21 febrero 201700:05
La sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Irun se celebrará mañana a las siete de la tarde en la Sala Capitular del consistorio irundarra y se emitirá en directo por Teledonosti. Entre otros asuntos, los corporativos locales debatirán y votarán hasta cinco mociones presentadas por los grupos políticos, dos de las cuales llegan de Sí se Puede Irun, que ha dado a conocer previamente el contenido de las mismas.
En uno de los casos, lo que pretende este grupo es que el resto del Pleno se sume a su propuesta para instar al Gobierno Vasco a «aplicar la subida del 8% para 2017 a las personas preceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) correspondiente al aumento para 2017 del Salario Mínimo Interprofesional». SPI reclama que mientras el Gobierno Vasco ha anunciado que la RGI se actualizará conforme al IPC, la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social hace «una referencia clara al Salario Minimo Interprofesional».
Tasa a las eléctricas
SPI quiere también que el Pleno inste al Gobierno Vasco a igualar la RGI con el Salario Mínimo Profesional
Por otro lado, los ediles de SPI David Soto y Javier Oyarbide, junto con la miembro de Podemos Irun, Miren Etxebeste, dieron a conocer ayer el detalle de la segunda de las mociones que llevarán mañana al pleno. Se trata, en este caso, de solicitar al Gobierno municipal que inicie «los estudios y gestiones necesarias para la tramitación y aprobación, a través de la correspondiente ordenanza fiscal reguladora, de una tasa por la utilización o aprovechamiento del dominio público local por las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas o hidrocarburos».
Según contaron estos representante políticos, el año pasado, en las conversaciones previas que mantuvieron con el Gobierno local para la aprobación de los impuestos y tasas municipales, ya apuntaron esta idea. «La respuesta fue que era un tema complicado y que había que estudiarlo, pues las empresas afectadas estaban judicializando cualquier decisión de los ayuntamientos en este sentido», explicó Soto.
SPI solicita ahora que se analice la posibilidad de instaurar esta tasa «dado que una sentencia del Tribunal Supremo ha avalado decisiones que en este sentido han tomado otros ayuntamientos», advirtió Oyarbide. Lo que SPI pretende es que el Gobierno estudie las distintas posibilidades para aplicar tasas por conceptos como las líneas de transporte eléctrico, que de acuerdo con los fallos judiciales podría reportar entre 3.000 y 12.000 euros por kilómetro lineal al año (en función de la si la línea es de baja, media o alta tensión), o los kilómetros de gasoducto (entre 500 y 4.000 euros al año) cuando transcurran, ya sea al aire o soterrados, por suelos públicos. Etxebeste recordó que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004 estimó una tasa del 1,5% de la facturación que la empresa realice en el municipio.
