2 febrero 201601:02
El Ayuntamiento de Irun ha ofrecido a los vecinos del número 9 de la calle Korrokoitz «otras alternativas para evitar el derribo de la casa», según ha informado el delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy a la Junta de Portavoces. Dichas alternativas se propusieron durante una reunión «hace más de dos meses».
El ayuntamiento afirma que «en septiembre una empresa contratada por los propietarios realizó un informe que reconocía el estado de ruina del edificio». Entonces, «el ayuntamiento intervino e inició un procedimiento de declaración de ruina, por la situación de peligrosidad en la estructura, muy seriamente afectada por las termitas». La declaración de ruina «supone la pérdida del valor del inmueble y la propia asunción de los costes del derribo. Los propietarios mantendrían solo el valor del solar, como marca la ley en estos casos».
Según afirma el consistorio, se analizaron «dos soluciones que podrían permitir una posible salida económica menos perjudicial. La primera fue la posibilidad de rehabilitar el edificio para que los propietarios no perdieran los derechos en un futuro desarrollo del ámbito Korrokoitz. La propiedad dio el visto bueno para valorar esos costes y se presentó un presupuesto. Esto supondría una inversión de los tres propietarios con la finalidad de mantener sus derechos futuros».
Se barajó también «la posibilidad de que el ayuntamiento comprase la totalidad de la finca, que incluye una parcela anexa en la parte trasera de la casa, sin propietario conocido y que podría ser considerada una parte común de la casa. Esto supondría sumar esta parcela al solar que ocupa la casa, con el sustancial incremento del valor. El Ayuntamiento podría hacerse con la totalidad de la finca, pero el gasto del derribo seguiría siendo responsabilidad de los vecinos».
Estas dos opciones quedaron pendientes «de ser analizadas por los vecinos. Pero aún, a día de hoy, no se ha recibido ninguna respuesta». El ayuntamiento recuerda que los inquilinos de la segunda planta «no son propietarios y están a la espera de que les sea concedida en los próximos meses una vivienda de protección oficial. Los propietarios de la primera planta, que están obteniendo ayudas al alquiler que les corresponden, hace semanas que desalojaron la vivienda y están alojados en una domicilio próximo del entorno, como habían solicitado».