El área municipal de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana ha anunciado que el próximo jueves, día 26 de abril, tendrá lugar la cuarta sesión de la iniciativa 'El alcalde en los barrios'. En esta ocasión, la cita será a las 19.30 horas en las instalaciones que dispone la Asociación de Vecinos de Behobia (Endarlaza Ibilbidea,6) y están invitados a participar todos los vecinos del barrio fronterizo.

Tras los encuentros que ya ha mantenido en Larreaundi, Artía y Belaskoenea, el primer edil irunés, José Antonio Santano, se reunirá esta vez con los vecinos de Behobia para escuchar sus ideas, preocupaciones y opiniones sobre el barrio y la ciudad.

El delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, Pedro Alegre, recordaba ayer que esta iniciativa «surge del compromiso del alcalde para reunirse con vecinos de la ciudad y escuchar sus ideas, tal y como se recoge en el punto séptimo del Decálogo que favorece la Ética Municipal».

Alegre explicó igualmente que, para todas aquellas personas que no puedan asistir al encuentro del próximo jueves, existe la posibilidad, como en otras ocasiones, de enviar las propuestas correspondientes a través de un pequeño formulario habilitado en la página web municipal, bajo el apartado de la iniciativa 'El Alcalde en los barrios'. En esta misma sección se pueden encontrar los resultados de las reuniones mantenidas en las sesiones anteriores, así como los compromisos adquiridos por el Gobierno Municipal tras cada uno de los encuentros. En la misma línea, después de analizar lo que salga del encuentro vecinal del próximo jueves y de lo que se reciba por vía telemática, las conclusiones y los compromisos relativos a Behobia se incorporarán también a la web.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado «improcedentes» los despidos de los tres trabajadores de la OTA de Irun, ratificando así la sentencia del Juzgado de lo Social-2 de San Sebastián, dictada en noviembre de 2011. El TSJPV expone que la empresa «disponía de otros recursos disciplinarios más gradualistas y proporcionales al acto cometido», señala el responsable comarcal de ELA, Pablo Garmendia. Asimismo, el TSJPV se refiere a las personas despedidas como «gente con elevada antigüedad y sin sanción alguna en su larga trayectoria profesional».

También el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado «excesiva», la medida tomada por Eyssa contra los tres trabajadores, por lo que se ratifica en la improcedencia de la misma. En cualquier caso, «tal y como está la Ley, aunque improcedente es sinónimo de injusto, sigue siendo potestad de la empresa optar por la indemnización o por la readmisión», añade Garmendia. Los tres trabajadores están «en manos de Eyssa, pero Eyssa, a su vez, está en manos de la Corporación irunesa, como detentadora del poder municipal frente a una empresa contratada para realizar no sólo un buen servicio, sino también para hacerlo con buenas prácticas en el terreno sociolaboral. Es obvio que esto, al menos en cuanto a la cuestión que nos ocupa, no está siendo así».

El sindicato ELA se ha dirigido a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Irun «para solicitarles que ejerzan su capacidad de presión ante Eyssa. Se trata de intentar corregir una tremenda injusticia cometida en un servicio público».

Aunque el problema de los despedidos es el más grave, el sindicato ELA vuelve a denunciar el hecho de que los trabajadores que secundaron la huelga siguen sin percibir «los atrasos correspondientes a los tres años de convenio extraestatutario. La empresa se limita a actualizarles el salario, en base al pacto citado, pero sin atrasos. Sobra decir que los no-huelguistas sí los han percibido».

ELA ha llevado a los tribunales este problema que afecta a casi la mitad de la plantilla «y que en la importante subida que el Ayuntamiento otorgó a la empresa por supuestos IPCs pasados estaba incluido este apartado».