En la consulta de Natalia Azanza, médico odontopediatra del centro de salud Itsas Etxea de Hondarribia, se escucha la banda sonora de 'El Rey León'. Un portalápices con forma de muela de dinosaurio (por lo menos) preside la mesa. En el centro, a la altura de los ojos de cualquier niño sentado frente a la dentista, el cosmonauta Buzz Lightyear, Mr. Increíble y el robot Wall-e conforman una alegre barricada de colores. Varios puzzles y cuentos completan un decorado que consigue distraer la atención, frente a pinzas, tornos, exploradores dentales y otros instrumentos de aspecto amenazante.

«Hay que procurar que se sientan en un entorno amigable, que no se asusten, que estén tranquilos», dice la doctora, acostumbrada a tratar con pacientes que todavía conservan los dientes de leche.

La consulta atendida por Natalia Azanza y por la higienista Karmele Montejo es una de las 30 de la comarca del Bidasoa que llevan a cabo Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI), puesto en marcha por Osakidetza, con la colaboración de los centros de salud y de un extenso cuadro de dentistas concertados. «Es un programa del departamento de Salud del Gobeirno Vasco que lleva en funcionamiento desde el año 1990 y que ofrece atención dental gratuita a todos los niños empadronados en la Comunidad Autónoma Vasca que tienen entre 7 y 15 años», explica la doctora.

Algunas dudas

Con un presupuesto que ronda los 6 millones de euros para una población aproximada de 190.000 niños, el PADI funciona a través de unos talones que son enviados a los domicilios de los chavales. «Esos talones van acompañados de una lista de dentistas», añade Natalia Azanza. «En esa lista, pueden encontrar hasta 1.000 dentistas privados, concertados con el Gobierno Vasco y otros 40 que trabajamos en los ambulatorios. En el caso de la comarca del Bidasoa, son 30 dentistas (uno en centro de salud y 29 en consultas privadas) los que participan en el programa. Todos ellos son profesionales muy preparados y acostumbrados a trabajar con niños».

Los padres pueden elegir al destista de su preferencia, «pero una vez han entregado el talón en una consulta, hasta el 31 de diciembre de ese año, tienen que acudir a ese mismo dentista para cualquier cosa que el niño necesite», aclara la médico de Itsas Etxea.

El PADI incluye todos los tratamientos necesarios en dentición permanente, «desde el tratamiento preventivo como el sellado de fisuras, hasta el tratamiento reparador como obturaciones, endodoncias, reconstrucciones...», explica Natalia Azanza. «En dientes de leche, el programa incluye la valoración y diagnóstico y las extracciones, si son necesarias».

Lo que no incluye el PADI es «ningún tipo de tratamiento ortodóncico, ni siquiera la radiofrafía que suelen solicitar los ortodoncistas. Tampoco incluye el tratamiento reparador en dentición de leche».

Desde su implantación, hace 27 años, el Programa de Atención Dental Infantil de Osakidetza, ha obtenido «un éxito rotundo», afirma la doctora. «Según el estudio epidemiológico que se hizo en 1990, cuando el programa se puso en marcha, el 82,2%, es decir 8 de cada 10 niños atendidos, tenía caries en dentición permanente. En el último estudio, que se realizó en 2008, un 62% de los niños no presentaba caries. Hemos pasado de 8 de cada 10 niños con caries a algo menos de 4 de cada 10. Es un éxito bastante grande».

A nivel internacional, «la caries se mide por el índice CAOD. Cuando se inició el programa, la CAV tenía un índice de 2,3. Eso significa que en una exploración de 100 niños de 12 años, encontramos 230 caries. Actualmente, el índice es de 0,52 (en 100 niños explorados encontramos 52 caries). Es uno de los índices más bajos del mundo». Pero la mejora en la salud dental infantil, no obedece sólo al programa PADI. «También hay que tener en cuenta la fluoración de las aguas, que se hizo en el año 88, el trabajo diario y constante de todos los pediatras de Osakidetza, que animan a los niños a acudir al PADI, y la colaboración de los padres».

Aunque los datos del PADI se valoran como muy positivos, «seguimos teniendo un problema», advierte Natalia Azanza. «La mayoría de la gente utiliza el programa, pero todavía hay un procentaje importante de población que no lo utiliza. En la CAV hemos alcanzado una cobertura del 66%, así que todavía nos quedan muchos niños por atender. Y a nivel de OSI Bidasoa, es todavía peor, porque aquí tenemos un índice de cobertura del 61%».

Plan de salud

El Plan de Salud del Gobierno Vasco 2013-2020, «se ha propuesto como objetivo que para el año 2020 el PADI alcance una cobertura del 75%, así que tenemos que animar a la gente a que utilice este programa. Tenemos que animarles a que vayan cada año a hacer las revisiones. Es muy importante decir esto, porque hay niños que van un año y luego no vuelven, o que no son constantes, año tras año, en sus revisiones».

A lo largo del mes de octubre, Osakidetza suele enviar un recordatorio del PADI a los domicilios de todos los niños que aún no han pasado por la consulta. «Sabemos que la vida es complicada, que nos falta tiempo para todo y que a veces se nos acaba el año sin haber llevado al niño al dentista. Pero es muy importante acudir cada año, aunque vean que el niño está bien», insiste la doctora. «Es importante porque se trata de un programa preventivo que procura detectar los problemas cuanto antes para que el daño sea muy pequeño. Es importante para que el niño llegue al final del programa con la boca sana».

