DONOSTIA – El drama de los desahucios vuelve a escena. En este caso, tal y como denunció ayer la plataforma Stop Desahucios, afecta a un matrimonio irundarra, Miguel Ángel y Oliva, de 78 y 75 años, a los que el Banco Sabadell y Solvia exige dejar el próximo día 24 de enero el piso en el que llevan viviendo 45 años, por el que están pagando un alquiler social de 315 euros. Con el agravante de que la mujer padece un cáncer de pulmón "avanzado" y sus recursos económicos son escasos, ya que la pensión que suman entre ambos es de 1.178 euros, cantidad a la que se añaden 198 euros como ayuda social por parte del Ayuntamiento de Irun.

Miguel Ángel explicó su situación antes de marcharse al Hospital Donostia, ya que ayer mismo por la mañana quedó ingresada su mujer: "Teníamos una empresa de material quirúrgico. La Seguridad Social retrasó unos pagos y tuvimos que pedir un crédito en el Sabadell, que nos exigió la casa como garantía. Por circunstancias, los créditos fueron agravándose y el banco me propuso hacer una dación en pago para que la deuda no se incrementase. La única objeción que puse es que nos dejasen continuar viviendo en mi casa en régimen de alquiler, donde llevábamos 42 años. Aceptaron, me enviaron la documentación y firmamos el 24 de enero de 2018 en una gestoría en Donostia".

En el contrato que firmaron, de una duración de tres años, "no figuraba ninguna cláusula de renovación", algo que el banco y la propia gestoría explicaron diciendo que era "un contrato estándar" y que "no se solía poner esa cláusula", pero que "no supondría ningún problema". Sin embargo, el pasado 1 de septiembre les comunicaron que el contrato acababa el 24 de enero de 2021 y que tenían, por tanto, "que dejar el piso". Fue entonces cuando contactaron con Rosa García y con Abogados Res –que suele colaborar con la plataforma Stop Desahucios–. "Les tengo que agradecer todo lo que están haciendo por mí", expresó un emocionado Miguel Ángel, que explicó que pidieron "hacer una acción amistosa" con Solvia y el Banco Sabadell, sin recibir respuesta.

Quedan, por tanto, apenas once días para que el banco y la inmobiliaria reclamen el piso, pero Rosa García fue contundente: "Garantizamos que se van a quedar en su casa manteniendo el alquiler social de 315 euros y con un contrato de siete años y prórroga automática de otros tres, tal y como marca la actual ley de arrendamientos urbanos". Reveló Rosa García que tienen el apoyo del Ayuntamiento de Irun y que el propio alcalde, José Antonio Santano, se ha comprometido a llamar a Solvia y Sabadell en Barcelona para "exigirles" que le hagan el contrato de siete años. Además, la activista criticó que tanto el banco como la inmobiliaria "conocen perfectamente la situación económica de la familia y la enfermedad de Oliva, les hemos hecho llegar los informes médicos. Es un drama auténtico y por ahora no han dado ninguna respuesta". Además, les han mandado un burofax en el que les avisan de que, si no dejan el piso el próximo día 24, tendrán "penalizaciones económicas".

"Es una más de las tragedias que oculta la burbuja inmobiliaria por la alianza entre bancos y fondos de inversión. La especulación y los créditos que se entregaban todavía tienen consecuencias. Miguel Ángel y su esposa no son una excepción, hay miles de avalistas hipotecantes que pusieron sus casas como garantía para viviendas de sus hijos o negocios que no funcionaron, no se pueden pagar y los bancos se quedan con las casas de familias vulnerables mediante daciones en pago", explicó Rosa García, que pidió pelear "por una vivienda digna y asequible para todos": "La vivienda es un derecho, no un negocio. Nos tenemos que poner las pilas y acabar con esto. Miguel Ángel y Oliva se van a quedar en su casa".