La tasa de residuos se disparará un 20% para quienes no separen el orgánico

La Asamblea de Servicios de Txingudi se reúne mañana para votar, entre otras cosas, el precio que en 2017 tendrán para los ciudadanos de Irun y Hondarribia los servicios de suministro y saneamiento de agua y de gestión de residuos.

Los concejales de EH Bildu en Irun y Hondarribia, Oinatz Mitxelena y Lore Erriondo, respectivamente, podrán acudir por primera vez en este mandato a la Asamblea de la Mancomunidad como miembros de pleno derecho. Ayer comparecieron junto a la sede central de Servicios de Txingudi para anunciar que no comparten la propuesta de subida de tasas que pretende la empresa pública. Mitxelena adelantó los números que los gestores de la empresa pública presentarán ante la Asamblea: una subida del 2,98% en la factura del agua y, en el caso de los residuos, de un 3,78% para los hogares adscritos al contenedor marrón y de un 20% para los que no lo están. «Compartimos que se haga esa diferenciación. Es un camino en el que nos podemos encontrar», aseguraba el edil irundarra.

La discrepancia llega en la cuantía de una subida derivada del incremento que GHK, el consorcio guipuzcoano, ha aplicado a todas las mancomunidades para el ejercicio presente y el próximo. «Dirán que la gestión que hizo Bildu en GHK es la responsable de la situación, pero tenemos claro que la causa real es la construcción de la incineradora. El dinero para esa infraestructura no debería salir del bolsillo de los ciudadanos». Criticó que actualmente «las tasas de GHK son más caras que las que cobra un vertedero o un gestor de residuos privados. Eso no puede ser», dijo, y recordó el debate sobre «si debemos ser parte de GHK o no que el PP de Irun puso sobre la mesa hace unos años».

En la tasa del agua, Mitxelena atribuyó el incremento a la necesidad de financiar el plan decenal de inversiones 2016-2025 que, también en la Asamblea de mañana, pretende aprobar la Mancomunidad. En ese documento «se plantean casi 45 millones de euros de gasto en obras en los diez próximos años. No dudamos de que sean necesarias, pero creemos que deberían plantearse a más largo plazo para que la repercusión en la tasa del agua sea menor y no sigamos añadiendo presión a los ciudadanos dada la situación actual».