La filosofía en cuanto al modelo de vivienda está cambiando. El alquiler, tan denostado hace no tanto, cuando parecía no sólo necesario sino muy recomendable comprar una casa, va ganando terreno. En muchos países europeos el concepto está mucho más desarrollado, mucho más asentado. Aquí, sin embargo, las ideas no están tan claras. Vivir en alquiler aún es difícil. La legislación cambia intentando subsanar las deficiencias, pero Acubi, la Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa, no deja de recibir a ciudadanos con problemas de todo tipo derivados de ser arrendatario. También llegan las quejas a Adiskidetuak, asociación que promueve la interculturalidad y ofrece asesoría jurídica a inmigrantes, porque éstos son un público especialmente vulnerable.

Así, Acubi decidió organizar esta semana un encuentro en el que abordar el tema de forma integral, desde sus múltiples perspectivas. Además de la abogada de Acubi, María Ángeles Martín y su secretaria, Belén Martínez, en labores de moderadora, intervinieron Rocío Calderón, de Adiskidetuak; José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa; Mila Holgado, jefa del Servicio de Atención Primaria del Ayuntamiento de Irun, y Aloña Zurutuza, trabajadora social de ese mismo servicio.

Cambios en la legislación

Fue Martín quien abrió la sesión para exponer, ante la treintena de interesados asistentes, los cambios en la legislación que afectan a arrendadores y arrendatarios. Su intervención aclaró de partida las dudas de muchos presentes. El plazo mínimo del contrato de alquiler que asiste al inquilino, salvo contadísimas excepciones, es de tres años más uno; el precio es libre y se pacta y el incremento anual se pacta igualmente, conforme al IPC u otro indicador, en una cuota fija o en cero. El inquilino no puede hacer obras sin permiso expreso. El arrendador no puede reclamarle que pague derramas de obras de comunidad (ocurre, aunque parezca mentira, y a veces bajo amenaza de expulsión). La fianza, de al menos una mensualidad, hay que depositarla en el Gobierno Vasco, aunque cabe exigir otro pago al que se llama garantía y ése lo custodia el propietario... «Yo soy muy reacio a que esas garantías supongan más adelanto de dinero por parte del inquilino», aseguraba Polo.

Lo cierto es que hay aspectos que no recoge la ley o que ésta deja al acuerdo entre las partes. También hay cuestiones que se dan completamente por hecho, pero tristemente, a la luz de la información que el propio Polo trasladó acompañada de ejemplos, forman parte del día a día en este mercado. «La vivienda que se alquila debe ser digna. Me he encontrado casas que no eran dignas. No digo que no estuvieran bien. Digo que no eran dignas. Casas en las que le hemos dicho al propietario que eso no se puede alquilar porque ahí no puede vivir nadie». Por ejemplo.

El presidente del colegio guipuzcoano de agentes de la propiedad inmobiliaria incidió con dureza en que su sector «está desregulado. Antes los agentes de la propiedad inmobiliaria eran un cuerpo, como los registradores de la propiedad o los notarios. Había que cumplir determinados requisitos, superar unas pruebas. Ya no. Desde 2010 cualquiera puede ejercer de agente inmobiliario. No hacen falta estudios ni exámenes. Ni siquiera se exige en ningún sitio saber leer ni escribir. Abres tu inmobiliaria y ya está».

A esto atribuía Polo las prácticas fraudulentas de algunas inmobiliarias que se mencionaron a lo largo de la sesión, sobre todo por parte Rocío Calderón. «Nos encontramos muchos casos en los que a una persona en la inmobiliaria le dicen que son expertos y que le van a ayudar con las ayudas sociales al alquiler del piso que quiere, pero que debe pagar un mes de alquiler por adelantado. Luego la persona se encuentra con que para ese piso no puede recibir ayudas y la inmobiliaria no le devuelve el dinero, sólo le ofrece elegir otro de sus pisos». Holgado explicó que las ayudas al alquiler están limitadas a pisos de «hasta 800 euros», por lo que aunque la inmobiliaria gestione bien la documentación de las ayudas, si el piso tiene una renta superior «es imposible que se apruebe». Otra denuncia de Calderón se refirió a las prohibiciones de empadronarse en pisos alquilados, «seguramente porque no se conceden ayudas a más de dos unidades familiares empadronadas en el mismo lugar», atribuyó Holgado. «El propietario no debería limitar el empadronamiento, pero es cierto que en Irun es una práctica habitual», admitió.

Por supuesto, la recuperación de fianzas y garantías son objeto de múltiples reclamaciones. «Si no está de acuerdo con la devolución que le han hecho o no le han devuelto nada, el inquilino debe reclamar», señaló la abogada de Acubi. «Hay que mirar cada caso porque cada circunstancia es distinta».

Aunque hubo de todo, la mayoría de las preguntas del público tuvo un enfoque de arrendador más que de arrendatario. Las respuestas aclararon muchas cosas. Por ejemplo, que el subarriendo es un derecho existente salvo que el contrato suscrito recoja expresamente la renuncia al mismo. También que la mayoría de impagos de renta no corresponde a inmigrantes.

Holgado quiso aclarar algunos «aspectos clave» sobre las ayudas. «A nadie le paga la vivienda el Ayuntamiento. Eso no es cierto. Las ayudas máximas son 250 euros», ya sean complemento del RGI para vivienda, AES o Ayudas Especiales (para gastos puntuales, no rentas). Para percibir algún subsidio asistencial municipal «es necesario estar empadronado en Irun y tener, además, la residencia efectiva en la ciudad». Ante reclamaciones de un arrendador por impagos de un arrendatario que percibe ayuda a la vivienda, ésta «se puede llegar a ingresar directamente al propietario». «Se tramitan muchísimas ayudas y en muy pocos casos se producen fraudes». Además del trabajo preventivo desde el propio área de Bienestar Social, «los fraudes se detectan gracias a la colaboración ciudadana y las actuaciones de Ertzaintza y Policía Local».