Servicios de Txingudi eleva su presupuesto a 23,4 millones

La Asamblea de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi aprobó ayer un presupuesto de 23.466.140 euros para 2016 con los votos de los representantes de PSE y EAJ-PNV de Irun y Hondarribia y el solo voto en contra de Abots Anitz.

José María Gorrotxategi, del departamento financiero de la empresa pública, ofreció a los miembros de la Asamblea el detalle de las cuentas propuestas en las que destaca la capacidad financiera de 2,54 millones para inversiones. La práctica totalidad deriva de su capacidad de ahorro neto y sólo 138.000 euros de subvenciones de los ayuntamientos. Destacan, por volumen, los 350.000 euros para renovar el depósito de Iparraguirre bajo y los más de 800.000 para acompañar con renovación de infraestructuras diversas reurbanizaciones. Con un coste mucho menor, merece mención la implantación de la telelectura de contadores en las zonas rurales de Irun y Hondarribia para alcanzar el 100% de cobertura en la comarca.

Además de para aprobar los presupuestos del proximo ejercicio, la asamblea sirvió para conocer el desarrollo de la propuesta de modificación de estatutos que pretende la Mancomunidad de Servicios de Txingudi al objeto de garantizar la representación de todos los grupos políticos presentes en las Corporaciones de Irun y Hondarribia.

La opción prioritaria es la del voto ponderado. De esta manera, los representantes (de 10 a 14) se distribuirían proporcinalmente 100 votos, primero en un reparto 80-20 entre ambos municipios y después en proporción a la representación plenaria de cada grupo. Según explicaron técnicos de Servicios de Txingudi, la jurispridencia ya ha evidenciado que este sistema no es válido para, por ejemplo, Comisiones informativas, pero no está claro si podría serlo en una mancomunidad. Por eso, la propuesta se está contrastando con la Diputación de Gipuzkoa. «En cuanto nos den el visto bueno, traeremos la propuesta a la Asamblea para aprobarla», señaló el presidente de la Mancomunidad de Txingudi, José Antonio Santano. «Si Diputación no la acepta, hay un 'plan B': una Asamblea de 25 miembros».