El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, afirmó ayer que los jueces «no pueden pasar por alto» en los procedimientos de desahucios que las personas «tienen derecho a una vivienda digna». «No se debe esperar que el juez actúe a la manera del cobrador del frac porque los efectos de las crisis encadenadas no pueden alterar la responsabilidad de los jueces en la tutela del derecho más alto a la dignidad humana», señaló.
Ibarra, que participó en Bilbao en los desayunos informativos de Forum Europa, advirtió de que la situación de crisis ha producido un resultado «demoledor» ya que el número de empresas y familias afectadas por el sobreendeudamiento «no tiene parangón con ninguna otra época».
Durante su intervención, el magistrado recordó que las personas sujetas a procesos ejecutivos de carácter hipotecario «son sujetos de derecho y tienen dignidad y el juez no puede prescindir de ninguno de los dos datos a la hora de despachar un procedimiento ejecutivo». «En esta situación, -añadió- ni jueces ni notarios podemos despachar procedimientos ejecutivos».
En este sentido, Ibarra indicó que jueces y notarios están trabajando con «pleno conocimiento de que lo que tenemos en estos procesos son personas» a las que su sobreendeudamiento ha venido, de alguna manera, «determinado porque no se satisface correctamente el derecho a comprender». «Durante mucho tiempo, cuando hemos firmado contratos de carácter financiero no nos hemos informado con la diligencia debida o no se nos ha explicado con el lenguaje jurídico adecuado», dijo.
A su juicio, hay que volver a poner en valor este derecho a comprender mediante «un control de cláusulas abusivas en el momento de la ejecución hipotecaria». «Pero aunque no fuera así, las personas que concurren a procedimientos de ejecución hipotecaria tienen derecho a una vivienda digna y a la subsistencia vital, y eso ni los jueces, y estoy seguro que a los notarios les pasa lo mismo, no se nos puede pasar por alto», señaló.
El presidente del TSJPV destacó además que esta reflexión ha contribuido en alguna medida a la elaboración de un plan del Gobierno Vasco para «evitar el proceso y preservar en los procesos de ejecución hipotecaria el mínimo de subsistencia legal y el derecho al disfrute de una vivienda digna».
