Desde el 1 de enero, toda persona que tenga un empleado de hogar en su casa debe darle de alta en la Seguridad Social, como en cualquier trabajo, aunque éste se desempeñe en la privacidad de un domicilio o lo haga durante unas pocas horas a la semana. La entrada en vigor de la nueva regulación del servicio doméstico busca igualar las condiciones laborales de un colectivo sobre el que se han cebado los abusos y el fraude, a la vez que hacer aflorar empleos ejercidos al margen de la legalidad. En Euskadi hay casi 106.000 hogares que tienen servicio doméstico, con un total de casi 90.000 trabajadoras, según un estudio que publicó el año pasado el Gobierno Vasco.

El informe, que se realizó a través de 6.000 encuestas telefónicas, permitió un mejor conocimiento de un sector en el que ocho de cada diez empleadas (unas 72.000) no están afiliadas a la Seguridad Social. Pese a este dato, no cabe hablar en todos los casos de economía sumergida, ya con el anterior régimen no era obligatorio cotizar si se trabajaba menos de veinte horas semanales. Se calcula que alrededor de un 7% (5.040 personas) se ajustaba a esta condición y que el resto, unos 68.000 empleos, sí se ejercían fuera de la legalidad.

El cambio de ley obliga ahora a cotizar desde la primera hora, lo que debería suponer que se regularizara la cifra mencionada de los 72.000 empleos. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. «La reforma es un paso adelante hacia la equiparación del sector con el resto de trabajadores, pero no esperamos ningún aluvión de contratos», ya que la tentación de permanecer en el empleo sumergido seguirá presente, asume Isabel González, asesora laboral de Comisiones Obreras en Donostia y responsable de informar sobre la reforma de la Seguridad Social a empleadas y empleadores.

El sector parte de una situación muy desfavorable caracterizada por la precarización de las condiciones laborales. El estudio del Gobierno Vasco resaltaba que uno de los factores que han contribuido a esa depreciación del colectivo ha sido «la necesidad inmediata de dinero, lo que se ha traducido en un descenso del umbral de exigencia laboral». Los abusos han 'atacado' desde diferentes flancos, pero uno de los que han proliferado han sido las agencias privadas de intermediación, a pesar de que sólo son legales las que tienen autorización del INEM. En un sector «peculiar», muchas trabajadoras no encontraban suficiente aliciente que justificara su afiliación, porque no les compensaba económicamente ni valoraban tener una situación regularizada. El sector suele ser, además, una salida para las personas que quieren completar su salario 'oficial' con un dinero extra que no se cotiza. Muchas de ellas seguramente preferirán seguir desempeñando su trabajo al margen de la ley.

La propia flexibilidad de la anterior norma ha dado como resultado un amplio abanico de situaciones que ahora deberán convergir en la nueva normativa. La regulación ya liquidada, que sindicatos y trabajadores consideraban del todo anacrónica, permitía no cotizar si se trabajaba menos de 20 horas a la semana, lo que dejaba muchas horas de trabajo fuera de la economía regular. También contemplaba la posibilidad de cotizar por cuenta propia del trabajador si el empleado trabajaba al menos 72 horas mensuales para más de un hogar.

Ahora el empleador pasa a ser un «empresario del hogar», define González, y deberá asegurar a la persona que desempeña las tareas domésticas, repartiéndose la carga de la cotización entre las dos partes, según lo establecido por la ley (la cotización es un 23,10% de la base, y la carga se reparte entre los dos interesados: la empleadora paga un porcentaje del 19,40% de la base, la trabajadora un 3,7%).

