26 agosto 201600:45
El grupo de trabajo formado para elaborar un reglamento de participación ciudadana sigue dando nuevos pasos, según ha informado el departamento de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. Compuesto por grupos políticos y diversos colectivos de la ciudad, a finales del mes de julio celebró la última sesión hasta la fecha, «que sirvió para poner en común los avances más recientes y estudiar los próximos movimientos», señalan desde el área de Participación Ciudadana.
La estructura de este reglamento está ya redactada. En ella, se fijan fundamentalmente los ámbitos de actuación y los objetivos que persigue el documento final. Esta estructura fue presentada en una reunión pública celebrada en el Museo Oiasso el pasado mes de mayo, con el fin de darla a conocer a toda la ciudadanía y recoger aportaciones de todas aquellas personas que estuvieran interesadas en participar. Esta estructura servirá de base para pasar a configurar el articulado que dará cuerpo al reglamento de participación.
La redacción del articulado «requerirá tener resuelto cualquier interrogante que pueda surgir en relación al marco legal vigente», añaden desde el área de Participación Ciudadana. «Por ese motivo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian y realizan un seguimiento del proceso para que el reglamento final cuente con todas las garantías legales».
Esta circunstancia fue uno de los asuntos de los que se dio cuenta en la reunión del grupo motor del reglamento, que tiene previsto reunirse en próximas fechas para seguir con el trabajo. Igualmente, esta información fue trasladada a todos los grupos políticos en una reciente convocatoria de la Junta de Portavoces.
Compromiso de Gobierno
La elaboración de un reglamento de participación ciudadana fue uno de los compromisos fijados en el programa de Gobierno. En el acuerdo 'Un pacto por Irun' firmado por socialistas y jeltzales la confección de un reglamento de participación ciudadana figura como una de las medidas que ha de tomarse en el presente mandato. El objetivo que persigue el grupo de trabajo creado al efecto es «alcanzar un documento que siente unas bases mínimas para garantizar una participación ciudadana permanente y real y diseñar una normativa basada en la importancia de la opinión y la acción ciudadana».
