San Miguel-Anaka. El proyecto para urbanizar el espacio entre ambos barrios puede verse inmerso en un nuevo retraso. :: F. DE LA HERA
San Miguel-Anaka parece el ejemplo paradigmático de la primera Ley de Murphy. Se retrasó años pendiente del Plan Director que debía marcar el futuro del aeropuerto y que podía viabilizar la operación, dificultarla o, se temió incluso, imposibilitarla.
Superado, tras largo tiempo, aquel bache, se diseñó el proyecto con un nuevo problema en el horizonte: el alto coste que tenía arrancar la actuación. Ese escollo se salvó cuando a finales de 2010 el Gobierno Vasco pagó siete millones de euros por la mitad del suelo afectado por la operación. Se implicaba en el proyecto y, al mismo tiempo, ponía la «gasolina» para que pudiera arrancar.
Tras dos años en los que se han resuelto prácticamente todos los flecos de la compleja tramitación urbanística de la operación, que contempla más de 1.200 viviendas, más de 900 de protección, aparece una nueva traba. En las últimas promociones de VPO cada vivienda en adjudicación se le ha ofrecido «a tres, cuatro, cinco y hasta seis solicitantes», comenta el alcalde, José Antonio Santano y la razón es la dificultad para obtener de los bancos una respuesta positiva a la solicitud de hipoteca. La media está en torno a cinco contando con el adjudicatario en el sorteo. A ese ritmo de 'quemar' lista de espera, para 900 VPO harían falta más de 4.000 demandantes. «La lista en Irun es, ahora mismo, de unos 1.400» e incluye a los que no han podido acceder a crédito. Y aún están asignándose las VPO de Porcelanas y falta por sortear el segundo paquete de Oinaurre, con otras 96 viviendas protegidas. Construir San Miguel-Anaka sin adjudicatarios para sus VPO «es inaceptable económica y socialmente», dice Santano.
Por la vía del alquiler
«De todo esto llevábamos hablando ya un tiempo en Irunvi», señala Santano, «y sí parece que pueda suponer un retraso en la operación de San Miguel-Anaka». Ayer lo puso en común también con el nuevo equipo de la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco. «No les ha sonado a nuevo, porque está pasando en todas partes. Sí les ha sorprendido que en estos últimos años, pese a la crisis, en Irun hayamos desarrollado tanta VPO».
Pero no es San Miguel-Anaka el único proyecto de vivienda pública de la ciudad que incumbe al Ejecutivo autónomico. «Hemos hablado también de Oinaurre, donde tienen parcelas en las que está previsto que desarrollen viviendas protegidas de alquiler», recuerda el alcalde, «y de Alberto Larzabal, donde cedimos una parcela al Gobierno Vasco para que construyera los apartamentos en alquiler para jóvenes».
Precisamente «por las dificultades que muchos demandantes de VPO tienen para acceder a la compra de vivienda protegida, parece más necesario que nunca que se promocionen las de alquiler», señala Santano. «Esta reunión ha sido una primera toma de contacto para comentar de primera mano lo que esperamos de ellos en Irun. Hay que darles tiempo para que se pongan al día, pero ya hemos comentado que los tres proyectos que tienen en Irun hay que abordarlos con rapidez, sobre todo los de alquiler protegido».
