428 familias irundarras recibieron ayudas para afrontar el pago de su vivienda en 2016

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun gestionó el pasado año 1.071.000 euros entre las AES (Ayudas de Emergencia Social) y las Ayudas Especiales. Las primeras son una prestación del Gobierno Vasco que se gestiona desde los municipios. Las segundas, un recurso instaurado por el Ayuntamiento que sirve para atender aquellos casos que quedan fuera de los requisitos que establece el Ejecutivo Autonómico para el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o a las propias AES.

«Las condiciones para recibir AES las pone el Gobierno Vasco, que también hace una estimación de lo que cada Ayuntamiento va a necesitar y hace esa aportación», que en el caso de Irun ascendió a algo más de 640.000 euros. «Como ocurre todos los años, ese dinero resultó insuficiente para responder a las necesidades que hubo el año pasado en la ciudad y el Ayuntamiento destinó otros 262.000 euros para poder responder a las peticiones que recibimos hasta final de año», explicó ayer la responsable de Atención Primaria del área de Bienestar Social, Mila Holgado.

Para las Ayudas Especiales, «el Presupuesto municipal elevó los 140.000 euros destinados en 2015 a 180.000 euros», detalló Sergio Corchón, delegado del área, aunque al final sólo hubo que utilizar 166.000. «Así se alcanzaron los casi 1,1 millones de euros que se gestionaron en Bienestar Social el pasado año para estas ayudas, una cantidad relevante», valoró el concejal. Con esta cuantía se atendieron las necesidades de más de 750 unidades familiares que solicitaron una o varias ayudas. «Más de 600 recibieron prestaciones a través de la AES y con las Ayudas Especiales ayudamos a otras 157 familias irundarras», concretó Holgado.

Ambas iniciativas tienen como misión atender las necesidades básicas de quienes más problemas tienen y de entre todas esas necesidades, la más presente sigue siendo la vivienda. «Es una realidad diaria», confirmó Holgado. «Muchas familias tienen dificultades para afrontar el pago de su casa, ya sea en propiedad y estén pagando una hipoteca, ya estén de alquiler y lo que tengan que abonar sea una renta».

familias acudieron en 2016 a los Servicios Sociales municipales en una situación de riesgo de pérdida de vivienda. Algunos casos se pudieron resolver con ayudas; en otros el tener que dejar la vivienda era inevitable y se gestionó una solución, bien a través de ayudas para acceder a otro piso, bien ofreciendo recursos hoteleros en casos en los que las ayudas no iban a a llegar a tiempo.

326 de las AES gestionadas el pasado año en la ciudad tenían como destino que las familias solicitantes pudieran afrontar el gasto que les supone la vivienda; 102 de las ayudas especiales también. «428 familias recibieron alguna de estas prestaciones», resumía la responsable de Atención Primaria.

Cuando el caso llega pronto a su departamento estas ayudas «suelen servir para solucionar el problema». Pero en ocasiones, para cuando la trabajadora social entra en contacto con el padre o madre de familia («en la mayoría de los casos son las mujeres las que acuden al área»), la solución no es tan sencilla. En 2016, «81 familias tuvieron dificultades serias», comentó Holgado. «Hablamos de muchos meses de impago de renta o hipoteca, con grandes deudas y un riesgo grande de perder la vivienda. Cuando detectamos un caso de estos, hay que actuar con áun más celeridad para tratar de evitar el lanzamiento». Lo primero es que una abogada revise el caso para ver en qué situación se encuentra exactamente el proceso en el juzgado, «o si se trata de una hipoteca, para contactar con la entidad y ver qué medidas cabe tomar. En algunos casos se consigue reconducir la situación, pero en otros es imposible».

Son pocos los casos en los que la pérdida de vivienda se concreta y llegado ese momento, «lo que tratamos de hacer en el área es gestionar ayudas que permitan a esa familia acceder a una nueva vivienda en alquiler. Sólo si el lanzamiento es tan inminente que no dará tiempo a que llegue esa ayuda ni gestionándola por vía urgente, se recurre a las plazas en establecimientos hoteleros o en recursos públicos para situaciones de este tipo, pero esto no se da más que una muy pequeña minoría de los casos».

Hay una vía de contacto con el juzgado para conocer lo antes posible casos en los que el peligro de pérdida de vivienda es muy real y un trabajo en red con colectivos sociales en la mesa antidesahucios. Con todo, Corchón afirmó que los casos de riesgo de desahucio «son muchos menos que en 2013 y la mayoría es entre particulares, por impago del alquiler. En esas situaciones, hay una trabajadora social que realiza una labor mediadora para ver cómo se puede afrontar la situación».

Esa trabajadora está destinada a asistir casos en los que hay riesgo de pérdida de vivienda «y trabaja sin cita previa, atendiendo cualquier día a cualquier hora» para responder lo antes posible. Es parte del equipo de 16 trabajadoras sociales de esta rama del área de Bienestar Social que coordina Holgado y en la que también hay ocho administrativas con su propia responsable. Es un equipo al que «el pasado año incorporamos tres trabajadoras sociales y una administrativa más y dentro de lo posible queremos seguir reforzándolo en el futuro», aseguró el delegado