DONOSTIA. La reunión del Consejo Vasco de Finanzas ayer constató la difícil situación económica vivida durante 2011, que llevó a las tres diputaciones a conceder aplazamientos por valor de 550 millones de euros a sus contribuyentes, es decir, a particulares y empresas que sufrieron las apreturas de la crisis. Se trata, según indicó el consejero de Economía, Carlos Aguirre, de un 20% más de la cantidad aplazada en 2010. Entonces fueron 460 millones.

Aguirre indicó que estas concesiones fueron "necesarias" y confió en que las modificaciones fiscales aprobadas a finales de 2011 por las diputaciones -la más importante en Gi-puzkoa-, permita equilibrar el balance de ingresos y gastos de las administraciones en 2012, algo que no pudo ser el pasado ejercicio. La caída recaudatoria en Gipuzkoa fue del 2,3% respecto a 2010, cuando se recaudaron 3.596 millones -84,5 menos-. Aunque fueron 344 menos de los previstos a inicios de 2011 (3.940 millones), el desvío fue de 91 millones sobre los que se esperaba el pasado octubre (3.688 millones), cuando la recaída económica era ya evidente y la previsión se reajustó a la baja.

El Ejecutivo vasco y las diputaciones aprobaron la liquidación de 2011 en un escenario de cierta tensión, marcada por el debate político en torno a las cuentas del Gobierno Vasco y su solvencia. Y en esta guerra, la batalla que enfrenta al Gobierno Vasco con la Diputación de Bizkaia es la más enconada.

Sí compartieron, sin embargo, los ejecutivos forales y vasco, el mal balance de 2011. Aunque por aquello de buscar algún elemento para la esperanza, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, explicó que, descontados los efectos de la sentencia adversa del caso Rover y de los contenciosos con el Estado sobre las liquidaciones del Cupo, la recaudación aumentó un 3,3% sobre 2010.

La reunión sirvió para constatar que en 2011 las arcas forales recaudaron 11.480 millones de euros, 1.020 millones de euros menos que lo que este mismo órgano previó en octubre de 2010, en un nivel recaudatorio de 2005-06. Un desfase que Aguirre explicó por la coyuntura de recuperación que entonces se dibujaba para 2011 y por la confianza en que se resolvieran favorablemente los contenciosos con el Estado en torno al caso Rover y la liquidación del Cupo.

De este modo, y según los coeficientes de aportación, Araba deberá abonar al Gobierno Vasco 1.328 millones de euros, Bizkaia 3.975 millones y Gipuzkoa 2.612. Asimismo, la Diputación de Gipuzkoa recibirá 69,8 millones del Fondo General de Ajuste y Araba, los 34,5 restantes.

La pregunta ahora es, asumida la situación: ¿Y ahora qué? Aguirre habló de un "escenario razonablemente equilibrado" para 2012, en cuyas previsiones recaudatorias -se mantienen los 12.217 millones fijados en octubre pasado- incidirán modificaciones fiscales como la recuperación del Impuesto de Patrimonio.

No trató el Consejo ninguna medida adicional de recorte de gasto ni de incremento de ingresos, como la propuesta de Lakua para implantar un céntimo sanitario sobre los carburantes, una cuestión que el consejero derivó al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Ahora bien, los tres diputados generales mostraron con más o menos énfasis su discrepancia con esta medida. Martin Garitano (Bildu), diputado general de Gipuzkoa (Bildu), dejó clara su "mirada muy crítica" con cualquier incremento de impuestos indirectos.

Presentes en la reunión también los ayuntamientos -sin voto-, cuya deuda con las diputaciones acumula 310 millones de euros en 2009-11, explicó la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, lo que supone un 25% de los ingresos municipales recibidos a través de los fondos forales de financiación.

Además, Aguirre anunció el inicio de las conversaciones para renovar la Ley de Aportaciones y que ha invitado a las diputaciones a participar en la negociación de la nueva Ley del Cupo y de las medidas de estabilidad presupuestaria.

