10 diciembre 201501:04
El área de Urbanismo del Ayuntamiento respondió ayer las declaraciones de los vecinos del número 9 de calle Korrokoitz, que solicitaban cierta «deferencia» al Ayuntamiento por su responsabilidad en que el plan urbanístico previsto no se haya desarrollado, ya que, ahora, un problema en la estructura les lleva a perder su vivienda y los derechos futuros. Le achacan que aprobó el Plan Especial del ámbito en 2008 y el Plan de Actuación Urbanizadora en 2009, pero ni firmó el convenio con los promotores ni forzó la activación del desarrollo del ámbito.
«Es un problema privado», señalaba el consistorio. «El Ayuntamiento ha intervenido con una declaración de ruina a instancia de los propios propietarios y motivada por la peligrosidad generada en la estructura muy seriamente afectada por termitas». Desde Urbanismo se ha propuesto a los vecinos, en lugar del derribo, la opción de «rehabilitar el inmueble». Resultaría «muy costoso, pero con garantías de mantener el edificio en pie» devolviéndoles la posibilidad de realojo «en el momento en que se ponga en marcha el ámbito que afecta al edificio y por el que está fuera de ordenación». El delegado del área, Xabier Iridoy, recordó que «oficialmente», el edificio está en esa condición «desde 2008».
Sujeto a la legalidad
El Ayuntamiento incide en que «más allá de máximos o mínimos a los que se refieren los vecinos», se mueve «en el ámbito de lo legal y lo ilegal, de lo que corresponde o no como administración y de los límites que marca la Ley. Cualquier excepcionalidad entra dentro de lo ilegal. El Ayuntamiento no puede moverse por criterios subjetivos, menos en asuntos económicos como compras de suelos o ayudas a particulares».
Sin embargo, las fuentes municipales aclararon que «se ha tomado conciencia del problema desde el primer momento» y «mantenido encuentros con propietarios e inquilinos para dar soluciones según sus situaciones económicas y de propiedad y derechos». Así, «los inquilinos de la segunda planta no son propietarios y están a la espera de recibir en febrero una VPO. Tras analizar su situación económica no les corresponden ayudas de emergencia ni de ningún tipo». Desde Bienestar Social, el delegado Sergio Corchón apuntó que «a los propietarios de la primera planta se les darán las ayudas al alquiler que les corresponden» y añadió, sin especificar cuáles, que percibirán «otras aportaciones en función de su situación económica y como complemento y ayuda a la necesidad de desalojo de su casa».
«En ambos casos», afirman desde el Ayuntamiento, «hace días que no se tienen noticias». El último contacto fue «el 25 de noviembre» cuando la pareja de personas mayores del primero confirmó al consistorio que el día 30 desalojaría su casa.
