Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) tienen la obligación legal de estar localizables para atender posibles ofertas de empleo o formación. Pese a ello, 7.006 perceptores de esta ayuda social permanecen desaparecidos para Lanbide, el organismo del Gobierno Vasco que acaba de asumir su gestión. Esa cifra supone casi el 13% de las 56.000 personas que reciben la prestación, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales en función de que el destinario tenga o no personas a su cargo. Si siguen sin dar señales de vida, los ciudadanos a los que la Administración no encuentre en el domicilio que han facilitado podrían dejar de recibir esa cantidad a partir del mes que viene por estar en una situación supuestamente fraudulenta.
Este dato, al que ha tenido acceso este periódico, desborda todas las previsiones del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Hace dos semanas, cuando divulgaron las primeras cifras sobre esta presunta bolsa de fraude, apuntaba, ya con sorpresa, que se elevaría a 4.000 perceptores. Al final, el número casi se ha doblado.
El hallazgo de las posibles irregularidades se ha producido de una manera singular. Cuando Lanbide se hizo cargo de la renta de garantía de ingresos envió por correo certificado una carta a cada uno de los perceptores para informarles de la nueva situación; no solo de que el Gobierno Vasco tomaba las riendas de una gestión que hasta entonces había correspondido a diputaciones y ayuntamientos, sino de que a partir del pasado diciembre la percepción de la ayuda pasaba a estar vinculada a la búsqueda activa de trabajo. De hecho, esta es una de las principales apuestas del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales para evitar que ciertas personas se cronifiquen en las prestaciones sociales perdiendo interés por reincorporarse al mercado laboral.
Segunda remesa
El problema es que, de esas 56.000 misivas enviadas por correo certificado, Lanbide recibió devueltas las 7.006 mencionadas. El motivo era que el destinatario no residía en la dirección que le consta al Servicio Vasco de Empleo. Según explicó el viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, el procedimiento utilizado para contactar con los perceptores de RGI fue el habitual en estos casos: un funcionario de Correos acude al domicilio de turno para entregar la carta certificada y si no da con el destinatario o no consta que viva allí, deja una comunicación para que pase por la oficina postal a recoger la misiva en un plazo de siete días. De no hacerlo en este periodo de tiempo, la carta se envía de vuelta a Lanbide.
Ahora, el Servicio Vasco de Empleo ya ha comenzado a remitir una segunda remesa de cartas certificadas a esos 7.000 beneficiarios desaparecidos. Esta vez, la comunicación les advierte de que deben ponerse en contacto con Lanbide bajo pena de perder la RGI.
En caso de que por segunda vez regresen devueltas, se pasará a citar a los afectados a través del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), trámite puramente formal porque su lectura diaria es más que infrecuente entre la inmensa mayoría de los ciudadanos. En esta publicación se dará una fecha en la que los perceptores deben personarse ante las oficinas del Gobierno Vasco. De no hacerlo, se pasará a decretar la suspensión cautelar de la prestación. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que un buen número de beneficiarios, de seguir ilocalizables, dejarán de cobrar la RGI el mes que viene.
Desde el departamento que dirige la consejera Gemma Zabaleta son muy cautos a la hora de calificar esta situación como fraude mientras no se confirme, una vez agotados todos los trámites legales, que los perceptores están desaparecidos. Lo que sí está claro, aseguran las mismas fuentes, es que existen irregularidades en la medida en la que no hay manera de contactar con personas obligadas a estar localizables.
Maneras de contactar
Se plantea una cuestión, ¿por qué Lanbide no acude a otros medios para ponerse en contacto con esos perceptores, como es el teléfono o el correo electrónico? El motivo, dicen, es que la carta certificada es la única fórmula legal que demuestra la ausencia del implicado. Es decir, no hay manera de probar, a estos efectos, que no responde a las llamadas telefónicas. Además, nadie está obligado a tener teléfono ni cuenta de email, pero sí debe estar empadronado en Euskadi para recibir la RGI.
A la vista de estas cifras, la lucha contra el fraude en las ayudas sociales se presenta como una de las prioridades a las que debe enfrentarse Lanbide. No sólo porque supone un gasto injusto para las arcas públicas en tiempos de estrecheces, sino porque situaciones de esta naturaleza dan munición a quienes, tomando la parte por el todo, ponen en tela de juicio unas prestaciones que son el único sustento de miles de familias que las perciben de manera legítima.
Todo apunta a que las irregularidades comenzarán a aflorar en su dimensión real cuando, en unos meses, se empiece a llamar a los perceptores para recibir cursos formativos. Hay que tener en cuenta que de esto último quedan excluidos los pensionistas, que suponen un tercio de los 56.000 beneficiarios de la RGI.
El Servicio Vasco de Empleo está trabajando sobre 18.000 expedientes, de los 56.000 pertenecientes a perceptores de RGI, con el fin de actualizarlos y allanar el terreno a los beneficiarios para encontrar un trabajo o participar en acciones formativas. Una vez que las diputaciones han enviado la documentación a Lanbide tras el cambio en la gestión, este organismo del Gobierno Vasco se encarga de actualizar los historiales de los perceptores de acuerdo con el fin que ahora se persigue: vincular las ayudas con la búsqueda activa de empleo. Para ello, los técnicos están pidiendo a los interesados, por ejemplo, el currículum vitae, titulaciones, acreditaciones... La previsión es que todos los expedientes estén actualizados para el próximo mes de junio.