DONOSTIA. El colectivo Stop Desahucios denunció ayer que cuatro de cada cien viviendas están vacías en Gipuzkoa, lo que en Donostia se traduce a un total de 2.783 pisos sin ocupar, mientras 8.000 familias están demandado una vivienda en el territorio.

En una rueda de prensa celebrada conjuntamente con miembros de la plataforma Kepasakonlakasa, presentaron un censo de vivienda vacía en Gipuzkoa, elaborado tras "vigilar día y noche bloques de más de diez viviendas durante una semana o más, hablar con los vecinos y entrar, si se puede", contaron.

Después de comprobar que en una muestra de quince edificios de Donostia la suma de viviendas vacías ascendía "hasta las 400-500", miembros de estas plataformas solicitaron a distintas entidades, bancos y promotores "que están detrás de todo este censo de viviendas" que tengan "buena voluntad" y que, antes de que finalice el mes de marzo, "empiecen a activar su patrimonio y a poner en alquiler viviendas u oficinas que podrían habilitarse como viviendas", apuntaron.

De la misma forma, se mostraron esperanzados en que el Gobierno municipal active un plan para dar uso a todas esas viviendas vacías. Para ello, han enviado a las distintas fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Donostia el censo de viviendas vacías para que "tomen nota y empiecen a dar una salida al tema".

"Ya con el anterior Gobierno municipal llevamos a cabo una serie de gestiones y, de alguna manera, constatamos que había un cierto acuerdo que no se ha puesto en práctica. Por ello, entendemos que en la nueva realidad política del actual Gobierno municipal no tendría que haber grandes dificultades para dar salida a todo este conjunto de viviendas vacías y, fundamentalmente, a los casos que consideramos más urgentes".

En esta línea, valoraron la iniciativa del Gobierno Vasco, que la pasada semana comenzó una ronda de contactos con los bancos, de impulsar un programa de mediación para evitar desahucios. "No tenemos el resultado de esas reuniones, lo que sí que nos parece, de entrada, es que se trata de un pasito positivo, aunque estamos pendientes de qué resultados y de qué respuesta van a dar las entidades financieras", señalaron. "Por una parte, pensamos que es un avance, porque, por lo menos, se han sentado a hablar, pero como no conocemos el resultado de las reuniones no podemos valorar nada más", añadieron.

CRÍTICAS A LOS BANCOS Los representantes de ambos colectivos criticaron severamente la actitud de bancos y entidades financieras, a los que acusaron de mantener una posición "intransigente y usurera" con las familias que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Denunciaron que estas entidades "no tienen ninguna voluntad para dar soluciones a sus clientes" y señalaron que es necesario implantar otras alternativas, como "las moratorias en las ejecuciones hipotecarias, el realquiler social de las familias o la dación en pago".

Del mismo modo, trasladaron sus críticas al juzgado de primera instancia número 8 de Donostia, que "sistemáticamente está vulnerando el derecho de estas familias, puesto que se niega a suspender los procedimientos cuando se solicita la justicia gratuita hasta la asignación de un abogado y un procurador que les represente, ordenando continuar el proceso, hasta el punto de señalar una fecha para que la familia abandone el domicilio", aseveraron.

Finalmente, recordaron el caso de la vecina de Errenteria Mari Carmen Vázquez, quien tras haber perdido dos viviendas, una en Errenteria y otra en Badajoz, este mes se enfrenta al desahucio de sus progenitores, en Beraun. "Los padres de Mari Carmen tienen hasta el 7 de marzo para abandonar voluntariamente la vivienda. Si no la abandonan, el juzgado emitirá una nueva resolución indicando día y fecha para el desahucio", contaron.

Sin embargo, el de Mari Carmen no es el único caso que están tratando en Stop Desahucios, que denunció que cada día una familia se ve obligada a abandonar su vivienda por la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca.

"Ahora mismo estamos llevando unos siete casos y en los últimos dos meses nos habrán llegado dos o tres casos nuevos", informaron a ese respecto.