DONOSTIA. La Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó ayer el incremento de las tarifas que se abonan a diferentes entidades que tienen plazas concertadas con la institución en centros de inserción, salud mental, de personas mayores, con discapacidad o menores de edad, con el fin de sufragar el incremento salarial derivado de los convenios laborales suscritos en los distintos sectores.
De este modo, se financiará la subida en los sueldos de 5.500 trabajadores, que comenzarán a recibir en marzo las nuevas retribuciones con efectos retroactivos a 1 de enero de 2012, según informó el diputado de Política Social, Ander Rodríguez.
El responsable foral explicó que, debido a los ajustes presupuestarios que la Diputación ha tenido que realizar ante la situación económica, este año el Departamento de Política Social ha decidido congelar la financiación de costes de las plazas concertadas.
Sin embargo, se aplicará una excepción con el fin de "garantizar los derechos laborales de los trabajadores de los diferentes sectores". Por ello, ha decidido disponer un gasto adicional sobre el inicialmente aprobado por el Consejo de Diputados por importe de 5.700.000 euros. "De este modo, se garantiza tanto la estabilidad económica de las entidades gestoras como el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores", destacó Rodríguez.
El diputado subrayó que la mayor incidencia de este acuerdo podrá verse en el caso de las residencias y centros de día para mayores y personas discapacitadas, que experimentarán un incremento del 2,8% en la tarifa que abona la Diputación, lo que permitirá aplicar incrementos salariales a casi 5.000 trabajadoras.
En cuanto a la atención de menores en situación de desprotección, supondrá un incremento de más de 1.500.000 euros, un 15 % sobre la tarifa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y afectará a unas 400 personas empleadas en Gipuzkoa.
El Departamento de Política Social mantiene, asimismo, diversos convenios de colaboración con alojamientos de inserción social, en los que se ofrecen servicios tales como alojamiento, manutención, intervención rehabilitadora y formativa, acompañamiento social, así como apoyo a la incorporación laboral.
En este caso, la plantilla de trabajadores asciende a 110 personas, con un incremento medio del 6% y un impacto económico de 533.751 euros. La mejora del convenio del personal de atención a personas con enfermedad mental en el territorio, por otra parte, afectará a un total de 31 personas, con un incremento de la tarifa de un 1,09 % y un coste adicional de 6.500 euros para la Diputación
