El Gobierno municipal convocó inicialmente el pleno de presupuestos para el 29 de diciembre, pero tras un defecto de forma en el procedimiento, advertido por los concejales de EH Bildu y Sí se Puede Irun, tuvo que variar sus planes y reiniciar el calendario. Prácticamente un mes después, ahora sí, los corporativos locales se reunirán este miércoles para debatir la propuesta del Gobierno y las enmiendas a la misma. Todo hace pensar que los presupuestos de la ciudad para 2016 saldrán adelante, dado que la coalición gobernante que sostienen los grupos Socialistas de Irun y EAJ-PNV suma mayoría en el Pleno.

Aunque no hay, a priori, obstáculo alguno que vaya a impedir la aprobación de las cuentas, tampoco parece que la sesión vaya a ser un camino de rosas para los grupos coaligados. Bildu y SPI van a presentar sendas mociones a la totalidad con las que esperan descargar toda la artillería contra un modelo que no comparten absoluto.

Además, se van a discutir casi medio centenar de enmiendas parciales. Catorce de ellas provienen de Sí se Puede Irun, principal grupo de la oposición, que el viernes confirmó su enmienda a la totalidad, precisamente, «a la vista de la negativa del Gobierno a parte de nuestras enmiendas parciales», durante las negociaciones celebradas esta semana, previas a la sesión.

Según explicaba SPI, en este mes entre la primera convocatoria del pleno y esta segunda definitiva, ha «agrupado parte de las enmiendas presentadas en su día y añadido nuevas», con ese resultado total de catorce correcciones entre las que los propios ediles destacan cuatro. Solicitan por un lado la inclusión de «2 millones de euros para la promoción de la puesta en alquiler de las viviendas vacías, partiendo de un mapa actualizado de la vivienda vacía en Irun», con precios sociales y las correspondientes medidas que animen a los propietarios de las mismas a participar. También subrayan la petición de constituir una Mesa de Barrios con representantes de todos los grupos y de las AAVV que contaría con una partida plurianual de «3 millones, divididos por ejercicios a razón de 750.000 euros en cada uno», y destinados a «obras y mantenimiento de los barrios». La última que citaban era la creación de «una 'sala del frío' por valor de un millón de euros».

En el caso de Euskal Herria Bildu, se mantiene la moción a la totalidad prevista inicialmente, así como el paquete de 15 parciales que la acompañaron en las fechas previas a la convocatoria inicial de diciembre. El nuevo plazo ha servido a la coalición abertzale para ampliar la lista de estas últimas con la inclusión de tres novedades. La primera pasa por incluir en las cuentas de 2016 «un dinero que ya existe» y que corresponde a la mitad de la decimocuarta paga de 2012 que en su día se congeló a los trabajadores municipales. El 50% de la misma ya se abonó y desde Bildu entienden que ya es el momento de que los funcionarios del Ayuntamiento «reciban lo que les corresponde por derecho». Otra de sus nuevas enmiendas tiene que ver también con los empleados del municipio, pero se trata en esta ocasión de aumentar la plantilla con un técnico de igualdad, un técnico de inmigración y uno o varios trabajadores sociales. La tercera propuesta requiere destinar 700.000 euros para adquirir los cines del Parque Comercial Mendibil que han sido cerrados, para evitar que «una ciudad como Irun se pueda quedar sin cines en el centro».

El PP mantiene las 13 enmiendas parciales que presentó en su momento primando por encima de todas la relativa a la compra de viviendas públicas no adjudicadas para destinarlas al alquiler protegido y negociando posteriormente su venta al Gobierno Vasco. Mientras que los otros dos grupos de la oposición, siquiera atendiendo a sus enmiendas a la totalidad, parecen más que inclinados a votar en contra, la postura de los populares es una incógnita que aún no está resuelta porque «tras unos primeros contactos para contrastar posturas, estamos a un pendientes de un encuentro final para ver qué grado de consenso existe sobre nuestras propuestas».

