El debate sobre la atención a las personas dependientes tras el incremento del copago y el recorte del 15% a 22.881 ayudas por cuidados familiares de Euskadi, dos medidas aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros, no solo tiene como trasfondo la actual falta de recursos económicos. A medio plazo, con recesión e intervención europea o sin ellas, están en juego, por un lado, el futuro de la atención a las personas mayores en un país cada vez más envejecido y, por otro, la forma en que la pagarán los contribuyentes.
Ese dilema explica la polémica del Gobierno Vasco y las diputaciones sobre la financiación: cómo sostener, en plena caída de la recaudación fiscal, unos servicios y ayudas públicos que fueron diseñados antes de que estallara la crisis. ¿Se rebajan las prestaciones? ¿Se crean nuevos impuestos para pagarlas? ¿Se aprovechan los que existen?
Las tres preguntas planean sobre la Ley estatal de la Dependencia, que fue reformada a la baja el viernes por el Gobierno central, y sobre la Ley vasca de Servicios Sociales, la norma que regula las prestaciones en Euskadi desde 2008. Las respuestas conciernen a todas las administraciones de la comunidad. A las diputaciones, que tienen las competencias fiscales y gestionan los servicios sociales en Euskadi; a los ayuntamientos vascos, que se encargan de parte de la atención, y al Gobierno de Vitoria, con competencias legislativas y de coordinación. Todos han de negociar el decreto más peliagudo de los que desarrollan la Ley de Servicios Sociales: el de financiación. Y el primero en lanzar una propuesta, en periodo preelectoral, ha sido el Ejecutivo de Patxi López, quien ha pedido a los tres diputados generales -de Álava (PP), Bizkaia (PNV) y Gipuzkoa (Bildu)- que dediquen el impuesto de sucesiones a la dependencia.
La idea no es original. En Gran Bretaña, la defendió el Partido Laborista cuando Gordon Brown era primer ministro. Millonarios estadounidenses y de la Unión Europea comulgan con la filosofía de que los ricos paguen más. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales cree que, si Euskadi equipara la recaudación del gravamen sobre las herencias a los niveles europeos, de modo que ese impuesto represente el 0,3% del PIB vasco (hoy solo llega al 0,12%), podría obtener 195 millones de euros; suma equivalente al 42% de lo que se dedica a la atención de las personas mayores en la comunidad autónoma.
«No renuncio al acuerdo»
«No renuncio a alcanzar un acuerdo sobre el decreto de financiación en la recta final de la legislatura», ha declarado la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, a este diario. «Respecto a si es el mejor momento para hablar, solo digo que desde que estoy en el Gobierno Vasco nunca ha sido el mejor momento de nada», ironiza.
En realidad, el Gobierno Vasco ya ha apalabrado con las diputaciones y con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) otros dos decretos que desarrollan la Ley de Servicios Sociales. Uno define la cartera de prestaciones a las que tienen derecho los vascos, y el otro establece el copago (excluyendo el piso habitual para determinar la capacidad económica del usuario, lo que choca con la reforma que acaba de aprobar la Administración central). Ambos textos están listos tras dos años de negociaciones. «Pero no los aprobaremos hasta que se resuelva la financiación», aseguró Zabaleta.
De momento, la idea de que el impuesto de sucesiones sea un 'impuesto finalista' aparece en un artículo de la revista 'Gizarteratuz' (número de marzo). El texto explica que los territorios vascos han eximido habitualmente a los ciudadanos de ese concepto, «al menos cuando se trata de herederos con lazos familiares de primer grado». Gipuzkoa ha realizado algunos cambios, pero con limitaciones. De ese modo, la recaudación por sucesiones se sitúa en el País Vasco en el 0,12% de su PIB entre 2005 y 2009. No obstante, señala la revista, si se alcanzaran las recaudaciones de Francia o Bélgica (0,46% y 0,47% del PIB, respectivamente) se podrían destinar a la dependencia 260 millones de euros, más de la mitad de lo que ahora Euskadi gasta en esa partida.
En teoría, la Diputación de Gipuzkoa no le haría ascos a esa fórmula u otra parecida. Pero los otros dos gobiernos forales no han tardado en criticarla. El diputado general alavés, Javier de Andrés, aseguró la pasada semana que en la UE no son posibles los 'impuestos finalistas' y avisó de que la fiscalidad es una competencia foral. La diputada vizcaína de Acción Social, Pilar Ardanza, también pidió al Gobierno Vasco que se ciña a sus competencias.
La cuestión es concretar cuántos escalones por encima quiere mantenerse Euskadi respecto al mínimo estatal de la dependencia, una vez que el Ministerio de Sanidad ha rebajado o ha demorado las prestaciones básicas que deben ofrecerse en toda España. Y, sobre todo, una vez que se ha reducido la aportación de la Administración central a las autonomías.
Los cuatro principales partidos vascos involucrados en la negociación -PNV, Bildu, PSE y PP- pueden echar un vistazo al exterior. El Reino Unido no es el único que ha hecho números; en su caso, con los impuestos. Hay otros países y otras opciones. Cuando Francia y Alemania desarrollaron sus sistemas de dependencia, eligieron la vía de suprimir un día festivo a los trabajadores y crear una cotización laboral para financiar el gasto social en general. Ya nada es gratis.
