La caida de ingresos en Gipuzkoa obligará a los ayuntamientos a devolver un 50% más |
|
|
|
Administrator-k idatzia
|
Osteguna, 2012(e)ko urtarrila(r)en 19-(e)an 09:16etan |
Euskaratzeko lanean ari gara.
![](http://3.bp.blogspot.com/-ORgkRuC16WU/TxfRAHU9BgI/AAAAAAAABkw/1HrKTlAXAuo/s400/14365413.jpg)
La titular de Hacienda, Helena Franco, y el diputado general, Martin Garitano, en una comparecencia en la Diputación. ::GUILLERMO RIVAS
Noticia publicada en Diario Vasco sección Economía-Ajustes por la crisis, el jueves día 19 de Enero de 2012.
AJUSTES POR LA CRISIS La Diputación les reclamará 51 millones, frente a los 34 estimados en octubre. La desviación pondrá contra las cuerdas a muchos municipios, que ya tienen pendientes de liquidar este año 33 millones de 2009
La peor de las previsiones posibles. La Hacienda foral ha remitido un escrito a los ayuntamientos de Gipuzkoa en la que les avanza que la caída de la recaudación les obligará a devolver 51,7 millones de euros que el fisco les adelantó para el ejercicio 2011 en base a unas estimaciones que no se han cumplido ni de lejos. La liquidación supone un 54% más que los 34 millones previstos por el fisco guipuzcoano hace solo tres meses, lo que demuestra, entre otras razones, el impacto del estancamiento económico que vive el territorio. A la espera de que el dato se cierre definitivamente a mediados de febrero, la profundidad de la desviación del Fondo Foral de Financiación Municipal (Fofim) agravará la salud de las asmáticas arcas de algunos ayuntamientos. Lo cierto es que la gravedad de la situación no se queda ahí. Esos 51,7 millones son solo parte del problema. Su devolución se sumará al segundo pago que los consistorios tienen pendientes de la liquidación de 2009. En números redondos, 33 millones a devolver en 2012 -de un total de 99- que dejan la factura de este año en 84 millones. Dinero contante y sonante destinado, según los Presupuestos de cada ayuntamiento, para actuaciones concretas que deberán quedarse en el cajón. Solo dos ejemplos. A Donostia (Bildu) la broma le sale a unos 23 millones de euros: 14 de la desviación de 2011 y 9 del desfase de 2009. En el caso de Irun (PSE), por buscar un ayuntamiento de otro signo político, la factura asciende a 7 millones: 4,3 de 2011 y 2,8 pendientes de 2009. Puesta al día La directora de Política Fiscal y Financiera de la Hacienda foral, Itziar Miner, ha decidido poner al día a los ayuntamientos del territorio sobre la evolución de la recaudación y el previsible cierre de año a raíz de las informaciones publicadas por DV en las que ya avanzaba una considerable caída de los ingresos. En la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, Miner recoge la última previsión que maneja la Hacienda foral y que no tendría por qué sufrir ya excesivas variaciones. Lo cierto es que la cuantía de la desviación supera con creces los 44 millones que, tal y como este periódico había constatado, manejaban algunos consistorios hace unos días, municipios que, por cierto, se quejaban de falta de información por parte del fisco. En total, según el escrito enviado ayer por e-mail, a los ayuntamientos les corresponde del total de la recaudación del año pasado 355 millones de euros, un 12,7% menos que los 407 millones acordados al inicio del ejercicio. Hace solo tres meses, en el tradicional Consejo Territorial de Finanzas de octubre, el fisco guipuzcoano situó el descenso del Fofim en el 8,4%, lo que suponían 372 millones. En otras palabras, en esos tres meses la cuantía a devolver ha crecido un 50%. En la recta final de 2011, la financiación de los ayuntamientos ha centrado parte del debate fiscal en las Juntas Generales de Gipuzkoa. En concreto, el PSE planteó elevar el Fofim al considerar insuficiente la cantidad que recibían los consistorios del conjunto de la recaudación y dada su situación financiera y el volumen de servicios y competencias que deben asumir. En concreto, según Eudel, los ayuntamientos asumen un 30% de competencias «que no les corresponde». Para intentar aliviar esa situación, el PSE propuso elevar el Fofim del 57% actual al 60%, algo a lo que la Diputación se negó en redondo. A cambio, el Gobierno foral de Bildu aprobó elevar el fondo foral un 0,5% en 2012 y otro 0,5% en 2013, del 57% al 58%, lo que viene a suponer, según las últimas estimaciones, unos 7 millones de euros a repartir entre 88 ayuntamientos. La medida, incluida en los Presupuestos de 2012, fue criticada por la oposición al considerarla insuficiente, mientras que los consistorios gobernados por Bildu, la gran mayoría, la aplaudieron al considerar que cualquier aumento es bienvenido. Formas de devolución Sin embargo, el debate no está cerrado. Más allá de aumentar o no la financiación, los ayuntamientos tienen ante sí un verdadero quebradero de cabeza: cómo devolver al fisco el próximo mes los 51 millones de desviación de 2011 más los 33 aplazados en 2009. La factura podría ser la puntilla para muchos consistorios que van a tener serios problemas al no disponer de la liquidez necesaria ni capacidad financiera suficiente. Para evitar males mayores, PNV y PSE reclamaron repetir la fórmula de 2009 y que permitió a los ayuntamientos devolver los 99 millones que hubo de desfase en tres años (2011, 2012 y 2013) y sin intereses. La petición ha caído en saco roto. El fisco se niega al considerar inasumibles los intereses del 'préstamo'. De momento, baraja permitir a los ayuntamientos devolver en febrero solo el 50% y negociar el resto caso por caso. |
El Gobierno quiere perseguir por la vía penal a los políticos que derrochen |
|
|
|
Administrator-k idatzia
|
Osteguna, 2012(e)ko urtarrila(r)en 19-(e)an 09:08etan |
Euskaratzeko lanean ari gara.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer la nueva medida del Gobierno. :: EFE
Noticia publicada en Diario Vasco sección Economía el jueves día 19 de Enero de 2012.