El propio delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, que ha mantenido reuniones con los tres grupos de la oposición esta semana, indicaba que es con los populares con quienes se pueden fraguar acuerdos más fácilmente. «Con SPI es realmente difícil entenderse. Con Bildu sin embargo, la negociación es franca, aunque realmente estamos en posiciones muy alejadas y es complicado encontrar puntos de consenso». Con todo, insistió en la voluntad del Gobierno municipal de «incorporar alguna enmienda de todos los grupos».

Un reglamento que regule los procesos de participación ciudadana que tengan lugar en la ciudad es algo que ya el pasado mandato varios grupos solicitaron al Gobierno municipal. Ahora, la coalición gobernante PSE-PNV lo ha establecido como punto prioritario de su recientemente aprobado Programa de Gobierno. Esta misma semana, el alcalde ha presentado ante la Junta de Portavoces una propuesta para crear la comisión que trabajará en consensuar la normativa. Eso sí, Santano quiso dejar claro que entiende que ésta debe ser «un marco que regule de forma general los aspectos más importantes de la participación, dando cabida a los cambios e innovaciones que, lógicamente en este tipo de procesos, tendremos que ir incorporando siempre para poder mejorarlos. No debe ser pesada, ni rígida ni demasiado detallada», estimó.

El alcalde señaló que en la propuesta del Gobierno para la comisión se incluye a representantes de todos los grupos políticos y de movimientos sociales, como el Foro Ciudadano y la Federación de Asociaciones de Vecinos Oiaso 2000. «También queremos incluir a jóvenes integrantes de asociaciones juveniles de la ciudad». Esto es lo menos definido en esa propuesta, ya que «aún estamos pensando quiénes pueden ser esas personas o entidades». La idea es que la comisión se termine de formar en los próximos días y pueda reunirse antes de que acabe el mes, «o en los primeros días de febrero», añadió Santano con cautela.

Esta nueva comisión tendrá un doble cometido. Además de la normativa general para los procesos de participación, deberá trabajar en la mejora del procedimiento de los presupuestos participativos que se desarrollará en paralelo la norma.

«También en esto hemos hecho un planteamiento ante los portavoces de los grupos con la idea de resolver algunos de los problemas y debates que surgieron tras la segunda edición», anunció el primer edil. «Hemos propuesto, por ejemplo, el uso de la Irun Txartela como mecanismo que garantice una participación directa sin intermediario» y que sería el único apto para la votación telemática. «Hace un año, teníamos muy pocas, pero ahora hay casi 18.000 de estas tarjetas ciudadanas y de aquí a octubre hay tiempo para que aumente ese número». Evidentemente, el voto con Irun Txartela se completaría con la posibilidad de hacerlo presencialmente en el SAC, «y quizá en otros lugares», adelantó.

Se barajan también otros cambios. «Algunos grupos nos propusieron que hubiera un foro de debate en el que se puedan preguntar dudas a quien presenta una propuesta y éste pueda explicarla, o modificarla en función de lo que otros le aporten. Nos parece una idea que se puede incorporar, como todo lo que pueda mejorar el proceso y corregir errores. Estamos para eso».

Tras la pasada edición de este proceso hubo quejas y protestas, pero Santano quiso reivindicar su importancia. «Hemos hecho dos ediciones y vamos a hacer la tercera. Dijimos desde el principio que los presupuestos participativos vienen para quedarse y que se harán todos los años. Han permitido que, por primera vez en la ciudad, miles de personas hayan tenido la oportunidad de proponer, opinar y votar para elegir propuestas que después se hacen realidad».

Hablando sobre participación, José Antonio Santano aprovechó para recordar que ITA, la agencia internacional que mide el grado de transparencia de las instituciones, realizará «seguramente en febrero», una auditoría sobre el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

«Seguimos trabajando con el objetivo de mejorar el portal y estamos a punto de incluir algunas novedades», explicó. Entre ellas, anunció que es cuestión de semanas que a través de este mismo portal «los ciudadanos puedan tener acceso a la agenda del alcalde, la vamos a hacer pública», comentó.