Vendedores ambulantes protestan por las nuevas bases para la adjudicación de puestos

Vendedores ambulantes que participan en el mercadillo de los sábados de la plaza Urdanibia recogerán hoy firmas contra las nuevas bases reguladores para la adjudicación de puestos de venta. La aplicación de la nueva ordenanza municipal, que se actualizó para adaptarse a su vez a una directiva europea, exige a los actuales adjudicatarios, y a todo aquel que quiera optar a un puesto, que se presenten a un concurso público.

Un grupo de vendedores dio a conocer ayer un manifiesto suscrito por la Asociación de Vendedores Ambulantes de Gipuzkoa, Euskal Herriko Gazte Asamblada y el Colectivo de Vendedores Ambulantes de Irun, y que cuenta también con el apoyo de partidos políticos locales de la oposición. En dicho comunicado, manifestaron que «venimos ejerciendo nuestra actividad en la plaza Urdanibia con una considerable antigüedad», en algunos casos desde hace «treinta años».

Los firmantes reivindican que a las nuevas bases «les falta un punto donde se recoja el trabajo y la antigüedad de los vendedores ambulantes», que «hemos mantenido el mercadillo activo con nuestros puestos, generando beneficios al Ayuntamiento, generando comercio y cumpliendo nuestro compromiso con el pueblo. ¿Y ahora qué?», se preguntaron. «¿Hay que sortear los puestos de trabajo con qué fin? ¿Qué tipo de igualdad es esta, donde en realidad se quiere quitar el trabajo del que lo ha cuidado durante tanto tiempo?».

Los vendedores ambulantes piden que «las autorizaciones municipales para la venta no sedentaria o ambulante que, a la entrada en vigor de esta ordenanza, se encuentren vigentes, queden prorrogadas automáticamente, hasta que sus titulares cesen la actividad o se jubilen». Asimismo, reclamaron «soluciones para todos» al Ayuntamiento, Ararteko y Gobierno Vasco; y mencionaron «supuestos similares» al que se ha dado en el mercadillo de Irun «en los que los municipios en cuestión han tomado medidas no perjudiciales para los trabajadores de venta ambulante que en ellos venían ejerciendo su actividad», citando los casos ocurridos en ciudades de «Murcia, Cataluña, Madrid y Canarias».