AJUSTES POR LA CRISIS Montoro anuncia que la Ley de Transparencia permitirá exigir responsabilidades al gestor público que gaste más de lo autorizado
19.01.12 - 02:22 - P. DE LAS HERAS | MADRID. Flexible con las administraciones responsables e implacable con quienes se tomen a la ligera el rigor presupuestario. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quiere dejar claro que esa será su máxima. Tras ofrecer el martes por la noche a las comunidades autónomas un 'manguerazo' de liquidez sin precedentes, ayer se entregó a la mano dura y advirtió de que el Gobierno de Mariano Rajoy hará las reformas legales precisas para poder exigir responsabilidades penales a quienes gasten por encima del presupuesto. Este anuncio coincide en el tiempo con unas manifestaciones realizadas también ayer por el portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien apuntó que el déficit registrado en 2011 superará «en unas décimas» el 8%. La medida fue ampliamente debatida por los 'populares' durante la elaboración del programa electoral y, aunque de forma vaga, formó parte de las promesas del hoy presidente en los pasados comicios. Lo que aún está por ver es cuánto tardará en concretarse. Llevarla a cabo exigirá una reforma del Código Penal, pero según explicó Montoro en declaraciones radiofónicas, la norma de la que 'colgará' será la eternamente prometida (también por los gobiernos socialistas) Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que, de momento, y según fuentes oficiales, no está entre las prioridades del nuevo Ejecutivo. El ministro dio pocas pistas de cómo se concretará, pero en el PP aseguran que en ningún caso se habla de castigar todo tipo de incumplimientos. Una cosa es que una administración realice de buena fe una previsión de ingresos que circunstancialmente se quede corta y otra, señalan, que los gestores públicos incurran en un exceso de gasto y luego lo camuflen, o sea, que se metan «facturas en el cajón». En el sector privado ese tipo de actuaciones se persiguen como delito de falsedad contable; en el ámbito público, sin embargo, se consienten. Respuestas La respuesta de las comunidades autónomas a este órdago no fue ni mucho menos negativa. Claro que la mayoría están en manos del Partido Popular. El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Collel, sí lo calificó, en todo caso, de «palabras mayores» y apuntó que él apostaría por mecanismos de control del gasto «más tradicionales». Un planteamiento similar al del Partido Nacionalista Vasco. También el PSOE, por boca del exvicepresidente territorial, Manuel Chaves, puso algunos 'peros' y defendió que las «responsabilidades políticas» se dirimen en el Parlamento. Sin embargo, eludió mostrar una oposición frontal a la espera de que el Ejecutivo concrete su propuesta. No será, aún así, la única receta del Gobierno para intentar poner las cuentas de la Administración en orden. Montoro ya anticipó tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de hace dos días que el Gobierno quiere que la legislación española refleje el procedimiento de sanciones que se sigue en la Unión Europea para quienes incumplen el pacto fiscal, incluida la intervención de aquellas economías que sean incapaces de financiarse por sí mismas. Ese engranaje formará parte de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que el Gobierno querría tener lista antes del Consejo Europeo del día 30, para lanzar el mensaje de que España cumple sus deberes como el que más. En paralelo a los mensajes de disciplina, aún así, el Gobierno también ha dejado claro que pretende poner las cosas fáciles a aquellas autonomías que prometan ser cumplidoras. La buena nueva Los dirigentes autonómicos se apresuraron ayer a trasladar la buena nueva a sus parroquias. El más interesado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, que se encuentra en una situación especialmente precaria con la deuda más alta y uno de los déficits más elevados de España. En un pleno extraordinario de Les Corts para convalidar sus últimas medidas de recorte del gasto, Fabra cifró en 420 millones de euros el anticipo que de la liquidación de 2010 acordado en el CPFF se hará efectivo a finales de mes. No será el único cable que le eche el Gobierno. La línea ICO para que las autonomías puedan hacer frente a sus elevadas deudas con los proveedores, pymes y autónomos estará lista, según el ministro de Hacienda, en dos meses. Lo que aún no se ha estipulado es a cuánto ascenderá el crédito, pero la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que a su sector se le deben cuatro millones de facturas por 15.000 millones de euros. |
|
Un tercio de los hendayeses procede de este lado de la muga |
|
|
|
Administrator-k idatzia
|
Osteguna, 2012(e)ko urtarrila(r)en 19-(e)an 09:03etan |
Euskaratzeko lanean ari gara.
