Si comparamos el número de AES solicitadas el año pasado (522, de las que fueron concedidas 485) con las formuladas en 2012 (420, de las que prosperaron 321), el incremento es considerable. La lectura de estas cifras, sin embargo, tiene algunos matices. «Hay que tener en cuenta los cambios en los criterios para la concesión de las ayudas», señala el jefe del área de Bienestar Social , Juan de Dios Sanz. «El incremento de solicitudes no significa que haya un aumento de la problemática en la misma proporción. Los criterios para 2013 han sido más benignos en cuanto a los umbrales de acceso a las prestaciones. Ha entrado más gente, porque las partidas se han incrementado para hacer frente a una demanda creciente. Hay más demanda, pero no en proporción tan importante como la que pudiera parecer a primera vista».

Lo que sí ha variado en los últimos años es el perfil de los demandantes de este tipo de prestaciones. «Ha cambiado mucho debido al desempleo y los problemas que se derivan de él. El desempleo ha dado lugar a que, además de un cierto perfil social conocido y trabajado por los servicios sociales desde hace años, se acerque a estos servicios lo que, hasta hace poco, llamábamos ''gente normalizada''», añade Sanz. «Son personas que han trabajado como autónomos, cuyos negocios han ido al traste, gente con alta cualificación profesional, jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran un camino... Si la necesidad es exclusivamente económica acuden e Lanbide. Si, además, tienen alguna problemática social, se acercan a nuestros servicios».

Lo que se está percibiendo ahora en los servicios sociales son las derivaciones de la crisis económica. «La crisis es un detonante de problemas multidireccionales: problemas conyugales, con los hijos, con los vecinos...», añade la delegada, Maite Cruzado.

Los responsables del área de Bienestar Social desmienten esa idea arraigada en algunas personas de que «las ayudas se les dan sólo a los de fuera». Los datos demuestran lo contrario. «Los receptores de las ayudas, no son solamente inmigrantes. Cualquier ciudadano, incluso algunos con alta formación puede tener, en un momento dado de su vida, una problemática que le lleva a acudir a los servicios sociales y no únicamente para solicitar ayuda económica, sino para pedir una intervención por problemas convivenciales».

Otra cosa distinta es el reparo que pueden tener algunas personas, a la hora de solicitar recursos que consideran estigmatizados. «Si realmente lo necesitan, tienen que perder el miedo. Cualquiera de nosotros puede necesitar esos recursos en un momento dado de la vida».

Uno de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Irun es el Punto de Encuentro Social, gestionado por RAIS, que tiene un comedor con capacidad para 60 personas. «A principios del año pasado, doblamos la capacidad de respuesta de este servicio», recuerda Maite Cruzado. «Ofrecimos la posibilidad de cubrir hasta 60 comidas diarias. Este servicio está realizando un trabajo muy interesante, porque no sólo se trata del comedor, sino que en el centro se hace un trabajo de acompañamiento, de socialización, de atención a necesidades psicológicas, de reconducción de comportamientos y de orientación hacia la vida laboral o profesional, que es un referente».

El fraude en las solicitudes de las ayudas sociales no se puede descartar al 100%. «Como en cualquier prestación, hay un índice de fraude, pero pensamos que no es especialmente significativo», señala Juan de Dios Sanz. «Lo que sí podemos decir es que los criterios para las ayudas de emergencia social «son estrictos. El procedimiento de tramitación exige muchísima documentación acreditativa, lo que da lugar a que el índice de fraude no pueda ser elevado. Hay que acreditar ingresos, se hacen cotejos con los datos fiscales... ».

Hoy por hoy, los instrumentos de control «son mucho más efectivos de los que teníamos antes, por el convenio que firmamos hace dos años con la Diputación para tener acceso a la información fiscal», añade Cruzado. «Por otra parte, además del control de la documentación, hay un seguimiento individualizado por parte de las trabajadoras sociales». La delegada del área de Bienestar Social quiso destacar «el buen trabajo que realizan las trabajadoras sociales, en situaciones de tensión, que muchas veces no son fáciles de abordar».

El departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento ha hecho público esta semana el balance de las ayudas y servicios de asistencia a las familias más necesitadas de Irun, a lo largo de 2013. Las prestaciones más importantes que aborda la Administración local son las llamadas Ayudas de Emergencia Social (AES), concebidas para atender gastos específicos de las familias y paliar situaciones de riesgo o de exclusión social. La gestión de las AES corre a cargo del Ayuntamiento, pero quien financia las ayudas es el Gobierno Vasco.

El Consistorio irunés destinó en 2013, inicialmente, 492.629 euros para hacer frente a estas ayudas, una cantidad coincidente con la transferida por el Gobierno Vasco al municipio de Irun. Sin embargo, esta partida tuvo que ser incrementada el pasado 18 de octubre con fondos municipales hasta los 533.629 euros, a la vista de que la previsión inicial resultaba insuficiente para cubrir las necesidades planteadas hasta final de año. En el mes de diciembre, el Gobierno Vasco aprobó un incremento de su aportación inicial en 41.000 euros, con el fin de completar lo adelantado por la Administración local.

En el año 2013, se recibieron en el Ayuntamiento de Irun 552 solicitudes de AES, de las que 485 fueron resueltas favorablemente, por un importe total de 533.131 euros. Estas ayudas autorizadas se distribuyeron por conceptos del modo siguiente: 171.157 euros por gastos de alquiler y alojamiento (128 ayudas), 157.778 euros para recibos de gas, agua y luz (192 ayudas), 68.442 euros para afrontar préstamos hipotecarios (45 ayudas), 53.460 euros para necesidades primarias como odontología, leche maternizada o gafas (90 ayudas), y 6.002 euros para mobiliario básico de cocina y reparaciones (10 ayudas).

Además, se dedicaron otros 76.290 (69 ayudas) para hacer frente a deudas ya adquiridas por todos estos conceptos, incluidos gastos para acceso a una vivienda (fianzas, gastos de agencia, primeras mensualidades, etc.).

De cara a la concesión de Ayudas de Emergencia Social para el año 2014, el Ayuntamiento de Irun «está pendiente de la aprobación, por parte del Gobierno Vasco, de las cuantías y criterios destinados a esta prestación económica, de manera que se puedan resolver cuanto antes las demandas de las familias irunesas», señala la delegada de Bienestar Social, maite Cruzado. Con el fin de ir avanzando, en lo posible, en la concesión de las AES de 2014, el departamento cuenta con una trabajadora social contratada específicamente para este fin, que se ocupa de la atención y orientación a las familias, así como de la tramitación de las ayudas que se vayan recibiendo. «Este refuerzo coincide con los tres primeros meses del año, una época en la que tradicionalmente se reciben el grueso de peticiones para esta prestación económica», añade la delegada.

Además de ocuparse de las AES, el Ayuntamiento se encarga de gestionar y, en este caso también de financiar, las llamadas Ayudas Especiales. Son unas prestaciones de naturaleza excepcional, con las que se trata de hacer frente a situaciones que se salen del marco general del Sistema de Garantía de Ingresos o de las AES. Puede tratarse de personas que no cumplen con alguno de los requisitos exigidos para acceder a las ayudas mencionadas y en las que concurre alguna circunstancia especial, previamente valorada por las trabajadoras sociales. Con frecuencia se trata de gastos relacionados con el alojamiento, manutención o transporte, en situaciones especiales.

A lo largo del año 2013, el Ayuntamiento de Irun concedió ayudas especiales por importe de 126.328 euros. Para acceder a este tipo de prestaciones se recibieron un total de 104 solicitudes, de las que 92 fueron concedidas. En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Irun aprobará los criterios de las Ayudas Especiales para el año 2014.

Por otra parte, hace unos meses, se creó un dispositivo especial en el departamento de Bienestar Social, destinado a atender las situaciones de desahucio o riesgo de desahucio. Una trabajadora social se encarga específicamente de tratar esta problemática. El cometido de esta trabajadora es prestar una intervención directa y muy personalizada, con acompañamiento, coordinación con otras entidades y visitas domiciliarias a los afectados. Este servicio de apoyo a las personas en situaciones de desahucio o riesgo de desahucio se mantendrá en el año 2014.