Los jueces decanos españoles pone de relieve la necesidad de cambiar la legislación hipotecaria ante el "problema social" que representa el aumento del número de ejecuciones hipotecarias que provoca la exclusión de muchas familias.
"No queremos ser meros cobradores del frac", ha ilustrado el juez decano de Bilbao, Alfonso González, durante la comparecencia este miércoles de una representación de los jueces para explicar las conclusiones a las que han llegado después de tres días reunidos en Barcelona con motivo de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España.
En el mismo sentido, han dado "un apoyo incondicional" al informe del grupo de trabajo designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica duramente el sistema de desahucios y propone diversas alternativas para modificar el procedimiento hipotecario.
También ha lamentado que el mismo CGPJ no haya asumido como propias las conclusiones del informe que el mismo Consejo encargó, aunque este lunes su vicepresidente en la inauguración de las jornadas sí dio un paso al apostar por una reforma de la ley hipotecaria ante sus numerosas "disfunciones".
"Recogía reivindicaciones que reclaman los ciudadanos, habría sido una buena ocasión para que mostrasen su sensibilidad", han valorado los jueces que, pese a todo, se han congratulado de que el informe, pese a no aprobarse, ha tenido una gran repercusión social contribuyendo a abrir un debate sobre esta problemática.
Han lamentado que con la actual legislación no tienen "prácticamente margen para la interpretación legal" para subsanar lo que consideran un drama social de enormes dimensiones.
Los jueces optan por una profunda reforma que vaya más allá del 'Código de Buenas Prácticas' que "ha resultado escasamente útil" ya que solamente una pequeña parte de la población --en pobreza absoluta-- pueden beneficiarse de ellas y sobre todo porque el sometimiento a él por parte de las entidades bancarias es voluntario.
Propuestas
Por eso han planteado en sus conclusiones una serie de medidas a estudiar en la línea del informe encargado por el CGPJ como la elevación del porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta --ahora del 60% de su tasación-- y la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como privilegio de los grandes acreedores.
También apuestan por que las viviendas sean tasadas por profesionales independientes a los bancos, la posibilidad de que el juez amplíe plazos para pagar las deudas y posibilidad de tener en cuenta las circunstancias personales de los deudores como su situación familiar y laboral.
Además piden la aplicación de la dación en pago en ciertos casos, la autorización para que el deudor continúe en la vivienda pagando un alquiler y la supresión del proceso especial de ejecución extrajudicial ante notario "de dudosa constitucionalidad".
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