31 enero 201708:55
Los portavoces de los grupos municipales Sí se Puede Irun, David Soto, y Euskal Herria Bildu, Jokin Melida, denunciaron ayer conjuntamente el procedimiento seguido por el Gobierno municipal en la elaboración del borrador del reglamento que permitirá sistematizar las cláusulas sociales en el ayuntamiento, así como el contenido de ese documento.
«Hemos solicitado muchas veces al Gobierno local ese reglamento», señaló Soto, que se remontó a febrero de 2016 para recordar un pleno en el que «el portavoz socialista, Miguel Ángel Páez, nos habló del histórico compromiso de su grupo con este tema». «El alcalde nos hizo llegar después un calendario que, dada la complejidad de la materia, estimaba la redacción del borrador entre marzo y junio de 2016», completó Melida. «Varios fueron los retrasos y múltiples sus razones hasta llegar al pleno del pasado mes de noviembre», en el que estos dos grupos llevaron a votación una propuesta de ELA «que se rechazó». El Gobierno aprobó un documento alternativo que hacía referencia «a que estaba trabajando en un modelo como el vitoriano y apostando por ser referente en Euskadi en materia de cláusulas sociales», apuntó Melida.
En diciembre, en Junta de Portavoces, la oposición fue informada de que recibiría el borrador, «para que lo estudiáramos e incorporásemos aportaciones. Lo recibimos en enero. El Gobierno se había tomado prácticamente un año para hacer el borrador y nos dio un margen de 20 días para hacer nuestras aportaciones», protestó Soto. «Y eso es lo de menos», añadió Melida. «Lo más vergonzoso es encontrarnos, tras un año, un reglamento copiado palabra por palabra, literalmente un copia y pega, de un reglamento de Castilla- La Mancha, la instrucción del Consejo de Gobierno Autonómico del 18 de octubre de 2016 sobre la inclusión de cláusulas sociales».
«Haremos aportaciones pero en un plazo lógico y justo, no con un margen de 20 días»
«Alejado de la realidad local»
El portavoz de Bildu quiso aclarar que ni su grupo ni el de SPI ven «nada malo» en buscar referencias en «experiencias de otras administraciones que hayan funcionado bien». Sin embargó, criticó que «después de tanto tiempo, al final, lo que han hecho sólo es copiar un texto de otros y, como de costumbre, sin ser transparentes, sin decirnos que lo habían hecho». Soto incidía en que esto ocurre con «un tema sobre el que tantas veces hemos oído decir al portavoz socialista que tenían un 'compromiso histórico', al que decía que daban 'gran importancia' y con el que pretendían ser 'un referente en Euskadi'».
La semana pasada, el alcalde, José Antonio Santano, anunció que tras el plazo para que los grupos hicieran sus aportaciones, sin que ninguno planteara modificación alguna al texto, el borrador afrontaba «un nuevo punto en su avance» y que será enviado «a los agentes sociales para contar con sus aportaciones y participación».
Ayer, Soto mostró su malestar porque el alcalde volviera insinuar, «como es habitual últimamente, cierta dejación de funciones por nuestra parte. Ésa es la falta de respeto que demuestran». Recordó que «el Gobierno lleva un año dándonos largas. Hemos preguntado en el Pleno, llevado la propuesta de ELA que ellos rechazaron y nos presentan un copia y pega, lleno de estudiadas lagunas, nos dan veinte días y nos acusan de no aportar. Lo haremos, pero después de haber podido estudiar el documento con detenimiento y comprobar que no es el reglamento que debería tener el Ayuntamiento de Irun. Vamos a hacer una propuesta diferente pero en un plazo medido, algo más lógico y justo», afirmó el portavoz de SPI.
La cuestión es que además de las formas, SPI y Bildu criticaron también el contenido. «No refleja la realidad local porque no han cambiado nada del original de Castilla-La Mancha y lo que han hecho ha sido dejar fuera cuestiones que nos parecen importantes sobre las prohibiciones de contratar a determinadas empresas por razones como que hayan robado o que su gestión no sea del todo transparente. Son sólo unos ejemplos de las enormes carencias del borrador», señaló Melida.
Doble queja. David Soto (SPI) y Jokin Melida (EH Bildu) denunciaron juntos las formas del Gobierno en el desarrollo del reglamento de cláusulas sociales y el contenido del borrador presentado.