SPI propone «ampliar el ámbito de aplicación» de las cláusulas sociales

Sí Se Puede Irun hizo entrega ayer de sus aportaciones al reglamento municipal de cláusulas sociales. El documento se encuentra en estos momentos en fase de elaboración. «La importancia de las cláusulas sociales es crucial, porque aportan una perspectiva social a todas las contrataciones del Ayuntamiento», subraya el grupo municipal SPI. «Es una herramienta para mejorar los servicios que ofrece el Ayuntamiento, además de darle un componente de justicia social».

Entre las aportaciones que SPI ha realizado al documento, el grupo municipal destaca «la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del reglamento a todas las entidades participadas por el Ayuntamiento de Irun, como Irunvi o Bidasoa activa». SPI observa también «la necesidad» de aplicar las cláusulas sociales «a los contratos menores», así como que el seguimiento del cumplimiento de las mismas «se haga desde la mesa de contratación, y no solamente desde Alcaldía o la Junta de Gobierno».

El grupo municipal propone también que, en la fase de preparación de las licitaciones, se exijan «declaraciones responsables que corroboren la solvencia social de las empresas, de tal manera que sólo puedan licitar con el Ayuntamiento de Irun aquellas que vengan demostrando periódicamente un compromiso social, y no incurran en prohibiciones de contratar».

En lo que se refiere a la fase de adjudicación de los contratos, SPI considera necesario «establecer un criterio de baremación que marque de manera fija qué porcentaje representarán las cláusulas sociales en el momento de adjudicar». Y en la fase de ejecución, el grupo propone añadir al reglamento «la posibilidad de rescindir contratos en casos de incumplimiento de las cláusulas sociales, así como un régimen sancionador».

En sus propuestas, el grupo SPI ha añadido cláusulas sociales a los contratos de suministros; pidiendo, por ejemplo, «que los servicios de comida y bebida procedan del comercio justo», así como los suministros de vestuarios, ropa de trabajo, calzado o material deportivo. El grupo pide incorporar criterios sociales también a lo relacionado con el acceso a las tecnologías, atendiendo, entre otras, «a las personas con diversidad funcional».

Asimismo, en sus propuestas SPI ha añadido «referencias de otras localidades que entendemos relevantes para añadir más cláusulas sociales o darle una perspectiva diferente al borrador que se nos ha entregado». En este sentido, el grupo municipal cita documentos elaborados por los ayuntamientos de Madrid, Sevilla o Zaragoza, o por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. SPI recuerda también que «en ayuntamientos de Euskadi como Gasteiz, Barakaldo o Bilbao se viene trabajando en esta materia».