La clemencia que han pedido los ayuntamientos guipuzcoanos para que la Hacienda foral les flexibilice el pago de los 85 millones que este año deberán devolver al no cumplirse las previsiones de ingresos no tiene respuesta. Al menos, de momento. Fuentes de la Diputación confirmaron ayer a este periódico que el fisco se mantiene firme en su decisión de que los consistorios paguen la factura íntegra este año, sin posibilidad de, como ocurrió en 2009, fraccionar el pago en varios años. Así, los 88 ayuntamientos guipuzcoanos deberán pagar ya el próximo mes el 50% del total, mientras que el resto se negociará caso por caso. Pero siempre, en 2012.
La Diputación no quiere quedar como la mala de la película. Su resistencia a flexibilizar la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal -la parte de la recaudación que los ayuntamientos reciben por anticipado en base a las previsiones de ingresos- no es una actitud de capricho. Así, asegura que hacer frente a los intereses que ello conllevaría le supone una rémora que en estos momentos, con el remanente y su capacidad de endeudamiento muy limitada, le es muy difícil asumir.
Además, históricamente el fisco siempre ha defendido ver la fotografía completa. El fondo foral es un sistema de riesgo compartido. En época de vacas gordas, cuando la recaudación desbordaba las arcas forales, los ayuntamientos recibían a final de año una paga extra ya que las estimaciones, y por tanto, el dinero adelantado, se habían quedado cortos. «Entonces, nadie se quejaba», señala un conocedor de la materia consultado. «Ahora, en cambio, en época de vacas flacas, la situación se les vuelve en contra», apunta.
La Diputación se resiste también a que se le acuse de quedarse con los brazos cruzados. Recuerda que en los Presupuestos de 2012 se incluye el incremento del fondo foral de medio punto en 2012 y otro medio en 2013.
Diferente versión
Algunos consistorios, en cambio, lo ven bien diferente. Para empezar, apostillan que ese aumento de un punto en dos años supone apenas unos siete millones a repartir entre 88 municipios.
En segundo lugar, recuerdan que la elaboración de la previsiones de ingresos recae en las diputaciones y el Gobierno Vasco. «Si ellas fallan con tanta diferencia nosotros pagamos las consecuencias», indican fuentes municipales consultadas, que recuerdan de paso que, en el Consejo Vasco de Finanzas -el órgano que regula el flujo de ingresos- apenas son «testigos mudos sin derecho a voto».
Más allá de los aspectos formales, algunos municipios dudan de los argumentos que esgrime Hacienda para negarse a aplazar el pago del desfase recaudatorio. «Si la Diputación, con un Presupuestos de 700 millones, dice que no tiene capacidad para afrontar los intereses de un aplazamiento, qué vamos a decir nosotros, con unas cuentas mucha más reducidas y mucho menos margen de maniobra», señalan.
Así, vuelven a tirar de hemeretoca, regresando el calendario a 2009. Entonces, la Diputación que gobernaban PNV y Hamaikabat permitió que los consistorios pudieran pagar los 99 millones de desfase en tres plazos (2011, 2012 y 2013) y sin intereses.
Ironías del destino, ese aplazamiento ha provocado que los casi 52 millones de desfase con el que cerrará el fondo foral de 2011 se eleven a 85 al sumarles el segundo plazo (33 millones) de la liquidación de 2009, un roto de proporciones mayúsculas en los presupuestos municipales que obligará tirar de tijera. En Donostia, donde gobierna Bildu, la factura total a devolver este año se eleva a 23 millones de euros.
Cambio de modelo
Pero el problema es doble. Si los 406 milones que los ayuntamientos ingresaron por adelantado en 2011 se han quedado finalmente en 355, nadie confía ya en la estimación de 396 millones ultimada por la Diputación para 2012, máxime cuando la recesión parece ya casi una evidencia.
La total dependencia de la Diputación -no solo para saber los ingresos previstos, sino como tutela financiera- tampoco empieza a gustar a algunos responsables municipales. El propio delegado de Hacienda de Donostia, Jabier Vitoria, cargó el domingo en este periódico contra el modelo vigente. «El gasto corriente debe estar supeditado al ingreso corriente y no a la expectativa de ingresos», remarcó. En su opinión, los ayuntamientos «requieren de una autonomía financiera que el sistema actual de financiación, con la política de riesgo compartido, no garantiza». El responsable de las finanzas donostiarras cree que «el sistema de financiación municipal debe ser revisado de forma urgente» y advierte de que «este modelo no es el de Bildu. Los ayuntamientos tienen mayoría de edad suficiente para no tener que andar tutelados», advierte. Preguntados por esta cuestión, fuentes forales señalaron ayer estar estudiando el tema.
Sea con un modelo u otro, lo cierto es que cuatro años después del comienzo de la crisis, el fondo foral sigue en niveles de 2005 y a la altura del dramático 2009, cuando el tsunami económico impactó de lleno en Euskadi.
ECONOMÍA
Ve necesario que expliquen los efectos que el pago del fondo foral puede provocar sobre su situación financiera
El PSE solicitó ayer la comparecencia urgente en el Parlamento guipuzcoano de una representación de alcaldes del territorio para que expliquen «la situación financiera a la que pueden verse abocados» tras elevarse casi un 54% la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal.
Los socialistas presentaron ayer una iniciativa ante la mesa de las Juntas Generales para que la comisión de Hacienda «organice con carácter de urgencia» la comparecencia de los alcaldes, cuya representación, propone el PSE, debe ser designada por la Comisión Territorial de Gipuzkoa de Eudel (Asociación de Municipios Vascos).
El PSE destaca que la comparecencia debería producirse antes de que a mediados de febrero el Consejo Vasco de Finanzas cierre definitivamente la recaudación de 2011 y, por tanto, el fondo foral que corresponde a los ayuntamientos.
El PSE se ha mostrado especialmente incisivo en este tema. «Bildu va a llevar al colapso financiero a muchos ayuntamientos guipuzcoanos por su negativa a aplazar y fraccionar la deuda con la Diputación», subraya la portavoz del PSE en las Juntas Generales, Rafaela Romero, que alerta de que el volumen a devolver en 2012 «va a ser imposible de cumplir por muchos ayuntamientos del territorio».