Noticia publicada en Diario Vasco sección Más Actualidad Sociedad Al día el jueves día 19 de Enero de 2012.
AL DÍA Comienza la revisión anual del censo en la localidad, que podría tener unos 2.000 habitantes más que los 14.827 registrados
19.01.12 - 02:25 - MARÍA JOSÉ ATIENZA | IRUN.Al igual que en el resto de los municipios galos, el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee) de Francia va a poner en marcha hoy en Hendaya las operaciones de actualización del censo, que consisten en controlar, cada año, a un 8% de la población. En el caso de Hendaya, serán 1.000 los domicilios, elegidos de forma aleatoria y proporcional, los que recibirán la visita de los cuatro agentes acreditados que realizarán las encuestas. El alcalde de Hendaya, Jean Baptiste Sallaberry, y la directora general del Insee en Aquitania, Chantal Renacs, explicaron ayer los pormenores de la encuesta que se va a realizar en las próximas semanas y, en el curso de la presentación facilitaron curiosos datos acerca de la composición de la población de Hendaya. Así, indicaron que calcula que entre un 35 o un 40% de la población de la localidad labortana tiene nacionalidad española. En cualquier caso, tampoco el número oficial de habitantes de Hendaya puede darse por bueno. En este momento, la población legal de Hendaya es de 14.827 habitantes, según los datos facilitados ayer por el alcalde. Sin embargo, la población real de este municipio de Iparralde podría superar «en unas 2.000 personas» la cifra de habitantes censados. De ahí la importancia de la actualización de los datos que ahora se inicia. Como indicó Renacs, poner al día el censo «es una obligación legal y un deber cívico fundamental. Los resultados de la actualización del censo guían las decisiones de los poderes públicos en materia de servicios colectivos como escuelas, hospitales o transporte y ayudan a los profesionales a evaluar de mejor manera el parque de viviendas, a las empresas a conocer mejor las disponibilidades de mano de obra y a las asociaciones a responder mejor a las necesidades de la población». También Jean Baptiste Sallaberry calificó de «muy importante» la actualización de los datos, ya que «en función de la población que tengamos, recibimos una aportación determinada de dinero del Estado. En Hendaya, tenemos más habitantes de los que están censados y es una lástima que estemos percibiendo menos dinero del que nos correspondería. Pido a la población de Hendaya que se tome en serio los formularios, porque es un deber cívico y porque de ello depende que ofrezcamos mejores servicios. De año en año, espero que la gente se vaya dando cuenta de lo importante que es para todos saber qué población tenemos en realidad». Chantal Renacs insistió en resaltar «la confidencialidad de las respuestas dadas en los formularios. La información no puede dar lugar a ningún control administrativo o fiscal y en ningún caso se transmitirá a otro organismo», aseguró. |
El alcalde hendayés pide colaboración ciudadana para actualizar el censo |
|
|
|
Administrator-k idatzia
|
Osteguna, 2012(e)ko urtarrila(r)en 19-(e)an 08:58etan |
Euskaratzeko lanean ari gara.
Noticia publicada en Diario Vasco sección Bidasoa el jueves día 19 de Enero de 2012.
IRUN Desde hoy y hasta el 25 de febrero se realizarán encuestas en un millar de domicilios
El alcalde de Hendaia, Jean Baptiste Sallaberry y la directora general del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE) en Aquitania, Chantal Renacs, presentaron ayer en el Ayuntamiento hendayés el trabajo que se va a realizar desde mañana hasta el 25 de febrero para la actualización del censo. Un total de 1.000 domicilios hendayeses, designados por el INSEE, recibirán la visita de un agente debidamente acreditado que entregará unos cuestionarios para que sean cumplimentados. Los domicilios afectados ya habrán recibido una comunicación por carta. Jean Baptiste Sallabery reclamaba ayer la colaboración ciudadana «porque es una obligación legal y un deber cívico». Actualizar el censo «es muy importante», añadía el alcalde, «porque nos permite conocer las características de la población del municipio y nos es útil para poder aplicar luego políticas determinadas. Además, en función del número de habitantes que tengamos, recibimos una aportación determinada de dinero del Estado». Actualmente, la población legal de Hendaia es de 14.827, «pero creemos que hay unos 2.000 habitantes más», aseguró el alcalde. |
|