenibilidad del sistema de protección social está en entredicho. Por si fuera poco, la sospecha de fraude planea sobre 7.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI), el 13% del total. Gemma Zabaleta debe lidiar con todos estos toros, y lanza dos ideas: el régimen de prestaciones sociales solo podrá mantenerse si se suben los impuestos, y anuncia que será implacable en la lucha contra quienes se aprovechan ilegalmente de las ayudas.

- Hacer estimaciones ahora es muy complicado. Cuando iniciamos todo el proceso para que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) gestionase esta prestación -lo hace desde el pasado mes de diciembre- aposté a que nos encontraríamos con 5.000 perceptores ilocalizables. Ahora vemos que son 7.000. Y eso son 7.000 problemas que debemos resolver porque todas las personas que cobran la ayuda deben estar disponibles para su activación laboral. Sobre 55.000, es un porcentaje alarmante.

- Las causas las vamos a conocer pronto. Intentaremos por segunda vez localizar a esas personas, y luego llegará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Si siguen sin aparecer, se les suspenderá cautelarmente el cobro de la prestación.

- Hasta que Lanbide se hizo cargo de la gestión de la RGI intervenían en ella tres administraciones: ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno vasco. Eso dotaba a los procesos de una complejidad extrema y se generaban 'espacios negros'. Ahora, el hecho de que un mismo organismo se ocupe de todo supondrá ganar en eficacia. Nuestro objetivo es ordenar este sistema y que no haya ningún tipo de engaño. Vamos a ser garantistas con la ley. Nadie que tenga derecho a cobrar dejará de hacerlo. Pero no nos va a temblar el pulso a la hora de expulsar del sistema a los profesionales del fraude. En estos momentos lo que hay son 7.000 cartas que no han llegado a su destino. Es una primera señal de alarma, y no voy a parar hasta dar con esas personas y ver qué situaciones hay detrás.

- No voy a ser yo quien critique a quienes antes tuvieron la gestión de la prestación. Lo hicieron muy bien teniendo en cuenta su extraordinaria complejidad, lo proceloso del sistema que existía. Además, no es lo mismo tener los 34.000 expedientes que había en 2008 que los 55.000 actuales. Más que preocuparnos de por qué ha sucedido esto, hay que dar el mensaje a la sociedad de que no va seguir ocurriendo, de que el sistema va a estar bajo control.

- Las administraciones han venido trabajando en la medida de sus posibilidades, ha habido un gran esfuerzo por parte de las diputaciones y los ayuntamientos, más en unos que en otros, por verificar datos y destapar el fraude.

- Ahora el propio sistema tiene sus instrumentos de control. Los expedientes se actualizan cada tres meses y, al vincularse la prestación con la demanda activa de empleo, cada persona tiene un orientador. Los perceptores deberán acudir a cursos, atender ofertas de empleo... Es decir, se dota al sistema de una puerta de salida, igual que en todos los países europeos, y esa misma dinámica de funcionamiento hace que se complique mucho la posibilidad de que se den fraudes.

- Sin duda. Mi objetivo fundamental es prestigiar el sistema de las prestaciones sociales, fortalecerlo, y eso se consigue evitando sospechas sobre él. Las ayudas deben llegar a todos los que las necesitan porque cualquier ciudadano puede acabar viéndose en una situación de desprotección, pero también debemos dar garantías de que nadie se aprovecha ilícitamente de ellas.

- No. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para dar un mensaje de que hay orden y control en las prestaciones. Este Gobierno es el que más esfuerzo ha hecho en este apartado porque destinamos 398 millones de euros anuales a ayudas sociales (RGI, prestación complementaria de vivienda y AES). Es la mayor cantidad en la historia del autogobierno.

- Los funcionarios también ganan un 5% menos, y la contención del gasto afecta a muchas otras partidas. Se trata de una medida coyuntural, para este año. Y bajo ningún concepto se van a rebajar más.

- La RGI es un derecho subjetivo y quien cumpla los requisitos va a cobrarla.

- Es difícil predecir qué va a pasar. Dependemos de muchos factores externos... Lo que ahora hace falta es evitar más recortes que estrangulen la economía.

- Entre 1982 y 1998 en Euskadi tuvimos siempre, cada mes, más de 155.000 personas en paro. ¡Durante 16 años seguidos! En Euskadi sabemos lo que son las crisis. Teníamos más del 20% de paro mientras en el Estado había un 12%. Y aún así aguantamos y salimos reforzados, con más competitividad, más internacionalización, más I+D+i. También vamos a salir de esta.

- Yo ampliaría la pregunta: ¿es sostenible el sistema de prestaciones sociales, las infraestructuras, el sistema sanitario, la educación, el entramado institucional vasco...? En Euskadi hay que hacer el análisis profundo que ya se está haciendo en otros estados sobre el modelo de país, sobre las competencias de las administraciones, sobre evitar duplicidades... Para financiar todo esto, hay que entrar en el debate fiscal.

- No podemos mantener unos servicios como los que tenemos, con estándares del norte de Europa, con una fiscalidad con cinco puntos menos que en el norte de Europa. Hay que hacer esta reflexión fuera de posiciones partidistas. Pero, en política, parece que la necesidad de llegar a acuerdos es inversamente proporcional a la posibilidad de hacerlo.

- Es el único modo de conservar los servicios que tenemos. Hay que pagar más impuestos. La cuestión es a quién hay que subírselos. No creo que deba hacerse a quien tiene una nómina. Miremos cómo se cotiza una renta del trabajo aquí y en Suecia, y cómo se cotiza una renta de patrimonio aquí y en Suecia. El quid está en esto último.