Donostia e Irun suspenden el cobro del impuesto de plusvalía a la espera de su reforma forzada

Varias semanas después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara y anulara parcialmente en Gipuzkoa la norma del impuesto de plusvalías que grava la venta de inmuebles, los ayuntamientos aguardan la llegada de una nueva directriz y de una serie de recomendaciones por parte de la Hacienda foral y del Gobierno español. Pero no lo hacen de brazos cruzados. Algunos de ellos, los más importantes del territorio, San Sebastián e Irun, ya han decidido suspender el cobro de este impuesto hasta que se reforme la norma y se implemente una fórmula con una seguridad jurídica total para que los cobros que se realicen se hagan de forma correcta.

Los asesores jurídicos preveían que durante las primeras semanas tras la resolución del TC llegarían decenas de reclamaciones a los consistorios por parte de contribuyentes que consideren que en los últimos años vendieron su vivienda con pérdidas y que aún así tuvieron que abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, casuística anulada en su auto por el Constitucional. Pues bien, como en todo, la lluvia no ha mojado de la misma forma a todos los municipios. En Donostia se han registrado en pocos días 116 reclamaciones tras la sentencia del TC (existían 50 recursos previos); en Irun también creció la cifra pero no de forma excesiva la solicitud de revisión de casos, y en otros ayuntamientos como Eibar, Errenteria, Zarautz, Hondarribia o Arrasate, la lluvia ha sido más bien fina y apenas han llegado afectados de momento. En Zumarraga, por ejemplo, tan solo han recibido la llamada de un contribuyente solicitando información.

Así como cada operación puede tener sus particulares características -desde 2013 se han ejecutado más de 15.000 traspasos de viviendas en el territorio y según la sociedad de tasación Tinsa 5.500 podrían haberse vendido a un valor inferior al de adquisición-, cada consistorio sufrirá un efecto distinto al resto por su exposición o no al tributo y su dependencia de esta fuente de ingresos, lo que puede variar el roto que pueda hacer a sus cuentas. Según las últimos datos del departamento de Hacienda y Finanzas en torno a la recaudación de este gravamen, en 2015 los ayuntamientos de Gipuzkoa ingresaron 25 millones de euros por este concepto. Esa cuantía refleja que la media en la que afecta a cada consistorio el impuesto gira alrededor del 2,5% del total. Pero como ha podido palpar DV, el peso es mayor en los consistorios más grandes -por el volumen de operaciones que se registra anualmente- que en los menores.

En Irun, por ejemplo, ese porcentaje con respecto a los fondos que forman el presupuesto municipal si que alcanza o ronda el 2,5% ya que el consistorio recauda algo menos de dos millones al año y el presupuesto para este ejercicio será de 70 millones. En el otro extremo se pueden encontrar localidades de tamaño medio como Zumarraga, donde los ingresos por este gravamen apenas alcanzan los 60.000 euros al año en un presupuesto que ronda los 12 millones de euros. Su dependencia, por tanto, es de apenas el 0,5%, lo que no significa, como subraya su alcalde Mikel Serrano, «que sean unos ingresos desdeñables porque cualquier partida es necesaria para llevar a cabo las inversiones previstas».

Mientras el grueso de los municipios del territorio espera que las Juntas Generales redacten y aprueben una nueva norma para, como solicita en su auto el TC, «no se someta a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana» y en Donostia e Irun se toman medidas excepcionales, técnicos de Eudel y de la Hacienda foral han comenzado a trabajar en grupo para tratar de contabilizar el efecto que puede tener en los consistorios la sentencia del TC y tomar una serie de medidas «que garanticen los intereses de ambas partes», tanto de contribuyentes como de los propios municipios.

La decisión de formar un grupo de trabajo para analizar con detenimiento la sentencia fue tomada en la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde además también se decidió modificar la normativa del IRPF para incluir la exención de tributación de los intereses que los contribuyentes perciban por las cláusulas suelo. Aunque no figuraba en el orden del día, desde Eudel se reclamó que se formara un grupo técnico para poder «delimitar» el perjuicio que puede crear este pronunciamiento del TC, «primero en Gipuzkoa pero que afectará también a Álava y Bizkaia».

25 millones de euros ingresaron los ayuntamientos de Gipuzkoa en 2015 por el cobro del impuesto municipal sobre las plusvalías.

2013 es el año desde el cual, en un principio, se podrían reclamar las cuantías abonadas indebidamente en casos de venta a pérdidas.

5.500 traspasos se habrían cerrado en pérdidas en Gipuzkoa desde 2013, según Tinsa. En Álava serían 2.400, en Bizkaia, 9.000 y en toda España 550.000.

Tanto el fisco foral como los ayuntamientos parten de una premisa principal, «proteger los derechos del contribuyente y no perjudicarle». En ese sentido, desde Donostia ya han anticipado que si se constata documentalmente que en las transmisiones se produjo minusvalía del valor patrimonial, «el Ayuntamiento devolverá el dinero a los ciudadanos».

Como admiten los asesores fiscales, cualquiera que tenga las escrituras de compra y de venta que reflejen esa operación en pérdidas podría acudir a su consistorio a reclamar que le devuelvan el impuesto de plusvalía abonado indebidamente, siempre y cuando esa operación no haya prescrito -el plazo es de cuatro años-. Aunque los propios expertos fiscales apuntaban que sería en los propios consistorios donde se registraría un aluvión de reclamaciones, de momento, y como ha podido comprobar este periódico, está siendo en las propias asesorias donde se está produciendo ese embudo de casos y se está tratando en ellas de realizar el primer filtro de expedientes antes de llegar a las entidades locales.

Para tratar de simplificar aun más esta cuestión, en Irun están ultimando una serie de impresos que los contribuyentes afectados puedan rellenar y aporten junto a ellos la documentación pertinente para analizar su caso y en Donostia una unidad específica está atendiendo los recursos y apuntan que, de media, cada reclamación asciende aproximadamente a 3.000 euros.