El Gobierno afirma que SPI y Bildu han tenido más de un mes para realizar aportaciones al reglamento de cláusulas sociales

El Gobierno municipal lamentó ayer la actitud de los grupos de la oposición SPI y EH Bildu «que vuelven a utilizar los medios de comunicación para su relación con el Consistorio, en lugar de hacerlo por los cauces adecuados». El Gobierno respondió así a las acusaciones realizadas en una rueda de prensa ofrecida el lunes por SPI y EH Bildu, en la que ambos grupos de la oposición explicaron su rechazo a la propuesta de reglamento para sistematizar las clausulas sociales en el ayuntamiento, presentado la pasada semana.

Según afirmó el Gobierno municipal, el 16 de diciembre se celebró una Junta de Portavoces y ese mismo día se hizo llegar a los grupos políticos el borrador que el equipo redactor había explicado en esa reunión. «Los portavoces dispusieron del texto desde ese 16 de diciembre hasta la junta celebrada el 25 de enero». En esta última, «ninguno de ellos dijo nada de lo que luego han contado en los medios de comunicación. No hubo aportaciones, ni críticas, ni siquiera se pidió más tiempo para el análisis del documento. Es más, el portavoz de SPI ni quisiera acudió a esta Junta de Portavoces». El Gobierno aseguró que ha sabido a través de los medios que ambos grupos tienen intención de hacer una propuesta sobre el documento, «ya que ninguno de los grupos lo manifestó en la Junta».

El Gobierno afirmó que el borrador que se presentó a los grupos y ha sido enviado ya a los agentes sociales «es de una complejidad que justifica el tiempo necesario para su elaboración». Los portavoces de SPI y EH Bildu habían criticado que el documento era «un copia y pega» de un reglamento de Castilla La Mancha, a lo que el Gobierno respondió que en el texto, «efectivamente, se halla la Instrucción aprobada por el Gobierno de Castilla La Mancha en octubre de 2016 (la más moderna y completa) y también las de los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Madrid y Barcelona; junto con las propias instrucciones del Gobierno Vasco, o la legislación emanada del Parlamento autonómico y de las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa. Se han tenido en cuenta, desde luego, la moción presentada por ELA a finales de noviembre de 2016 y la totalidad de las aportaciones de los diversos servicios municipales».

El Gobierno aseguró que «especialmente en materia de contratación, la utilización de pliegos normalizados constituye un mandato legal a la par que una técnica ineludible para obtener la mayor seguridad jurídica», y que «además, se adaptan a la perfección al contexto local en que hayan de aplicarse. Quizás el desconocimiento de los procedimientos en la redacción de instrucciones legales como ésta, y el no haber preguntado al equipo redactor que estaba presente en la Junta de Portavoces, ha llevado a Bildu y SPI a sus críticas erróneas».

El proyecto de instrucción que se ha presentado como un borrador «sujeto a las mejoras, ha sido elaborado por un gabinete especializado a partir de la normativa europea, estatal, autonómica y foral en la materia, así como de iniciativas similares de todo el Estado y, por supuesto, los precedentes propios de Irun». El objetivo, según afirma el Gobierno municipal, «es que este texto lleve a la introducción de cláusulas o condiciones en los contratos que adjudique el ayuntamiento abarcando un amplio espectro de materias». Entre estas, menciona «la accesibilidad universal, el lenguaje no sexista, la sostenibilidad medioambiental, la transparencia, el cumplimiento de los convenios colectivos laborales, la prevención de riesgos, la formación continuada, la protección jurídica del menor, la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida familiar o la preferencia de las Empresas de Inserción y Centros Especiales, al igual que de personas en situación de discapacidad».