Hasta hace dos años y medio Mari Mar Salazar, una basauritarra de 38 años, tenía «una vida normal». Como cualquier otra persona se levantaba temprano para ir a trabajar, aprovechaba el fin de semana para hacer planes con sus amigos, pagaba sus impuestos y ganaba un sueldo digno con el que se podía permitir algunos caprichos. Pero todo lo conseguido con años de esfuerzo se desmoronó de repente. La crisis se llevó por delante el pequeño taller de Amurrio donde estaba contratada como soldadora y, a partir de entonces, pasó a engrosar las listas del paro. Los días se fueron sucediendo, el mercado laboral empeoró y el subsidio de desempleo tocó a su fin. «Es en ese momento cuando eres consciente de lo difícil que lo tienes», reconoce. Fue entonces cuando decidió solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI) y gracias a los 612 euros que recibe todos los meses puede seguir sobreviviendo de manera autónoma.
Pero al igual que para más de 7.000 ciudadanos residentes en Euskadi, su única fuente de ingresos se encuentra ahora en peligro. El Gobierno Vasco dice que no están localizables, y éste es uno de los requisitos indispensables para que sigan recibiendo la prestación. Esta obligación tiene como objetivo facilitar la comunicación entre las instituciones y el interesado para informarles sobre las posibles ofertas laborales o de formación. Sin embargo, Mari Mar asegura que recibe las cartas en su antiguo domicilio a pesar de que cuando ella firmó los papeles para optar a la ayuda social ya vivía en su actual dirección y es la que utilizó para darse de alta. «Menos mal que en la casa donde vivía ahora lo hace una amiga y me avisa de todas las circulares, porque si no, ni me habría dado cuenta», reconoce.
Esta situación fue duramente criticada ayer en Bilbao por diversos colectivos sociales, que se reunieron para denunciar el «mal funcionamiento» de Lanbide, que ha asumido la competencia recientemente y que en algunos casos podría estar enviando las cartas a direcciones equivocadas a pesar de que «hay mucha gente que ha notificado su cambio de residencia». Javier Sierra, representante de la asociación 'La Posada de los Abrazos', criticó además la «criminalización» a la que están sometidas en los últimos meses las personas que cobran las ayudas.
Vergüenza y supervivencia
El problema surgió cuando el servicio vasco de empleo tomó el relevo de las diputaciones y ayuntamientos en la administración de estas ayudas y envió por correo certificado una carta a cada uno de los subsidiados para ponerles al corriente de esta nueva situación e informarles de que su percepción pasaba ahora a estar vinculada a la búsqueda activa de empleo.
De esas 56.000 misivas, Lanbide recibió de vuelta 7.006. Este hecho fue considerado por el Gobierno de Lakua como una grave irregularidad y un indicio de que esas personas no residían en la dirección señalada. El fantasma del fraude comenzó entonces a sobrevolar y ahora el Ejecutivo de Patxi López se dispone a remitir una segunda remesa advirtiendo a los supuestos desaparecidos de que deben ponerse en contacto con Lanbide bajo pena de perder la ayuda social.
Otro de los casos que ilustraron la protesta de ayer fue el de Roberto Vecino, un baracaldés de 32 años que se quedó en paro hace cuatro después de que la actual coyuntura económica golpeara con especial crudeza al gremio de la construcción. El pasado 27 de julio tramitó su cambio de dirección en una oficina de la Diputación vizcaína y, a pesar de que tan sólo hace dos meses una asistenta le confirmara que en sus archivos así constaba, los avisos de esta institución le siguen llegando a su antiguo piso. «He vuelto a avisar por segunda vez de que me he mudado, pero aún así me siguen llegando las cartas a mi antiguo domicilio y, mientras tanto, el que supuestamente está cometiendo un fraude soy yo», afirma. «Estas ayudas son mi única manera de poder seguir comiendo», apostilla.
Al igual que Roberto, Mari Mar no pierde la esperanza y sigue formándose. Sin embargo, advierte de un claro peligro: «ahora que vivo el tema de los subsidios desde este otro lado me doy cuenta de que me da hasta vergüenza decir que las cobro. Nos hacen sentir como criminales», asegura. «Ahora se han convertido en mi modo de subsistencia, pero cualquiera puede acabar así».