Además de cotizar todas las horas, la regulación introduce una serie de mejoras en materia de derechos que los empleados pueden exigir, lo que les acerca al resto de trabajadores del régimen general. Queda fuera, de momento, la posibilidad de cobrar el paro, una de las reivindicaciones históricas, pero consagra otros avances: el salario en metálico no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional para trabajadoras a tiempo completo, se podrá acceder en el futuro a una pensión por invalidez o jubilación, se recoge el derecho a cobrar la baja a partir del cuarto día de enfermedad o accidente (antes era a partir del día 29), así como la baja por maternidad, y se obliga a tener un contrato escrito donde se fijan las condiciones de trabajo (vacaciones, salario, retribución en especie, derecho a pagas extra...).

El texto establece un periodo transitorio de seis meses, hasta el 1 de julio, pero la sensación de que los implicados no se han dado por aludidos es común entre los consultados. «Falta todavía un cambio de mentalidad, por parte de los empleados y también de los empleadores, a quienes cuesta asimilar que deben formalizar a través de un contrato escrito una actividad que antes se acordaba de palabra» dentro de la economía familiar, añade la responsable del sindicato.

La casuística es infinita, y los problemas del desarrollo de la normativa, también, apuntan desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la única de estas características en Euskadi que agrupa al colectivo de empleadas del hogar. Para empezar, las familias que ahora pasan a ser 'jefes' del hogar miran con recelo a un texto que les obliga a ejercer de empresarios, incluida la incómoda tarea de papeleos y trámites. Para facilitar esta tarea, la entidad ha colgado de su página web ('www.ath-ele.com') varios modelos simplificados, además de documentos con información práctica.

La asociación considera «positiva» la reforma, pero con muchos matices. Una de las principales reticencias del colectivo es el cambio que supone la cotización, que pasa de ser una única cuota a variar la cantidad en función de las horas que se trabajan. «Otro de los miedos es que los empleadores se nieguen a regularizar la situación de las trabajadoras. En el caso de las empleadas que cotizaban por cuenta propia, por ejemplo, solicitar el alta en la Seguridad Social supone denunciar a su empleador si éste no está de acuerdo y, por tanto, muchas van a optar por dejar de cotizar. Entre un empleo y un contrato, eligen un empleo», explica Isabel Otxoa, de la asociación vizcaína, que reclama un aumento de las inspecciones para que no se pierda la efectividad del texto legal. «En la práctica -añade-, hasta que la Inspección de Trabajo no actúe de oficio con multas a las situaciones irregulares, no calará la conciencia de que igual que se hace con otras profesiones, el sector del servicio doméstico también debe cotizar. Tendría que ser muy delictivo no querer dar de alta a una empleada del hogar, pero ahora estamos acostumbrados a una impunidad tremenda en el sector».

Sindicatos y asociaciones animan a las empleadas a denunciar cualquier irregularidad, pero sobre todo reclaman a la Administración que persiga cualquier actuación ilegal. «Denunciar al empleador es una situación muy violenta para la empleada, a quien siempre le retrae el miedo a perder el trabajo. Sin embargo, si la inspección actuara de oficio y les protegiera, cambiarían las cosas», coincide Isabel González. «Con el tiempo -confía- se verá que es más contraproducente para ambas partes no tener contrato de trabajo, porque el contrato recoge una serie de derechos del trabajador pero también deberes hacia el empleador».

pie de foto:Las empleadas de hogar cobran una media de 7,30 euros la hora. :: AP

Para la asociación vizcaína hay otro punto que merece atención. Se trata de los descuentos del salario por comida y alojamiento, dos conceptos cuya cantidad queda especificada en la ley a través de un porcentaje (fija un máximo del 30% por la suma de todos los conceptos en especie: desayuno, comida, cena y alojamiento) y no a través de una cantidad fija, como así se hace en otros países para evitar abusos, critica Isabel Otxoa, de la asociación. «Eso nos parece una vergüenza, más si cabe cuando el convenio de la Organización Internacional del Trabajo -que aceleró el cambio legislativo en España- defiende que el salario que se cobre en especie debe estar cuantificado», explica. Pero el documento no tiene un carácter vinculante. Es más bien un manual de buenas prácticas que España, denuncia, aún no ha ratificado.