La Corporación municipal celebró ayer su primer pleno del nuevo mandato, en el que se fijan número, características y retribuciones de personal eventual y políticos liberados, además de otras normas de funcionamiento interno como las comisiones y su composición o la representación política en entidades y empresas participadas por el ayuntamiento. Un primer pleno que sirvió para evidenciar dos realidades: PSE y PNV van a gobernar juntos la ciudad y el resto de los grupos ha marcado distancia respecto a ellos, especialmente con los jeltzales.

Esos sueldos de los políticos liberados y de los cargos de confianza nunca han sido opacos. En el primer pleno del mandato, siempre se ha dado cuenta de la relación completa. Son más transparentes de un tiempo a esta parte, porque se exhiben en la web. Sin embargo, hasta ahora, no habían tenido nunca tanto protagonismo en el debate, que ayer se centró casi exclusivamente en esta cuestión. Y EAJ-PNV recibió la mayor parte de las críticas.

Sí se Puede Irun (SPI), EH Bildu y PP achacaron a los jeltzales que lejos de hablar de programa y de gestión, sólo han querido hablar «de puestos y de sueldos. Es vergonzoso, algo que nunca había pasado en Irun», decía Juana de Bengoechea (PP). Según lo expuesto por los grupos de la oposición en el pleno, la narración es más o menos la que sigue. En sus negociaciones con el Grupo Socialistas de Irun, los nacionalistas no cubrieron sus pretensiones en cuanto a salarios y puestos de confianza, abriendo un frente junto a los otros tres grupos consistoriales para sumar mayoría en una nueva propuesta que el PSE se vio obligado a aceptar y que se recogió en los dictámenes que irían ante el Pleno.

Sin embargo, 48 horas antes de la sesión, las negociaciones para formar gobierno dieron un giro, de ahí que ayer se aprobaran las enmiendas que, conjuntamente, socialistas y jeltzales habían presentado a los dictámenes iniciales y no directamente éstos.

A ojos de SPI, EH Bildu y PP, EAJ-PNV los utilizó para forzar la negociación y sacar «un puesto de técnico de comunicación y más salario para uno de sus concejales en el Gobierno» y el PSE pagó esa «dote para que hubiera boda», un «matrimonio de conveniencia, sin amor», afeado porque, además, «no se decidió en Irun».

Al Grupo Socialistas de Irun le achacaron que accediera a ese «mercadeo» y que lejos de alcanzar «la unanimidad que el alcalde dijo querer, ha priorizado sus intereses». A cambio, le concedieron dos ideas que su portavoz, Miguel Ángel Páez, defendió: «hemos sido coherentes desde el principio hasta el final y hemos mantenido el que era nuestro criterio principal: que esta Corporación no le cueste a la ciudad ni un euro más de lo que le costaba la anterior». Lo que no compartieron fue que con la propuesta aprobada «mejora la situación de los grupos de la oposición». Casi lo contrario defendían los otros grupos, que no ven proporcionalidad en que el PNV vaya a tener más puestos eventuales (dos) que SPI (uno y medio) pese a ser ésta la segunda fuerza; además de que al PP, con dos concejales, no se le asigne siquiera un portavoz a jornada completa (lo tendrá con 75% de horas y sueldo).

Tiempo habrá de detallar el contenido de lo aprobado ayer, pero parece más significativo, y preocupante, la enorme brecha que se ha abierto entre la que será coalición de gobierno y los grupos de la oposición, escenificada cuando SPI, EH Bildu y PP abandonaron sus asientos para no participar en la votación, primera de un mandato que empieza dividido.