6 junio 201400:05
Propietarios de establecimientos de hostelería de las calles Mayor y San Marcial han expresado su malestar ante el cierre ordenado por el Ayuntamiento para el día 30 de junio, durante el transcurso de los Alardes de la mañana, en prevención de posibles altercados en la vía pública. Es el segundo año en que se aplicará dicha medida, que, de nuevo, ha molestado a los hosteleros, especialmente porque se adopta en tiempos de crisis.
«El alcalde pretende trasladar la obligación de garantizar la seguridad de las personas en la vía pública a unos humildes empresarios de hostelería que, a duras penas, podemos sobrevivir en la actual coyuntura económica y que hacemos grandes esfuerzos para mantener los puestos de trabajo que generamos», señalaba ayer Ángela Basabe, del bar-restaurante Gaztelumendi-Antxon.
«Nos obligan a cerrar el día 30 que, para nosotros, es el mejor día del año. El año pasado ocurrió lo mismo y claudicamos, pero esta vez no lo vamos hacer. Defenderemos nuestros derechos e indirectamente también los de nuestros clientes. A fecha de hoy», añadió Basabe, «todavía no hemos recibido contestación al recurso de reposición contra el decreto del año pasado, y nos han dado como respuesta un silencio que no se puede considerar como respetuoso, sino todo lo contrario».
Ángela Basabe se hacía cargo de la situación que se crea el 30 de junio. «Todos conocemos la existencia de dos sensibilidades sobre cómo vivir las fiestas. Durante todo este tiempo han ocurrido hechos lamentables, situaciones desagradables y de riesgo, pero eso es agua pasada. Desde hace tiempo, no ha existido ningún tipo de problema de especial gravedad», decía.
La responsable del bar-restaurante Gaztelumendi-Antxon se mostraba dispuesta a cooperar. «Entendemos que nos pidan colaboración, como por ejemplo que sirvamos las bebidas en vasos de plástico, por higiene y para evitar posibles daños a terceros por roturas de vidrio en la vía pública, pero de solicitar una cooperación a obligarnos a cerrar, hay un abismo».
En opinión de Basabe, la seguridad ciudadana es competencia de la Ertzaintza, «que deberá tomar las medidas que crea necesarias para garantizar que no ocurra nada en la vía pública y los hosteleros, por nuestra parte, tendremos que garantizar la seguridad en el interior de nuestros establecimientos. En otras ocasiones, esto ha sido así. Cada persona ha decidido realizar la actividad que ha considerado oportuna y la Ertzaintza ha realizado su trabajo, sin problemas de gravedad».
La empresaria de hostelería no entiende la medida adoptada en Irun «cuando en la Parte Vieja de Donostia o recientemente en Bilbao ha habido graves problemas de seguridad ciudadana y nunca se ha decidido cerrar los bares».
Ante esta situación, la hostelera pedía «el apoyo de la ciudadanía de Irun «ante la actitud del gestor del Ayuntamiento», que considera «fuera de toda lógica, ya que desplaza el problema de la seguridad ciudadana a los demás, interfiriendo en sus derechos y tratando de manera injusta a los bares de las calles Mayor y San Marcial».