Presupuestos con alto consenso

El Ayuntamiento tiene ya el presupuesto que guiará su actividad durante el presente año. Lo aprobó ayer con 17 votos: los 15 que suma la coalición de gobierno de PSE y PNV y los 2 del PP, que optó por posicionarse a favor tras una negociación en la que logró incorporar al documento nueve de sus enmiendas parciales. Sí se Puede Irun y Euskal Herria Bildu, tras haber presentado sendas enmiendas a la totalidad que no salieron adelante, votaron en contra.

El borrador inicial para las cuentas del consistorio que presentó el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, era de 69,7 millones (75,4 en la versión que incluye también a los organismos municipales como Bidasoa activa, Ficoba, Blaia, Consorcio Transfronterizo e Irunvi). El Gobierno había reservado casi 700.000 euros para negociar enmiendas de los grupos de la oposición, de los que finalmente incorporaron 601.000, dejando otros 97.000 para futuras modificaciones de crédito.

Páez presentó una propuesta presupuestaria «con dos fundamentos primordiales: seguir ofreciendo a los iruneses garantía de estabilidad y buena gestión en su Ayuntamiento» y «seguir manteniendo la calidad de servicios y de vida sin dejar de incorporar mejoras y nuevos proyectos para la ciudad».

Aseguró que las cuentas presentadas «son fruto de la escucha activa y la participación permanente» y que «sustentan un proyecto de ciudad al que nuestros vecinos dieron su apoyo mayoritario en las recientes elecciones municipales». Recordó que incorpora también «una importante batería de acciones resultante del proceso de presupuestos participativos».

Detalló algunos de los grandes números, citando, por ejemplo, que el 33% del gasto corresponde a personal («incluido el compromiso de que los trabajadores recuperen en estos 4 años la pérdida de masa salarial del 5,6%, producida en años anteriores») y otro tercio al «funcionamiento de los diversos servicios municipales». Las políticas sociales, «dirigidas a los que peor lo están pasando, mayores, educación, juventud... suman, en ayudas directas, 13 millones de euros». Enumeró muchos de los proyectos previstos (ascensor de Luis Mariano; obras para la piscina lúdica en el Tenis Txingudy; reforma del frontón Uranzu; reurbanizaciones en Arbes, Wollmer y las calles Hondarribia, Cipriano Larrañaga, San Marcial y Pío Baroja: compra de viviendas para destinarlas a alquiler público; traslado del transformador de Larreaundi) y remitió para el resto al documento «colgado en la web municipal».

En esta intervención inicial, Páez pidió «diálogo» y citó el Pleno del Ayuntamiento de Irun como «ejemplo de entendimiento más allá de las siglas». Al margen de las legítimas (y profundas) discrepancias políticas, la sesión se desarrolló con sumo respeto y marcada voluntad de acuerdo entre Gobierno y oposición. Fue precisamente Páez el único que elevó el tono a la hora de responder a las enmiendas a la totalidad que defendieron Bildu y SPI. Se corrigió y supo rebajarlo para encarar la parte de las enmiendas parciales en un ambiente más adecuado para el entendimiento, que sin duda fue favorecido por los tres grupos de la oposición.

A pesar de gozar de mayoría absoluta, la coalición gobernante asumió, directamente o con alguna variación, hasta 15 enmiendas de los otros grupos: 9 del PP (que había presentado 20 y retiró 9) por valor de 380.000 euros, 3 de SPI (que presentó 14 y retiró 5) por 110.000 euros y otras 3 de EH Bildu (que llevó al Pleno 19 y retiró allí 4) que sumaban otros 110.000.

A que se lograran estos acuerdos contribuyó el buen clima en esa fase del Pleno, pero también los esfuerzos negociadores del delegado de Hacienda durante las semanas previas, como le reconocieron los portavoces de SPI, EH Bildu y PP.

De entre todo lo que se discutió, merece mención aparte la vivienda. Todos los grupos de la oposición llevaron propuestas relativas al alquiler protegido, aunque dado que SPI y Bildu no aceptaron la transacción que les propuso el Gobierno, las suyas decayeron. La que salió adelante fue la del PP, no en los números que proponía, pero sí en su concepto, llamativo por diferente. Lo que los populares querían era una partida anual de un millón y medio para adquirir VPO de venta que no se haya adjudicado y ponerla en el mercado de alquiler protegido. Lo que obtuvo fue 350.000 euros anuales para adquirir 10 pisos durante el presente mandato. No se trata tanto de la cuantía, que siempre es importante, como de asumir un cambio en el modelo de promocionar vivienda pública de alquiler y que obligó a varios ediles a recordar al exconcejal de Ezker Batua Manuel Millán, quien durante años predicó en solitario postulados en esta línea.

Del propio Grupo Popular se incorporó la mejora de la barandilla del puente Avenida, de la entrada al Mercado Uranzu y de la iluminación de un tramo de Osinbiribil; un estudio para mejorar los accesos al parque Mendibil y otro para diseñar las futuras marquesinas, así como un refuerzo de las ayudas sociales y alguna otra cuestión más. De SPI entraron 30.000 euros para actividades del área de Juventud, otro tanto para actividades musicales periódicas y 50.000 con los que eliminar barreras arquitectónicas en la ciudad. De EH Bildu, 50.000 euros para que el CBA adquiera nuevos fondos bibliográficos, 10.000 para realizar cursos de sensibilización hacia el euskera entre los trabajadores del Ayuntamiento y 50.000 para buscar soluciones a edificios de la ciudad cuya difícil accesibilidad coloca en riesgo de aislamiento a sus residentes.

Páez pudo cumplir así la anunciada voluntad de incorporar propuestas de todos los grupos y, tras «un debate desde la diferencia», conseguir «un presupuesto más consensuado que el que había. Mañana empieza lo duro, que es gestionar todo esto y para lo que espero contar también con la ayuda de todos los grupos».